Leticia Quintero Pérez

Expediente 1435/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1435/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Leticia Quintero Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2°, como lo solicita expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores de este juzgado, teniendo como autorizadas a las personas que menciona para que en su nombre las reciban, previa identificación y razón que obre en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el contenido de los comunicados 27 y 28 de veinte y veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitidos por la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, agréguese a sus autos el escrito y anexo de cuenta, signado por el quejoso José Eduardo Téllez Espinoza, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente auto, exhiba seis copias de su escrito de expresión de agravios, lo anterior ya que sólo lo exhibió una copia con su escrito original; sin embargo, son necesarias siete copias, las cuales, deberán distribuirse de la siguiente manera, cuatro copia para la autoridad señalada como responsable, una para el tercero interesado, una para formar el expedientillo de revisión y una más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Superioridad, apercibida que de no dar cumplimiento a esta prevención dentro del término indicado para ello, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión hecho valer. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa Leticia Quintero Pérez, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables:  Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es:  La omisión de acordar lo conducente respecto al incidente de nulidad interpuesto por la parte aquí quejosa el quince de marzo de dos mil diecisiete, así como los escritos presentados ante la autoridad responsable los días diez y dieciocho de mayo, así como dos de junio, todos de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral de origen D-119/2015. Ahora bien, de las copias certificadas remitidas por el Tribunal responsable como apoyo a su informe de ley, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete emitió el acuerdo correspondiente relativo al incidente de nulidad planteado por la parte quejosa -y que fue motivo de los diversos escritos presentados el diez y dieciocho de mayo, así como dos de junio, todos de dos mil diecisiete- dentro del juicio laboral D-119/2015. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete se emitió el acuerdo correspondiente relativo al incidente de nulidad interpuesto por la parte quejosa dentro del juicio de origen, lo cual se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe de ley, y a las cueles se les concedió pleno valor probatorio en los término anteriormente indicados Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido el acuerdo correspondiente al incidente de nulidad interpuesto por la impetrante de amparo y con ello dar contestación a los escritos presentado ante aquélla el diez y dieciocho de mayo, así como dos de junio, todos de dos mil diecisiete, en los que se solicitó al Tribunal responsable proveer lo conducente respecto al incidente planteado en el juicio de origen, cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, en razón de que ante dicho pronunciamiento, las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, se vieron satisfecha en la medida en que el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete se pronunció con relación al incidente de nulidad interpuesto dentro de juicio laboral de origen D-119/2015. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" . En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Leticia Quintero Pérez reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiún minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable que lo suscribe, en tales condiciones, con el contenido del mismo, dese vista a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Por otra parte, téngase a la referida autoridad designando como delegados para oír y recibir notificaciones a las personas indicadas en el informe de cuenta, ello de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, a fin de que las partes se encuentren en aptitud de imponerse al contenido del informe justificado de mérito; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con veintiún minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J.21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 151, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. NOTIFÍQUESE.

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