Leticia Rivera y Rivera

Expediente 1036/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1036/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Leticia Rivera y Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, advierto ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso, a los terceros interesados y a la fiscal adscrita, mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve foja 728 para manifestarse respecto del acto efectuado por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces procedo a determinar si fue cumplida la protección constitucional en específico revisaré si el acto realizado por la principal responsable obligada, se ajusta a los efectos del amparo otorgado. De entrada resalto que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve fojas 287 a 301 se terminó de engrosar la sentencia en la cual se negó el amparo en una parte, y en otra se le concedió al quejoso + Interpusieron revisión la tercera interesada + y el defensor particular del quejoso. Esos recursos correspondieron a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quienes dictaron una ejecutoria el quince de agosto de dos mil diecinueve fojas 401 a 516 en la cual modificaron la sentencia de este juzgado y otorgaron la protección constitucional. De ahí que la autoridad ordenadora, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, hubiera quedado obligado a cumplir los efectos siguientes ".a Deje insubsistente la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada en el proceso + por la que decreta auto de formal prisión a + y en su lugar pronuncie otra en la que reitere que en autos de ese proceso existen pruebas suficientes que demuestran el cuerpo de los delitos de usurpación de profesión y de responsabilidad médica, previstos y sancionados por los artículos 258, fracción II, 239, fracciones I y V y 243, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, así como la probable responsabilidad de + en su comisión. b Por otro lado, al ocuparse del estudio del cuerpo del delito de lesiones a título de culpa, siguiendo los lineamientos establecidos por el juez de Distrito en la sentencia recurrida considere inexistente el cuerpo del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción III, en relación con los diversos 14, 21, fracción I, 83, 88, fracciones II y IV y 89, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, por cuanto hace a la hipótesis de generar el debilitamiento o entorpecimiento permanente de ambos brazos de la agraviada. c De igual manera, siguiendo los lineamientos en la presente ejecutoria considere que no está acreditado el cuerpo de ese delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción III, en relación con los diversos 14, 21, fracción I, 83, 88, fracciones II y IV y 89, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en la hipótesis de debilitamiento o entorpecimiento permanente de ambas mamas de la agraviada ante su pérdida parcial y la pérdida total del complejo areola pezón de la mama derecha y del 80% del mismo complejo en la mama izquierda, todo ello con motivo de la infección que sufrió por la mala praxis de la cirugía de mamoplastia de reducción y la falta de cuidados debidos en la etapa posoperatoria, por no ubicarse esas hipótesis en la fracción III del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Puebla, y con libertad de jurisdicción proceda a reclasificar el indicado delito en alguna de las demás hipótesis legales que correspondan del mismo precepto legal, siempre que se sujete a los mimos hechos que fueron materia del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve fojas 517 a 519 se recibió la ejecutoria de la superioridad y se requirió a la autoridad responsable ordenadora que procediera al cumplimiento de la protección también se requirió por extensión a la autoridad ejecutora. Por oficio 3402 foja 526 la secretaria de acuerdos en funciones de Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, envió copia certificada de una resolución de situación jurídica emitida en el proceso penal + con la cual afirmó haber cumplido los términos de la protección. En acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve foja 615 se otorgó una vista de tres días al quejoso, a los terceros interesados y a la fiscal adscrita a este juzgado, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de la actuación realizada por la principal autoridad obligada. El diez de octubre del año en curso se detectó que lo actuado por el juez responsable era insuficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo; por tanto, lo requerí por segunda ocasión el debido cumplimiento de la sentencia. En acuerdo de veintiocho de octubre siguiente se recibió el oficio 4027 foja 641 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo Puebla, por medio del cual envió copia certificada de la nueva resolución que decide la situación jurídica del quejoso, en el proceso + con la cual afirmó haber cumplido los términos de la protección. En la misma data se otorgó una vista de tres días a las partes para manifestarse como a su interés conviniera respecto de la actuación realizada por la principal autoridad obligada. Ahora, las copias remitidas por el juez responsable tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un servidor público con facultades legales para autenticar documentos. De modo que puedo utilizarlas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Entonces procedo a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Considero que el juez responsable, emitió una nueva resolución de plazo constitucional, sin observar en forma exacta los lineamientos trazados para la protección, pues en los puntos resolutivos de su determinación reiteró la introducción de un delito ajeno a los hechos: usurpación de funciones. Bajo este contexto, debo estimar incumplida la protección constitucional otorgada, pues el nuevo acuerdo de formal prisión emitido el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, contiene imprecisiones trascendentes para la continuación del proceso + En particular, refiere un delito de usurpación de funciones que ninguna relación tiene con los hechos del citado proceso; y esa imprecisión, aun cuando se encuentre en los puntos resolutivos, pudo contaminar el estudio de fondo realizado al grado de generar incertidumbre en la exactitud del nuevo análisis realizado para los extremos de la formal prisión: cuerpo del delito y probable responsabilidad. Así, declaro incumplida la protección constitucional otorgada, motivo por el cual requiero de nuevo al Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, que en el plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio donde le sea notificado este acuerdo Realice un nuevo estudio de las constancias del proceso + y proceda a cumplir los lineamientos trazados para reparar las violaciones detectadas en la presente instancia constitucional. Lo cual obliga a dejar insubsistente el acuerdo de situación jurídica de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. De ahí será necesario que revise con detenimiento la ejecutoria dictada por la superioridad, frente a las constancias del citado proceso, a fin de que emita una nueva resolución en la cual anule la declarada ilegal en este juicio, y luego realice un estudio que le permita resolver con exactitud la situación jurídica del quejoso sin imprecisiones o errores en los hechos y en los delitos materia de la causa. Indico al juez responsable, que si omite cumplir lo anterior dentro del plazo otorgado y sin causa justificada, se le impondrá la multa con la cual fue apercibido desde el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por **, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados los siguientes: El haberse judicializado la carpeta de investigación *** y la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación. De entrada, por lo que hace al acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación, se advierte que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque el motivo de haberse determinado el ejercicio de la acción penal, quedaron consumados irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidir en tal procedimiento, sin afectarse la nueva situación jurídica (que en este caso