Leticia Rodríguez Reyes

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Leticia Rodríguez Reyes
  • Leticia Rodríguez Reyes y Otros.
  • Wilgen Pupo Pérez
  • Pedro Manuel Guerrero Casanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    1. SEPARACIÓN DE JUICIOS. En primer término, resulta dable invocar como hecho notorio la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.). Lo anterior ya que, de manera coincidente con la ejecutoria precitada, a fin de privilegiar los principios de acceso a la justicia y la impartición, tutela pronta, expedita y completa en este expediente, se estima que los actos reclamados en este juicio constitucional no guardan relación entre ellos por provenir de distintas autoridades responsables las que los emiten -como se explicará más adelante-, se procede a la separación de juicios. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.76/972, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Del anterior criterio se advierte que si existe la posibilidad de acumular juicios de amparo (a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí); lo cual se constata con el contenido del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; entonces, aplicado dicho precepto en sentido contrario, es procedente ordenar la separación de juicios cuando en uno mismo se reclamen a autoridades con naturaleza distinta, actos diversos uno de los otros; esto es que no tienen esa vinculación; lo anterior, con la finalidad de que se estudien en juicios por separado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se designaron como autoridades responsables y se señalaron como actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director y Dirección de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitencia de la Seguridad de México. 3. Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Subdirección y Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. Comité de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6.Jefe y Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnostico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciara de la Ciudad de México. 9. Subdirección Ejecutiva de SEGURIDAD DE Centros Penitenciarios de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 10. Subdirección Ejecutiva de Supervisión de Centros Penitenciarios de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 11. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 12. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 13. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 14. Secretaría de Gobernación. 15. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 16. Presidente de México. 17. Conapred. 18. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 19. Comisión Nacional de Derechos Humanos. -Tortura sicofísica y socioemocional. -Intimidación equiparada a tortura sicofísica y socioemocional. -Represalias por actos de molestia y perturbación del sueño. -Discriminación. -Actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital- Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. -Discriminación por condición. De lo expuesto se observa que los actos reclamados a las autoridades formalmente administrativas y administrativas penales, se encuentran desvinculados de aquellos atribuidos a los Jueces Federales, porque como son de diversa naturaleza, necesariamente son autónomos ya sea de naturaleza administrativa o jurisdiccional, circunstancia que impide el conocimiento integral de la demanda en los términos planteados, como se explicará enseguida. Quedó ilustrado en líneas anteriores que de las autoridades administrativas (primer cuadro), se reclaman actos que los promoventes del amparo consideran atentan contra la "libertad personal" de los quejosos directos, por derivar de la reclusión a que éstos se encuentran sujetos, como son: el traslado y la reubicación (fuera de procedimiento), de los cuales derivan los actos que señalan como de los prohibidos del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; así como las omisiones que reclaman. En cambio, debe destacarse que, en otra parte de las demandas (segundo cuadro), se acotó que de los diversos Jueces de Distrito señalados como autoridades responsables, se reclama exclusivamente la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. Señalamiento el cual permite advertir que dadas las funciones y actividad legalmente regulada de dichas autoridades por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y desde una óptica concreta de capacidad y potencialidad de accionar y afectación material realmente posible en relación con los acto específicamente a ellos atribuidos, resulta alejado o ajeno a la esfera jurídica de la parte quejosa y; por ende, al no advertir que los actos que reclama dependan unos de otros, precisamente por no derivar de un mismo hecho generador, ni incidir en cuestiones jurídicas que a su vez no dependen necesariamente una de la otra, entonces, resulta infactible la posible vinculación de causa efecto con los diversos actos que reclamó de las autoridades restantes, dado que no existe relación con la acción o ejecución de los mismos. Por tanto, bajo un criterio racional y en aras de una correcta administración de justicia, es dable establecer que al haberse reclamado en una sola demanda actos diversos unos de los otros y atribuírselos a autoridades con naturaleza distinta, lo procedente es ordenar la separación de los juicios. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis II.2o.P.28 K (10a.) que dispone: "INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos que respecto a su cualificación asignada por la ley necesariamente deban conocer de unos, un Tribunal Unitario de Circuito y, de otros, un Juzgado de Distrito, verbigracia, tratándose de un acto consistente en la reposición del procedimiento ordenada por un Tribunal Unitario y, como consecuencia de ello, sobrevino el dictado de un auto de formal prisión por el Juez de Distrito, porque son actos totalmente desvinculados entre sí; de ahí la razón de la separación de los actos de acuerdo con la competencia de cada una de las autoridades que conocen del juicio de amparo, sin que ello implique dividir la continencia de la causa". La presente separación tiene sustento en lo determinado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022, del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: La Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, determinó la separación de los juicios, al advertir, como ahora lo hace este juzgado, que en el escrito inicial de demanda, los actos reclamados a distintas autoridades señaladas como responsables, no guardan vínculo entre sí; por tanto, consideró idónea la escisión de la controversia y el análisis por cuerda separada cada reclamo. El referido Tribunal Colegiado determinó que el análisis integral y acucioso de la demanda de amparo permitía apreciar dos apartados tácitamente diferenciados por su contenido, tal como lo hizo la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien para diferenciarlos destacó en dos distintos recuadros los actos y autoridades, en atención a la naturaleza jurídica que revisten. Primero, se destacaron las autoridades denominadas como "formalmente administrativas y administrativas penales", y actos específicos reclamados -entre los que destacan, el traslado de los impetrantes a distinto centro de reclusión, la reubicación de dormitorio, cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, intimidación y represalias-. En el segundo, fueron anotadas las autoridades "jurisdiccionales federales" y actos atribuidos -violación al principio pro persona, inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y discriminación-. Como precisó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la distinción destacada, por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala no fue discrecional o arbitraria, sino correspondiente y congruente con el escrito inicial. El citado Tribunal Colegiado adujo que de manera acertada se determinó que cada uno de los aspectos planteados en la demanda, administrativo y jurisdiccional, era factible atenderlo por cuerda separada, sin afectar la continencia de la causa, porque implicaba emprender un estudio distinto, debido al ámbito de atribuciones de las autoridades señaladas como responsables y a la naturaleza intrínseca de los actos que en específico se les reclamó; además, ninguna referencia se tenía que derivaran del mismo hecho generador. Estableció que situación contraria sería, si un mismo acto lo reclaman los impetrantes a todas las autoridades responsables, en ese caso, identificadas como administrativas y jurisdiccionales; porque en ese supuesto, predominaba la eventual posibilidad de que, de alguna forma tuvieron injerencia en su emisión o ejecución, y por ello sería necesario abordar su estudio en el mismo asunto; lo que en el particular no aconteció; lo que dejó en evidencia de que los actos reclamados en la demanda no guardaban relación, ni dependían entre sí; por lo que conllevan a un análisis distinto, que era conveniente atender por separado. Concluyó que la escisión de la contienda, en el caso, permitiría privilegiar el acceso a la justicia, y la impartición, tutela pronta, expedita y completa en el expediente que se apertura a virtud de la separación indicada; por lo que lo manifestado en la demanda, resulta suficiente para advertir que es viable y preferible, el análisis individualizado e independiente de los actos reclamados, mediante la separación de juicios; estando a cargo del órgano de control constitucional competente, en cada caso, garantizar el trámite debido y la resolución de la controversia. Luego, a fin de que tales actos puedan analizarse a través de la instancia constitucional y por conducto de las autoridades competentes, se determina la separación de los actos en los términos precisados con antelación (cuadro uno y cuadro dos); procediéndose a emitir el pronunciamiento correspondiente. II. INCOMPETENCIA. En el caso se actualiza un motivo de incompetencia respecto de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director y Dirección de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitencia de la Seguridad de México. 3. Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Subdirección y Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. Comité de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6.Jefe y Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnostico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciara de la Ciudad de México. 9. Subdirección Ejecutiva de SEGURIDAD DE Centros Penitenciarios de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 10. Subdirección Ejecutiva de Supervisión de Centros Penitenciarios de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 11. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 12. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 13. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 14. Secretaría de Gobernación. 15. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 16. Presidente de México. 17. Conapred. 18. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 19. Comisión Nacional de Derechos Humanos. -Tortura sicofísica y socioemocional. -Intimidación equiparada a tortura sicofísica y socioemocional. -Represalias por actos de molestia y perturbación del sueño. -Discriminación. -Actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo Marco normativo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la disposición normativa transcrita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; dichas reglas para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior pauta, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Análisis del caso concreto. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un distrito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada, de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Pues bien, en el caso que nos ocupa, los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un distrito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado en la demanda de amparo, se pone de manifiesto que los promoventes no tienen noticia del lugar al que serán trasladados. En consecuencia, cobra aplicación la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. Al estar estrechamente vinculados y derivar de la posible orden de traslado en perjuicio de los quejosos, lo mismo acontece respecto de los actos restantes consistentes en: -Tortura sicofísica y socioemocional. -Intimidación equiparada a tortura sicofísica y socioemocional. -Represalias por actos de molestia y perturbación del sueño. -Discriminación. -Actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo En ese sentido, es posible arribar al convencimiento de que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Así es, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que, si los quejosos están recluidos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en ese lugar donde se ejecutan o donde tendrán ejecución los actos que se reclaman; en consecuencia, este juzgado DECLINA LA COMPETENCIA a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; por lo que se le solicita acuse de recibo correspondiente e informe a este juzgado si acepta o no la competencia declinada a su favor. Sin soslayar que los Juzgados de Distrito en Materia Penal fueron señalados como autoridades responsables, sin embargo, los actos por los que se declina competencia, no son atribuidos a dichas autoridades jurisdiccionales como se explicó al inicio de esta determinación. Decisión. De tal suerte, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; es competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, copia certificada del presente juicio de amparo 1214/2021-VII y sus acumulados, a efecto de que se encuentre en aptitud de resolver lo que conforme a derecho proceda. Solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. III. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Hecho Notorio Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), Décima Época, registro 2017123, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). , se tiene a la vista como hecho notorio la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en el recurso de queja 59/2022. De dicha ejecutoria, se advierte que, el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón promovió recurso de queja en contra del auto de once de abril de dos mil veintidós, dictado por la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en el cual desechó la demanda de amparo por los actos reclamados por el quejoso. Dicho Tribunal señaló que, la Juez Quinto de Distrito, desechó la demanda de amparo que promovió el citado quejoso respecto a los actos reclamados consistentes en coacción, intimidación y discriminación que se hicieron depender del eventual traslado y reubicación de dormitorios, así como restricción de la comunicación entre los mismos, violación al principio pro personal, inaplicación de criterios internaciones, el encubrimiento y omisiones de investigar delitos cometidos por servidores público y de suspenderlos, al estimar que se actualizan las causas de improcedencia relativas al principio de definitividad e instancia de parte agraviada, previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, ésta última en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la parte quejosa no agoto el recurso que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y, la demanda de amparo no contenía firma electrónica de los quejosos. En la referida determinación, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, estableció que, no causa perjuicio a la esfera jurídica de los quejosos que la juzgadora Federal considerara que, si éstos eligieron presentar la demanda en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y dicho escrito carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de sus promoventes, ello se tradujo en la falta de voluntad de éstos, de instar el juicio de amparo, pues conforme lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ello constituye un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia; además de que, los actos reclamados no comprenden alguno de los señalados por el artículo 15, de la Ley de Amparo y 22, de la Constitución Federal. Asimismo, precisó que, no era óbice a lo anterior que, los solicitantes de la protección constitucional indicaron, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran