Leticia Quezada Cano

Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
414/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Leticia Quezada Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de noviembre de dos ******************** veintitrés. Radicación. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copias simples de la demanda de derechos, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 414/2023-8-A, promovido por Leticia Quezada Canopor derecho propio contra actos de los Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y Director del Fondo Auxiliar adscrito a la Coordinación General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ambos del Estado de Hidalgo. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 12********************, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento de constancias. Se solicita a las autoridades responsables que en el caso de aceptar la existencia de los actos reclamados se sirvan hacer del conocimiento de este Juzgador la naturaleza, características y modalidades del ilícito que se les atribuye a los solicitantes de amparo, y la posibilidad de que se sustraigan de la acción de la justicia; de igual forma, indiquen los dispositivos legales que prevén y sancionan la conducta delictuosa de que se trata. Audiencia Incidental. Se señalan las diez horas con cinco minutos del cinco de diciembre de dos ******************** veintitrés para que tenga verificativo la audiencia incidental. Procedencia de la medida cautelar. Respecto del acto reclamado consistente en la multa impuesta en auto de veintisiete de febrero de dos ******************** veintitrés, en el expediente 83/2021, por la cantidad de $********************,********************.******************** (******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ********************/1******************** moneda nacional), se concede la suspensión definitiva, para el efecto que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, para que no se realice el cobro de la multa impuesta a través del procedimiento correspondiente o de alguna otra forma de recaudación por parte de la autoridad señalada como responsable; lo anterior, hasta en tanto sea notificada de la resolución que se dicte respecto a la suspensión definitiva; sin perjuicio de modificar esta medida cautelar una vez que se rindan los informes previos requeridos. Lo anterior encuentra sustento, toda vez que se actualizan los requisitos del artículo 128, 131, segundo párrafo y 147 de la Ley de Amparo, es decir que existe petición de la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público. Medidas de efectividad. Sin que se fije garantía alguna, en virtud de que dicho acto se debe a una determinación judicial dictada en un procedimiento jurisdiccional que no puede ocasionar daños y perjuicios a los derechos o patrimonio de las terceras interesadas, porque la relación deriva de una orden emitida por tal autoridad que se finca absolutamente entre autoridad y gobernado, pues aquélla pretende superar una resistencia injustificada de éste y, desde luego, tomando en consideración que las consecuencias de dicha medida, no trascienden a la esfera jurídica de terceras personas. Asimismo, cabe precisar que esta determinación no surte efectos respecto de actos posteriores a su solicitud o si proviene de una autoridad diversa de las señaladas como responsables. Tampoco los surtirá si las autoridades responsables actúan en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano jurisdiccional, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tienden a restablecer el orden constitucional violado (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo); pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que la violación de este mandato equivale a la comisión de la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Apercibimiento formulado de forma personal a la parte quejosa en caso de que las autoridades que señala como responsables resulten inexistentes o su denominación sea imprecisa. Este Juzgado de Distrito, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 202102********************, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa inadvertido que la parte quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, ya que esto constituye un requisito de su demanda. No obstante, en virtud de que la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal practicada a la parte impetrante, se ordena la misma en la presente determinación, en los términos siguientes: Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la notificación personal que se le ordena practicar en esta determinación, constituye la notificación personal a que alude el criterio jurisprudencial precitado, con lo que se garantiza que la misma se encontrará debidamente enterada de que, en el evento de que alguna de las autoridades que señaló como responsables resulte inexistente o su denominación resulta imprecisa, se le dará vista con dicha determinación a través de la notificación que le sea practicada por lista, con el apercibimiento de que si dentro del término que le sea concedido (tres días) omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, o no pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en su demanda, se tendrá la misma como inexistente y se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad. Lo que se provee en los términos apuntados, en aras de salvaguardar la celeridad en el trámite de este asunto y evitar actuaciones que dilaten su debida integración. En la inteligencia de que la notificación personal ordenada en el presente acuerdo, se encomienda desde el auto inicial a fin de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de subsanar o corregir los posibles errores en que incurra al denominar a las autoridades que señale como responsables; máxime que es obligación procesal de la parte quejosa consultar con regularidad los proveídos que se emitan a fin de que en caso se acontecer, subsane alguna de las imprecisiones anotadas, lo que puede realizar en forma directa a través de las listas y/o tableros que se publican en este Juzgado de Distrito, o vía electrónica a través del portal: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Notificación de la parte tercera interesada. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el numeral 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado a la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, al que, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento en cita, se ordena notificar esta y todas la determinaciones subsecuentes dentro del presente incidente por medio de oficio. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-1******************** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y, si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a las personas oficiales judiciales correspondientes, demás encargadas de la digitalización de constancias, y actuarias judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Finalmente, con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-1******************** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-1******************** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se requiere a las partes a efecto de que señalen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico para que se entablen comunicaciones no procesales. 8

