Leticia Pérez Arce García
Expediente 1207/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leticia Pérez Arce García
- Ana Fabiola Nieto Perez Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Titular del Centro de Atención Integral en Sinaloa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual solicita los datos de contacto de la quejosa Leticia Pérez Arce. En atención a lo anterior, se informa que mediante auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo vicab357@hotmail.com, siendo éste el único medio de contacto con el que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Comisionada Estatal de Atención Integral a Victimas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que por error se recibió en esa Comisión el oficio 35538/2022 de veinte de diciembre de dos mil veintidós derivado del presente juicio de amparo, toda vez que el mismo se encuentra dirigido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual tiene su domicilio en avenida General Álvaro Obregón, número 1298, de esta ciudad (Edificio Austral Médica); en consecuencia, reexpídase el oficio de referencia a la dirección correcta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado de manera electrónica por el autorizado de las partes quejosas, mediante el cual solicitan se les reconozca el carácter de víctimas, así como que de dicha resolución sea notificada y emplazada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En atención a lo anterior, dado que en el procedimiento jurisdiccional de origen se investiga el posible estado de interdicción de Leticia Pérez Arce García, este juzgado de Distrito concedió la protección de la Justicia de la Unión al considerar inconstitucional el artículo 604 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa en cuanto determinan que aceptada la solicitud de interdicción, determinara el reconocimiento de incapacidad por dos médicos alienistas nombrados por el Juez; lo que a consideración de este Juzgado de Distrito veda al denunciado de manifestarse sobre su reconocimiento, así como intervenir y decidir en la designación de expertos que lo examinen; por lo que los efectos protectores fueron para que la quejosa se le otorgue oportunidad de manifestarse al respecto, intervenir en el procedimiento y decidir en torno a la designación de experto que la examine. Con base en lo anterior, en el acto reclamado fue víctima al violentarse sus derechos fundamentales. En tal consideración, con sustento en los artículos 1, 4 y 110, fracción III, de la Ley General de Victimas, se reconoce la calidad de víctima a la quejosa Leticia Pérez Arce García. La presente determinación notifíquese a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. . En complemento a lo anterior, de los artículos 1, 4 y 6 de Ley General de Víctimas se desprende, en términos generales, que la "víctima" será aquella persona que acredita un daño o menoscabo (económico, físico, mental, emocional) o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, con independencia de si la persona se encuentra en un proceso judicial o administrativo, ya sea por haber sido sujeto pasivo en un delito o por haber sido violados sus derechos humanos por alguna autoridad. Además, el artículo 110, fracción III, de la Ley General de Víctimas establece que el reconocimiento de la calidad de víctima para efectos de la ley relativa, se lleva a cabo, entre otros, a través de la determinación del Juez de amparo que tenga los elementos para acreditarlo, de lo que se obtiene que la Ley General de Víctimas advierte la competencia con que cuentan los juzgadores de amparo para reconocer, a través de sus determinaciones la calidad de víctima a la parte quejosa, exclusivamente cuando cuente con los elementos para acreditar esta circunstancia. De esta manera, la calidad de víctima no la adquiere la parte quejosa porque lo indique la Ley General de Víctimas, sino en virtud de lo que establecen tanto la Constitución General como la Ley de Amparo, ya que el juzgador constitucional cuenta con facultades y obligaciones para pronunciarse en torno a las transgresiones alegadas por la parte quejosa y, con base en ellas, determinar si ha sido víctima por violaciones a sus derechos humanos desde la función protectora del juicio de amparo; mientras que, a través de la Ley General de Víctimas, se reconoce a la sentencia judicial federal de amparo un valor relevante para sostener que la persona es víctima y a ser tratada, de ser el caso, como tal para los efectos correspondientes. Así, la sentencia estimativa de amparo tiene una doble función ya que por un lado, determina que la persona quejosa es víctima por la violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional y, por otro, concede el reconocimiento necesario para proceder en los términos y para los efectos que señale la Ley General de Víctimas, ya que en la resolución se expone y demuestra el daño o menoscabo sufrido, pero sin prejuzgar los efectos que darán las autoridades administrativas correspondientes ni las reparaciones a que habrá lugar, si la quejosa opta por acudir a las instancias que prevé dicha ley. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el tercero interesado Carlos Cesar Nieto Pérez Arce, por medio del cual solicita la devolución de la copia certificada de la escritura pública número 4030 (cuatro mil treinta) del volumen XIV (décimo cuarto) del protocolo del Notario Público Leopoldo Rodríguez Arvizu, documento que acompañó a su escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase al tercero interesado el documento que menciona en su escrito de cuenta, previa copia certificada que se deje agregada en el presente expediente para constancia, y toma de razón de recibido, y hágase entrega a la persona que menciona en su escrito.
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