en la "Penitenciaria de la Ciudad de México" -privados de su libertad- y que refirieron que su demanda "No se requiere firma por pandemia COVID-19", pues era un hecho notorio, que a partir del siete de marzo de dos mil veintidós, en la Ciudad de México se estableció "semáforo verde", por lo cual a la fecha de presentación del escrito constitucional no se estaba en la hipótesis de contingencia sanitaria por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), por lo cual debía atenderse a la jurisprudencial P./J. 8/2019 (10ª), esto es que, la presentación de la demanda por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de "firma electrónica" (FIREL) de la parte quejosa. Finalmente, estableció que, no se desatendía que los quejosos si bien se encuentran en estado de vulnerabilidad al estar privados de su libertad; sin embargo, ello no los imposibilitaba a cumplir con el requisito de procedibilidad en comento, puesto que, tuvieron acceso a un equipo de cómputo y a la red de internet para enviar su demanda, tan es así que utilizaron el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Análisis de la demanda de amparo Respecto de los actos reclamados a los diversos jueces federales, este órgano jurisdiccional procede a analizar la demanda de amparo correspondiente tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinarlas para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Resulta dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cuadro fáctico. Toda vez que, de lo anterior, se advierte que se acordó la separación de juicios, respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos; siendo que, a este Juzgado, únicamente le corresponde conocer de los consistentes en: - Violación al principio pro persona. -Inaplicabilidad de criterios internacionales persona. -Discriminación por condición. En estas condiciones, del examen de las demandas de la que se provee, se advierte que las mismas se presentaron en línea y sin la firma electrónica correspondiente a Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Érick Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, misma que se considera necesaria, en atención a que los citados actos reclamados, no son actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad de los promoventes para solicitar amparo respecto de dichos actos. Calificación e hipótesis. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Marco Normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Érick Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro presentada en línea, no contiene la firma electrónica certificada, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, constitucional, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada; se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento criptográfico de identidad válido y vigente. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra. Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, cuando sean reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iníciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto del escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Máxime, que los actos por los cuales se sigue el presente asunto y que son atribuidos a autoridades de naturaleza jurisdiccional, no encuadran en las hipótesis previstas en la porción normativa 15 de la Ley de Amparo, o de los prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues como se dijo, los actos reclamados sustancialmente identificados como la violación al principio pro persona, inaplicabilidad de criterios internacionales y discriminación por condición, en realidad constituyen vicios de inconstitucionalidad, de manera que en realidad se tratan de afirmaciones vinculadas con los conceptos de violación; que en su caso, la autoridad que resuelva el fondo del asunto y que advierta violación manifiesta a dichos principios, podrá determinar lo conducente. Además, como lo precisó el Tribunal Colegiado en materia Penal del Noveno Circuito en ejecutoria dicada en el recurso de queja 59/2022, no es óbice a lo anterior que, los solicitantes de la protección constitucional indicaron, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran en la "Penitenciaria de la Ciudad de México" -privados de su libertad- y que refirieron que su demanda "No se requiere firma por pandemia COVID-19". Empero, lo cierto es que, es un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, que a partir del siete de marzo de dos mil veintidós, en la Ciudad de México se estableció "semáforo verde", por lo cual a la fecha de presentación de los escritos de demanda - veinte de noviembre de dos mil veintiuno- no se estaba en la hipótesis de contingencia sanitaria por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), por lo cual debía atenderse a la jurisprudencial P./J. 8/2019 (10ª), esto es que, la presentación de la demanda por medios electrónicos debe cumplir con el requisito de "firma electrónica" (FIREL) de la parte quejosa. Tampoco se desatiende que los quejosos si bien se encuentran en estado de vulnerabilidad al estar privados de su libertad; sin embargo, ello no los imposibilita a cumplir con el requisito de procedibilidad en comento, puesto que, tuvieron acceso a un equipo de cómputo y a la red de internet para enviar su demanda, tan es así que utilizaron el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de la boleta de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, donde se recibió inicialmente dicha