atienda al hecho de haberse judicializado la carpeta de investigación). Ello atiende al hecho de que al haberse judicializado la carpeta de investigación instaurada en contra del quejoso, ello trajo como consecuencia haberse emitido la citación para la formulación de imputación, y quedó a disposición ante el juez de control. Además, dicha judicialización implica tal cambio de situación jurídica, en la medida que se considere que sólo podrá decidirse al respecto por el juez de control, ya que es esta autoridad la que conoce del mismo, no así el representante social de mérito. Por tanto, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada. Lo anterior, al atender a lo establecido en la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro IUS 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, materia común, visible en la página 219, cuyo rubro reza : "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL Así como los parámetros que contempla la siguiente tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, Tomo VIII, septiembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA". De igual manera, respecto de ese acto (judicialización de la mencionada carpeta de investigación) también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos en la Ley de Amparo. Esto es así, pues dado que la carpeta de investigación mencionada fue consignada y puesta a disposición de la autoridad judicial por virtud de su judicialización; es inconcuso que ese expediente ya no se sigue ante la Agente del Ministerio Público investigador señalado como responsable. Lo anterior implica que ante una eventual concesión del amparo solicitado sobre ese acto (judicialización de la carpeta de investigación) sería imposible concretar sus efectos, pues la misma ya no se sigue ante una autoridad ministerial. También resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación (judicialización de la investigación) y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Controla quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. De manera que en el actual sistema procesal de corte de acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación que deriva de la judicialización de la carpeta de investigación (ya sea por orden de captura o citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Tiene aplicación la siguiente tesis aislada II.2º.P.51 (10ª), libro 47, octubre de 2017, tomo IV del décimo época del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDIENTES Y PROCESALMENTE INDISENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la citación a la audiencia de formulación de imputación y ejecución, resulta evidente también la actualización de la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, prevista en la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo . Para explicar lo anterior, se toma en consideración que la regulación de la citación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra, y se formulará la imputación respectiva; lo anterior lo advierto de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por consiguiente la citación al quejoso para comparecer a la audiencia inicial y se le formule imputación, así como la ejecución de esa citación, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracciones XVII y XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las causas de improcedencia manifiestas e indudables. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada de ningún modo contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" . Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo, y se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Pero se tiene por autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas mencionadas en su demanda, pues el quejoso omitió otorgarles las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados los siguientes: El haberse judicializado la carpeta de investigación *** y la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación. De entrada, por lo que hace al acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación, se advierte que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque el motivo de haberse determinado el ejercicio de la acción penal, quedaron consumados irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidir en tal procedimiento, sin afectarse la nueva situación jurídica (que en este caso atienda al hecho de haberse judicializado la carpeta de investigación). Ello atiende al hecho de que al haberse judicializado la carpeta de investigación instaurada en contra del quejoso, ello trajo como consecuencia haberse emitido la citación para la formulación de imputación, y quedó a disposición ante el juez de control. Además, dicha judicialización implica tal cambio de situación jurídica, en la medida que se considere que sólo podrá decidirse al respecto por el juez de control, ya que es esta autoridad la que conoce del mismo, no así el representante social de mérito. Por tanto, se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada. Lo anterior, al atender a lo establecido en la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro IUS 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, materia común, visible en la página 219, cuyo rubro reza : "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL Así como los parámetros que contempla la siguiente tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, Tomo VIII, septiembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA". De igual manera, respecto de ese acto (judicialización de la mencionada carpeta de investigación) también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos en la Ley de Amparo. Esto es así, pues dado que la carpeta de investigación mencionada fue consignada y puesta a disposición de la autoridad judicial por virtud de su judicialización; es inconcuso que ese expediente ya no se sigue ante la Agente del Ministerio Público investigador señalado como responsable. Lo anterior implica que ante una eventual concesión del amparo solicitado sobre ese acto (judicialización de la carpeta de investigación) sería imposible concretar sus efectos, pues la misma ya no se sigue ante una autoridad ministerial. También resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación (judicialización de la investigación) y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Controla quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. De manera que en el actual sistema procesal de corte de acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación que deriva de la judicialización de la carpeta de investigación (ya sea por orden de captura o citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Tiene aplicación la siguiente tesis aislada II.2º.P.51 (10ª), libro 47, octubre de 2017, tomo IV del décimo época del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDIENTES Y PROCESALMENTE INDISENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la citación a la audiencia de formulación de imputación y ejecución, resulta evidente también la actualización de la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, prevista en la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo . Para explicar lo anterior, se toma en consideración que la regulación de la citación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra, y se formulará la imputación respectiva; lo anterior lo advierto de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por consiguiente la citación al quejoso para comparecer a la audiencia inicial y se le formule imputación, así como la ejecución de esa citación, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracciones XVII y XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las causas de improcedencia manifiestas e indudables. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada de ningún modo contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" . Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo, y se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Pero se tiene por autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas mencionadas en su demanda, pues el quejoso omitió otorgarles las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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