Leticia Paulina Vega López

Expediente 116/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
116/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
  • Leticia Paulina Vega López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en La Piedad, Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del tomo de pruebas remitido; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y depúrese el original del incidente, el cual deberá y transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 116/2022, promovido por ********************por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 116/2022 y en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a ******************** y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio en sus trámites legales, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por los quejosos al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán, consiste en: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil ********************, que sobre revocación y nulidad de escrituras y otras prestaciones promovió ********************, frente a ********************, ********************, y ********************, del cual es tercera extraña. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que adjuntó a su informe justificado, consistente en el juicio ordinario civil ******************** [constante de un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Ahora, este Juzgado de Distrito estima, que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, a virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva de un procedimiento seguido ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán, en el que se demandó la revocación y nulidad de escrituras, respecto del 50% cincuenta por ciento de la casa ubicada en la ********************, bien inmueble que la parte quejosa aduce es propietaria en un 50%; por ende ésta debe acreditar el interés jurídico que tienen sobre el mismo, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la página 2040, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Materia Común, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501] que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, respecto a la persona extraña al juicio, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito es procedente contra actos dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 11/95, definió qué debe entenderse como persona extraña al juicio para efectos del juicio de amparo, entendida como aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. En apoyo a lo anterior, es de citar a jurisprudencia P./J. 7/98, consultable en el Tomo VII, Enero de 1998, página 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro digital: 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Bajo esa perspectiva, si la persona que se ostenta extraña al juicio estima que existe una afectación en su esfera jurídica (cúmulo de derechos reconocidos por la Constitución Federal) por un acto de autoridad, debe demostrar su interés jurídico fehacientemente, es decir, que es titular del derecho subjetivo que estima afectado por el acto de autoridad, para hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa no acredita que se afecte su interés jurídico, toda vez que por un lado, la parte alícuota del 50% cincuenta por ciento del que se ostenta como propietaria, no formó parte de la litis en el juicio ********************, de donde deriva el acto reclamado; y por otro, porque la acción sobre revocación y nulidad de escrituras que ejercitó la actora es personal, por lo que el objeto del juicio sólo involucra a las partes en los acuerdos de voluntades cuya nulidad se demanda. Afectación al interés jurídico. En efecto, de las constancias emitidas en el juicio ******************** que nos ocupa, se advierte en lo que interesa lo siguiente: Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ********************, demandó en la Vía Ordinaria Civil, la revocación y nulidad de escrituras a ********************, a ********************, a ******************** y al ******************** en el Estado, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, relativas a la copropiedad que tuvo del 50% cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en la calle ********************[foja 1.3 del Tomo de pruebas], demanda que le tocó conocer al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, en donde se registró bajo el número ********************. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se ordenó emplazar a los enjuiciados; quienes el ocho de enero de dos mil veintiuno dieron contestación a la demanda y se allanaron de la misma, lo que así se acordó el veintitrés de febrero siguiente [fojas 53, 64 y 70 del tomo de pruebas]. El primero de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora instando recusación sin expresión de causa, por lo que se ordenó remitir los autos al juzgado de turno [foja 110 del tomo de pruebas]. El cuatro de junio de la anualidad próxima pasada, el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio que nos ocupa, el cual lo registrándolo bajo el número ******************** [foja 112 del tomo de pruebas]. Así, seguido el juicio en sus trámites legales, el dos de julio del año retropróximo, se emitió sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción sobre revocación y nulidad de escrituras [foja 117-132 del tomo de pruebas], la cual causó ejecutoria el cinco de agosto siguiente [foja 134 del tomo de pruebas]. Determinaciones que indudablemente no afectan el interés jurídico de la peticionaria de amparo, atento a que no altera la parte alícuota que le corresponde del 50% por cierto del inmueble materia de la controversia. Se dice de este modo, toda vez que de las constancias que obran en autos deriva, que tanto la parte actora ********************, como ******************** -quien