demanda, en la que se estampó la leyenda: "Vía en Línea. Contingencia covid. Sin evidencia criptográfica." No obsta lo anterior que, en diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno los quejosos ratificaron la demanda de amparo, toda vez que, dado que dicha ratificación no puede tener el alcance de convalidar la voluntad de los quejosos de reclamar los actos que denominó como "Violación al principio pro persona" e "Inaplicación de criterios internacionales" en fecha posterior a su presentación - veinte de noviembre de dos mil veintiuno-. Lo anterior es así, ya que los referidos actos -que le competen conocer a este órgano jurisdiccional- no encuadran en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que la exigencia de que la demanda contenga firma electrónica al haber sido presentada por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no amerita prevención alguna como sucede ante la falta de firma de una demanda presentada de forma ordinaria. Por lo que, de aceptarse dicha ratificación para los referidos actos no encuadrados dentro del numeral 15 de la ley de la materia, implicaría que este juzgado de Distrito debería recibir cualquier demanda carente de firma y ordenar su ratificación a efecto de convalidar la posible voluntad del promovente; hipótesis que de aceptarse, a pesar de no encuadrar en los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo. Por tanto, de aceptarse dicha ratificación, se afectaría el interés público y social de que las instituciones encargadas de impartir justicia no sean sorprendidas en la buena fe con que actúan. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registro 2000620, que dice: "PERSONALIDAD DEL APODERADO DEL ACTOR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI ÉSTA SE OBJETA, DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RESPECTIVO AUN CUANDO AQUÉL ESTÉ PRESENTE Y RATIFIQUE LA FIRMA Y LAS ACTUACIONES EFECTUADAS EN SU NOMBRE. Los artículos 692 y 693 de la Ley Federal del Trabajo permiten la representación de las personas físicas en el procedimiento laboral, mediante carta poder otorgada ante 2 testigos; en ese contexto, cuando en el juicio se objeta por falsa la firma del actor otorgante, la autoridad que conozca del juicio debe dar trámite a la incidencia, aunque estuviere presente la persona física a la cual se le atribuya su otorgamiento y ésta ratifique la firma y las actuaciones efectuadas en su nombre; asimismo, debe admitir las pruebas que se ofrezcan para acreditar la objeción, porque de resultar falsa la firma objetada, esto repercutiría en la fecha de presentación de la demanda, pues para su validez es indispensable que quien se ostente como mandatario del actor, efectivamente lo sea, de manera que su actuación no podría convalidarse de manera retroactiva ni en el caso de haber sido ratificadas sus actuaciones, e incidiría en cuestiones atinentes a la prescripción de las acciones. Por tanto, de no darse trámite a la solicitud del objetante, la impugnación no cumpliría su finalidad, que no sólo es crear certeza jurídica de la personalidad o representación que genera el documento impugnado, sino también salvaguardar el interés público y social de que las instituciones encargadas de impartir justicia no sean sorprendidas en la buena fe con que actúan. Además, el reconocimiento de la firma que calza la ratificación de la demanda de amparo no es suficiente a efecto de determinar si fue voluntad o no de la parte quejosa ejercitar la acción de amparo en la vía elegida, toda vez que dicha circunstancia no atiende sólo al aspecto volitivo de los gobernados, sino que también se encuentra sujeto a un control procesal que involucra a las figuras de preclusión y consentimiento tácito. Por lo que, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, rompiendo así el equilibrio procesal entre las partes. Decisión. De modo que, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de no retardar la impartición de justicia, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos: Violación al principio pro persona. Inaplicación de criterios internacionales. Discriminación por condición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora (9:50 horas del 29-julio-2022) señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Se deja sin efecto audiencia incidentes de violación a la suspensión y exceso y defecto en el cumplimiento de la misma. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia señalada para la celebración del incidente de violación a la suspensión de plano y exceso y defecto en el cumplimiento de la misma, que promovió la parte quejosa (11:40 horas del 20 de julio de 2022). Notificación del presente acuerdo. En atención a que los promoventes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, conocido también como el Polígono de Santa Martha, ubicado en la Zona oriente, Avenida Ermita Iztapalapa en el Kilómetro 17.5, de la carretera a México a Puebla de Zaragoza; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho lugar, o bien agote todos los medios legales a su alcance para notificar la presente determinación a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Érick Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro. Para ello, se faculta al Juez exhortado para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. Quedando facultado el Juez exhortado para que dicte todos los acuerdos y acciones tendentes a la diligenciación del exhorto y, en su caso, agote los medios de apremio legales para llevar a cabo la encomienda correspondiente. