Leticia Pantoja Betancourt

Expediente 796/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
796/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Leticia Pantoja Betancourt

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena su devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que, como se estableció en proveído de quince de septiembre del año en curso, se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte [prorrogado con el diverso 16/2022]. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Leticia Pantoja Betancourt, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Civil, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese expediente. Regístrese con el número 796/2022-VI en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharse de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del análisis del escrito de demanda y anexos, se desprende la quejosa reclama: La orden de adjudicación emitida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 1726/2019 de su índice, contra el demandado José Antonio Solano González, respecto del domicilio ubicado en calle Benito Juárez número ochocientos ochenta y cinco (885), Lote Veintinueve (29), Manzana Dieciséis (16), Cuartel Quinto, colonia Centro, en Veracruz, Veracruz. El cual refiere la quejosa se encuentra poseyendo y depositado su menor hijo de identidad reservada. La peticionaria manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: Que el día de hoy (sin especificar fecha exacta) se presentaron en el domicilio que ocupa en su carácter de posesionaria, un abogado y una persona que refirió ser Actuario del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, buscando a José Antonio Solano González. La aquí quejosa refirió era su cuñado y llevaba más de cinco años que no vivía en ese domicilio. Le indicaron traían una orden de adjudicación del inmueble donde se encuentra habitando -calle Benito Juárez número ochocientos ochenta y cinco (885), Lote Veintinueve (29), Manzana Dieciséis (16), Cuartel Quinto, colonia Centro, en Veracruz, Veracruz-. Ello, derivado de un juicio ordinario mercantil 1726/2019 del índice del juzgado señalado como responsable, en contra del citado Solano González. En el que fue condenado. De los anexos que acompaña se desprende un instructivo de notificación, en el que en lo que interesa destacar, las partes en el juicio de origen son originalmente parte actora el apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de José Antonio Solano González. Como ya se dijo, la quejosa reclama, medularmente la orden de entrega del bien inmueble en el que habita y la falta de llamamiento al ordinario mercantil en cita. De ahí que resulte evidente quien cuenta legítimamente con el derecho de instar acción constitucional es su cuñado (José Antonio Solano González) si resulta ser el propietario del bien inmueble que la aquí quejosa ocupa. La impetrante de derechos humanos dice demostrar su derecho al ser quien habita ese bien inmueble. Circunstancia que resulta irrelevante para acreditar tiene un derecho sobre el bien inmueble en cuestión. Porque la titularidad de ese bien lo es de su cuñado (si resulta ser el propietario del mismo) pues contaría con el derecho para promover si así lo desea juicio de amparo. Al ser así, la conclusión que lleva a desechar la demanda, actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por eso no puede considerarse, le asista un derecho legítimo, en razón de que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes, así como los derechos en disputa. Aunado a que el acto que reclama, como ya se estableció, no viola en su persona derecho humano otorgado para su protección constitucional o los tratados internacionales de los que México es parte, sin que por su condición de parentesco pueda considerarse que ante la desocupación del bien como consecuencia de la orden de adjudicación del inmueble en cuestión, pueda recibir una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya que, como se dijo, no cuenta con título idóneo respecto del mismo. Además, dada la litis del juicio ordinario mercantil de origen ningún derecho tiene la aquí quejosa (en su carácter de posesionaria) para ser llamada a éste. Quien legítimamente cuenta con el derecho de reclamar el ilegal emplazamiento del juicio ordinario mercantil 1726/2019 es José Antonio Solano González y no lo hizo. Así las cosas, no obstante que la solicitante de derechos humanos aporta diversa documental con la que pretende acreditar su posesión -diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y decreto de depósito de menores-, lo cierto es que dicho medio de convicción, no constituye prueba apta que respalde el derecho que aduce tener sobre el inmueble que defiende, ya que si acaso su posesión es la de simple ocupante, por lo que carece de legitimación para instar el juicio biinstancial. Y así, aunque se tramitara el presente asunto dando paso a la audiencia constitucional, la promovente no podría acreditar un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien. Además debe decirse, que cuando se llevó a cabo la referida diligencia en la que aduce en ese domicilio fue depositado su menor hijo de identidad reservada -dieciséis horas del veintinueve de agosto de dos mil veintidós-, la aquí quejosa tenía pleno conocimiento de la orden de adjudicación reclamada, pues el instructivo de notificación tiene como fecha en que fue entregado las dieciséis horas con cero minutos del nueve de agosto pasado. Arribar a distinta conclusión daría lugar a la posibilidad de una cadena interminable de juicios de amparo, promovidos sucesivamente por personas ostentándose como poseedores de diversos bienes inmuebles objeto de la controversia y, por ende, extrañas al juicio de origen, provocando la paralización de la ejecución del juicio natural. Tiene aplicación al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, P. R. SCJN, Materia Civil, página 175, Registro 913870, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." De igual forma, resulta aplicable la tesis del otrora Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Materia Civil, página 403, Registro 230328, que a la letra dice: "POSESION. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARACTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. Es evidente que la esposa y los hijos del titular de un derecho de posesión, quiénes solamente están viviendo en el inmueble por su relación con éste, son simples ocupantes que no detentan ningún derecho propio sobre el bien, que pueda ser protegible por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de origen y con la ejecución de la sentencia se ordena la desocupación y entrega del inmueble a actor, tales actos no les deparan perjuicios que puedan reclamar mediante el juicio de garantías, el que debe sobreseerse, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge y sus menores hijos carecen de interés jurídico." En tales condiciones, se desecha la demanda de mérito, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley reglamentaria, a Gladys Mateos Rodríguez y Fernando Castro Soto, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa en su ocurso de demanda. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos (uso de medios electrónicos y expedición de copias) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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