vendió a la causante de la quejosa ********************- celebraron contrato de división de cosa común, con ******************** mediante escritura pública 1151 mil cinto cincuenta y uno de quince de julio de dos mil catorce, respecto del inmueble del que eran legítimos propietarios y poseedores, las primeras del cincuenta por ciento y este último del cincuenta por ciento de la casa ubicada en la calle ********************, en la que se determinó que a ********************, les pertenecía en exclusiva propiedad la fracción del inmueble en el que se encontraba construida la casa, con superficie de 169 ciento sesenta y nueve metros cuadrados [foja 4-6 del tomo de pruebas]. Que ********************, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, donó a su vez a ********************, el 50% que le corresponde del inmueble de mérito, con una superficie de 169.50 ciento sesenta y nueve metros con cincuenta decímetros cuadrados [foja 8-9 del tomo de pruebas]. Que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, ******************** vendió la parte alícuota del 50% cincuenta por ciento del inmueble en comento a ******************** [foja 21-22 del tomo de pruebas]. Que el dos de septiembre de dos mil veinte, ********************, vendió la parte alícuota del 50% del inmueble materia de la controversia a ******************** [foja 30-31 del tomo de pruebas]. Por otra parte, también se observa, que respecto de la parte alícuota que le correspondía a ********************, es decir el 50% cincuenta por ciento de la casa habitación ubicada en la ******************** -con una extensión de 169.50 ciento sesenta y nueve metros con cincuenta centímetros- ésta celebró contrato de compraventa con ******************** el veintiocho de septiembre de dos mil quince, según se advierte de la escritura mil cuatrocientos cuarenta y dos [foja 40-46 del juicio de amparo]. Asimismo, que mediante escritura doce mil ochocientos veintiocho, de trece de septiembre de dos mil dieciocho, ********************, vendió a la aquí quejosa ********************el cincuenta por ciento que le correspondía del inmueble de mérito. De lo que se sigue, que las determinaciones emitidas en el juicio ordinario civil ********************, que sobre nulidad de escritura y otras prestaciones, no afecta el interés jurídico de la quejosa, en tanto que la materia de la litis, versa sobre la parte alícuota que le correspondía a la actora ******************** respecto del multicitado bien inmueble; mas no así, por lo que toca a la parte alícuota de la cual se ostenta como propietaria y que adquirió por compra que hizo a ******************** quien a su vez compró a ********************, y por ende el acto reclamado no afecte su interés jurídico. La acción promovida es personal, por lo que el objeto del juicio sólo involucra a las partes en los acuerdos de voluntades cuya nulidad se demanda. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la acción ejercida en el juicio ordinario civil que nos ocupa, fue la revocación de donación por ingratitud y por consecuencia la nulidad absoluta de las subsiguientes escrituras -entre otras prestaciones-. Motivo por el cual, se considera pertinente señalar que la acción personal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligación, ya sea que ésta emane de contrato o cuasi contrato o nudo pacto, ya de delito o cuasi delito; y, acción real es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, como son el dominio pleno o semi pleno sobre una cosa, la sucesión hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y se llaman reales estos derechos, porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa. En ese contexto, el artículo 1493, 1499, 1531, 1533 y 1535 del Código Civil para el Estado de Michoacán, establecen: "Artículo 1493. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes." "Artículo 1499. Las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley." "Artículo 1531. La donación puede ser revocada por ingratitud: I. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; y, II. Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza." "Artículo 1533. La acción de revocación por causa de ingratitud no puede ser renunciada anticipadamente, y prescribe dentro de un año, contado desde que tuvo conocimiento del hecho el donador." "Artículo 1535. Tampoco puede esta acción ejercitarse por los herederos del donante si éste, pudiendo, no la hubiese intentado." Del texto transcrito se advierte que la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes; que las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley, como la revocación por ingratitud, cuando el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuges de éste, o si el donatario rehúsa socorrer al donante que ha venido en pobreza, correspondiendo la acción de revocación al donante; en ese sentido, se obtiene que la acción de revocación y nulidad de escrituras que se ejercitó es personal. Por tanto, en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio a la quejosa, ya que a ésta no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dicte, no les afecta ningún derecho sustantivo protegido por la constitución a través de sus derechos fundamentales y menos aún el de audiencia. Esto, porque para que su otorgamiento se haga procedente, es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 Constitucional, lo que no ocurre en la sentencia dictada en este juicio natural, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya revocación de donación se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se decrete su nulidad, pero no prejuzga o nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión. Por tanto, si el juicio natural solamente surtió efectos entre las partes, y no afecta algún derecho de los peticionarios del amparo, no hay razón legal para que fueran llamados al juicio generador, pues en éste sólo se debatió, decidió y ejecutó lo relativo a la revocación de donación por ingratitud y por consecuencia la nulidad absoluta de las subsiguientes escrituras, sin que se transgrediera algún derecho de la quejosa, por lo que es inconcuso que no hay afectación a su garantía de audiencia, ya que como se precisó, la finalidad de aquél juicio fue decretar la nulidad de las escrituras. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.1º.26 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 397 del tomo VI de julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO ES NECESARIO OTORGARLA A TERCEROS RESPECTO DE LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE ACCIONES PERSONALES. Cuando en el juicio de garantías, el acto reclamado se haga consistir en que no se otorgó la garantía de audiencia a un tercero extraño en los juicios que versen sobre acciones personales, como lo es el de otorgamiento de escrituras, en aquél debe sobreseerse porque este último no afecta el interés jurídico del tercero, pues el citado juicio versó sobre una acción personal que se ejercita con el objeto de que la parte demandada otorgue la escrituración al actor del inmueble respecto del cual había celebrado contrato de compraventa, de tal manera que en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio al tercero, ya que a éste no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dicte, no le afecta ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales y menos aún la de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 constitucional, lo que no ocurre con el dictado de la sentencia en el juicio de referencia, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión." Así como la tesis (V Región) 5º.10 C (10ª), del libro 4, Marzo de 2014, del tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero." También es de citar, por identidad jurídica substancial, la tesis I.12o.C.146 C (10a.), consultable Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5299, Décima Época, Materia Civil, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2020167, que dice: "OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO QUIEN SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DE ORIGEN, SI EN ÉSTE SE EJERCIÓ DICHA ACCIÓN PERSONAL Y EL QUEJOSO AFIRMA TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE EN SU CALIDAD DE COMODATARIO. La acción personal de otorgamiento y firma de escritura, por ser de naturaleza personal, se ejerce con el objeto de que la parte demandada otorgue al actor, la escritura del inmueble materia del contrato de compraventa respectivo, por lo que el objeto del juicio sólo involucra a las partes de ese acuerdo de voluntades y la sentencia que ahí se dicte surte efectos exclusivamente entre ellas, sin afectar a quien resulte ajeno al contrato. En ese sentido, la resolución que se dicte en la controversia de mérito no causa perjuicio a terceros porque, al no ser parte en la relación jurídica materia del litigio, no puede surgir alguna obligación a su cargo ni privársele de un derecho, con motivo de la condena atinente. De ahí que no exista razón legal para que se llame a juicio a un tercero ajeno a la controversia de otorgamiento y firma de escritura, porque la resolución que en él se dicte, no le afecta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, carece de interés jurídico porque es ajeno al acuerdo de voluntades relativo, pues los efectos de la sentencia se limitan al derecho del actor a que se le otorgue la escritura. Consecuentemente, no basta acreditar la posesión del inmueble, sino que ésta resienta una afectación con la tramitación del juicio de origen, lo que no se actualiza en virtud de que lo que se dilucida en el juicio natural es una acción personal de otorgamiento y firma de escritura, que sólo afecta a las partes que en él intervienen, además de que la ejecución de ninguna manera afecta la posesión que tiene el quejoso, porque el desposeimiento no forma parte de las prestaciones reclamadas. Así, lo resuelto no prejuzga sobre sus derechos posesorios, pues nada se resuelve al respecto y, en su caso, tendrá la oportunidad de hacerlos valer, una vez que en virtud de algún procedimiento se ordene la entrega del inmueble que defiende en su calidad de comodatario. En este sentido, no tiene por qué llamársele al juicio de otorgamiento y firma de escritura. Sin que impida estimar lo anterior, la manifestación de la impetrante del amparo, en el sentido de que ésta promovió juicio sumario civil ******************** sobre división de cosa común en contra de ********************, respecto del mismo bien inmueble materia del juicio natural que nos ocupa, en el que se determinó, que en razón de que el inmueble materia de la litis no admitía cómoda división, en ejecución de sentencia se realizaría su venta judicial, respetando el derecho al tanto de los condueños; esto, porque tal determinación de ninguna manera infiere en el juicio natural materia del acto reclamado, en el que como ya se dijo no causa perjuicio a terceros porque, al no ser parte en la relación jurídica materia del litigio, no puede surgir alguna obligación a su cargo ni privársele de un derecho, con motivo de la condena atinente. En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa que el acto de autoridad ha causado afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta como el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, circunstancias que en el caso no acontecen, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XII, de la Ley de Amparo de conformidad con lo que dispone la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el diverso segundo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de ocho de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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