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del titular de este órgano jurisdiccional, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del módulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se solicita asimismo la devolución de la comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que considere realizarlo vía correo ordinario. Agrega comunicación folio 17620. Por otra parte, glósese el oficio que remite la Titular de la Delegación San Luis Potosí del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló en el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, notificó al defensor público federal José Juan Chávez Godínez. Escrito folio 17518. Por otro lado, agréguese el escrito signado por Paula Abigail Duran Camargo Defensor Público adscrita a la Defensoría Pública de la Ciudad de México; al efecto se provee: Acepta cargo. Visto el escrito de que se trata se advierte la voluntad de Paula Abigail Duran Camargo de aceptar el cargo que como representante de los referidos quejosos; en tal virtud, se le tiene por aceptado y protestando el cargo otorgado en este juicio para representar a los promoventes del amparo. Domicilio Se tiene a la referida defensora por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Dese vista con el contenido del presente proveído a Paula Abigail Duran Camargo. Gira exhorto En atención a lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Circuito Javier Piña y Palacios S/S, colonia San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, código postal 16800, en la Ciudad de México y notifique a Paula Abigail Durán Camargo el presente acuerdo; asimismo, le haga entrega de la diligencia por medio del cual el quejoso promovió recurso de queja. Para ello, se faculta al juez exhortado para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional. Se remite comunicación oficial electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El exhorto de mérito remítase a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, sin que haya necesidad de solicitar al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía. Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas del suscrito y de la Secretaria que da fe de este acuerdo. En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del titular de este órgano jurisdiccional, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del módulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Glósese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación 24563/2022 con sus anexos, e informa que se admite el recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada ********************, el cual ha quedado registrado bajo el consecutivo ******************** de su índice.

  3. Principal

    Glósese la copia del oficio enviada por la Titular de la Delegación San Luis Potosí del Instituto Federal de Defensoría Pública, con su anexo, mediante el cual informa que se notificó a la asesora jurídica Fabiola Badillo el contenido del diverso 25016/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. Glosa ocursos. Agréguense los escritos que remite la asesora jurídica Fabiola Badillo, a quien se le designó como representante especial de la menor de edad con iniciales C.M.R.; en atención a sus contenidos se provee: Acepta cargo. De los escritos de que se trata se advierte la voluntad de Fabiola Badillo de aceptar el cargo conferido como representante especial de la menor de edad con iniciales C.M.R.; en tal virtud, se le tiene por aceptado el cargo otorgado en este juicio para representar a la menor antes citada. Autorizados. Téngase a la mencionada representante por autorizando para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Altamirano Miranda, Mayra Anel Rincón Arvizu, Saúl Vázquez Tovar, Ana Karina Reyna Rodríguez, Elda Sarahy Becerra Paredes y Jennifer Raya Rojas, quienes tienen cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco; así como únicamente para oír, recibir notificaciones, documentos y valores, consultar el expediente e imponerse de autos, a las restantes personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Expediente electrónico. Como lo solicita, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "Jurisjaimes1983", la consulta del expediente electrónico. En cuanto al diverso nombre de usuario que indica "licderacatlan", dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se autorizó la consulta del expediente electrónico con el referido nombre de usuario. Notificaciones vía electrónica. Asimismo, como lo pide la citada representante especial, se ordena que las notificaciones que a su parte corresponden se realicen por vía electrónica, por conducto de los usuarios "licderacatlan" y "Jurisjaimes1983".

  4. Principal

    Agréguese el oficio 7691/2022 que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 24173/2022 de la propia estadística, por el cual se remitió el expediente original del juicio de amparo 117/2022-IV, del cual deriva el presente cuaderno; asimismo, comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y de dicho Consejo, en contra de la sentencia dictada en el referido asunto, el cual ha quedado registrado bajo el amparo en revisión principal en materia administrativa 307/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Toda vez que no existen promociones pendientes por acordar ni actuaciones qué practicar, resérvese el presente cuaderno.

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