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe resolución de impedimento. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y su anexo, y acúsese recibo. Hágase saber a las partes la llegada del testimonio de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el impedimento 6/2023, misma que en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es infundado, el presente impedimento planteado por Óscar García Vega, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo". Háganse las anotaciones en el libro de control y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión. En ese tenor, en acatamiento a lo ordenado por la alzada, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, contra actos del Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y Director del Fondo Auxiliar adscrito a la Coordinación General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ambos del Estado de Hidalgo. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veinticuatro para la celebración de dicha audiencia. Incidente de suspensión. Con fundamento en los preceptos 125 y 126 de la ley de la materia, tramítese el incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada. Intervención al agente del Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le compete a la Representación Social de la adscripción, cuya notificación deberá realizarse por lista, en términos del numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. Solicitud de informe justificado. Se ordena emplazar a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir su informe justificado en el plazo de quince días, en el entendido de que deberá precisar de forma clara, la existencia o inexistencia de los actos reclamados, indicando si es cierto o no, o bien, limitarse a manifestar de manera genérica "son ciertos" o "no son ciertos", apercibidas que de no hacerlo así, se tendrá por cierto y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. De conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el plazo de quince días, remita la constancia en copia debidamente certificada del expediente del cual emanan los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el juicio de derechos, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se los impida se les impondrá la medida de apremio señalada en el párrafo que antecede. Información clasificada. Ahora bien, en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos del artículo 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Requerimiento de causas de improcedencia y constancias que la acrediten. Por otra parte, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en caso de que ocurra una causa notoria de improcedencia o sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado, acompañando las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, de la Ley de Amparo. Notificación a la autoridad responsable (Juicio de Amparo). Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que, si las autoridades responsables se oponen a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el numeral 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado a la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, al que, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento en cita, se ordena emplazar y realizarle todas las notificaciones personales dentro del presente juicio por medio de oficio. 8

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de agosto de dos mil veintitrés. Admite impedimento. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el impedimento planteado por este órgano federal mediante auto de veinte de julio de dos mil veintitrés dictado en el juicio en que se actúa, radicándolo con el número de expediente 6/2023; de lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales conducentes. VIII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de julio de dos mil veintitrés. Resolución del recurso de queja. Agréguese el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja administrativa 124/2023, donde resolvió: «ÚNICO. SE DECLARA FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo en el amparo indirecto 414/2023-VIII.» En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto, únicamente con aquéllas constancias que obren en original, para un mejor manejo de este expediente. Acúsese recibo. Se plantea impedimento. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. En atención al mandato dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino que debe ser imparcial, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así, la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. En la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de imparcialidad -que consagra el artículo 17 de la Constitución General- es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores y consiste, en general, en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Igualmente, refirió que dicho principio presentaba dos dimensiones: a) Subjetiva: es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y, b) Objetiva: se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Dicho criterio puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 460, registro digital 160309; bajo el rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL." En ese sentido, objetivamente se podría presumir parcialidad si se tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones, a las cuales se encuentra vinculado por diversos factores, entre los que se prevén la fracción VII del artículo 51, artículo 52 y 55, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y (.)" "Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano." Los preceptos legales transcritos se refieren a los impedimentos de los ministros, magistrados, jueces de distrito y autoridades que conozcan de los juicios de amparo, respecto de aquellos asuntos en los que exista alguna causa que merme la imparcialidad que la Constitución exige para la resolución de los juicios que son de su competencia. Así, la persona juzgadora tiene el deber fundamental de tomar sus decisiones con base en la legislación aplicable y no rebasar los límites que las mismas le imponen a sus atribuciones. En ese sentido, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales en todo momento tienen el deber de sujetar su actuación a la ley, con la cual se brinda seguridad jurídica a las partes que someten sus controversias a la potestad del Estado; en la inteligencia de que, si bien su decisión jurídica favorecerá a una de las partes, ello no implica que deriven de sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de ellas. De conformidad con la norma invocada, el que suscribe se encuentra impedido para resolver el presente juicio de amparo, como titular de este órgano jurisdiccional, en virtud de que mantengo una relación de estrecha de amistad con el licenciado ********************, quien actúa en el presente juicio de amparo como autorizado para la consulta del expediente electrónico a través del usuario ********************, así como para la práctica de las notificaciones derivadas de este juico a través de dicho usuario. Es importante mencionar que, sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la contradicción de tesis número 4/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 36/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 105, que expresa: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada." En tal criterio, que, aun cuando fue emitido con base en la Ley de Amparo abrogada, es aplicable de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual legislación de la materia, que dispone que la jurisprudencia integrada conforme al ordenamiento anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al vigente, como acontece en la especie, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que, para calificar de legal la causa de impedimento por amistad estrecha o enemistad manifiesta, se debe valorar la manifestación expresa del juzgador en el sentido de que se ubica en dicho supuesto. Esto es, que la causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como juez goza, sino porque la manifestación que éste haga al respecto tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa realizada por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto en que se originó la excusa planteada. Cabe invocar en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia X.1o.34 K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1355, Novena Época, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA O ENEMISTAD MANIFIESTA. CORRESPONDE PLANTEARLO AL JUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y NO AL JUZGADO AL QUE PERTENECE. De acuerdo con la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, el impedimento por amistad estrecha o enemistad manifiesta debe plantearse cuando existe imposibilidad legal que atañe directamente a la persona física, concreta e individual, titular del órgano judicial federal, para conocer de determinado asunto, por lo que el juzgado no puede realizar dicha manifestación, pues es el Juez quien puede incurrir en la hipótesis planteada, al ser el funcionario encargado de ejercer la función jurisdiccional; luego, es sólo a dicho titular a quien pudiera atribuírsele la amistad estrecha o la enemistad manifiesta con alguna de las partes, de sus abogados o representantes y no al órgano jurisdiccional por ser una entidad abstracta." En otras palabras, para el caso de que el suscrito resolviera este asunto, podría presumirse que la determinación que recayera no tenga, en apariencia, la imparcialidad que me es exigible para el correcto desempeño de la función jurisdiccional encargada. Por tanto, tales circunstancias dan lugar a la figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17, constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial; en tanto que, el artículo 51, de la Ley de Amparo, prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal y una afectación del suscrito. En consecuencia, remítanse los autos en que se actúa, así como dos tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en Turno; para que conforme lo dispone el artículo 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, resuelva lo procedente sobre las consideraciones e impedimento que se manifiesta. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. VIII

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