Leticia Rodriguez Rincon
Expediente 122/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Leticia Rodriguez Rincon
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2º, de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguense a los presentes autos el oficio y anexo registrado con el folio 5470 en el libro de correspondencia de este juzgado, a través del cual el Auxiliar Jurídico de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, remite copia certificada de la guía del envío del expediente laboral de su índice, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Constancias a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. En vista de lo anterior, y considerando que el principal acto reclamado en este asunto lo constituye la omisión y tardanza de remitir los autos del expediente laboral, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y advirtiéndose que durante la sustanciación del presente juicio de amparo, que el seis de marzo del presente año, se remitió el expediente, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se estima de ese modo, en razón de que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Por lo tanto, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa, ha cesado en sus efectos, pues al enviar la Junta responsable el expediente laboral, de su índice, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por ende, es obvio que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que dio motivo al presente juicio de amparo, reponiendo a dicha quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio con los actos combatidos; luego, resulta incuestionable que se restituyó a la accionante constitucional en el goce de las garantías que estimó vulneradas en su agravio. En esa tesitura, al haber cesado los efectos del acto reclamado por la quejosa la quejosa, por ende, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso dar vista a la quejosa con dichas constancias en términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio al derecho de audiencia de la parte quejosa, pues resulta obvio que su pretensión se le restituyó al haber enviado la Junta responsable el expediente laboral, de su índice, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al haberse restablecido las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado. Por tanto, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo del presente año.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguense a estos autos el oficio y anexo registrado con el folio 4574, en el libro de correspondencia de este Juzgado; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que se solicitó a la autoridad oficiante, y por exhibidas las constancias que agrega para apoyar su informe; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de tales constancias, al celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, como lo establecen los artículos 119 y 124, de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, 35, 37, 107, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 122/2017-1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se trámite el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con apoyo en el numeral 117 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación que deberá rendir en el término de quince días, contado a partir de aquél al en que quede legalmente notificada del presente proveído, prevenida que de no hacerlo así, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis. Dígase a la autoridad responsable que al rendir su informe justificado lo haga en estricto apego a lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediatamente, pues de no hacerlo, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, con relación al 64 y 238 de la Ley de Amparo. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, mediante oficio y anexándole copia simple de la demanda de garantías, lo anterior con apoyo en el último párrafo del numeral 5, fracción IV, del referido ordenamiento legal. En términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de la Materia, se tiene como autoridad responsable a la que señala la parte quejosa en su escrito de demanda. TERCEROS INTERESADOS Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado en este expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa, desde este momento se autoriza a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que dicha notificación sea practicada por medio de lista de acuerdos, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo; lo anterior, por tratarse de un asunto en materia laboral. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a la parte promovente imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a la parte quejosa el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el o los autorizados de la parte quejosa utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el juicio de amparo 122/2017-1. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. DIGITALIZACIÓN. De igual forma, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley las partes, que el presente asunto está clasificado como no reservado.
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