LETICIA ORTIZ GALlNDO

Expediente 1089/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1089/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • LETICIA ORTIZ GALlNDO

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********. -Declaración de firmeza- En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. -Archivo y anotaciones- Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -Destino expediente principal- Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. -Destrucción del expediente- Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta- Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Escrito de autorizado de parte quejosa. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito remitido por Adrián Román Hernández, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas, uso de medios electrónicos y designa autorizado. Atento a lo anterior, indíquesele al peticionario que respecto a la consulta del expediente y notificaciones electrónicas, deberá estarse a lo acordado en auto de veinticuatro de diciembre del año dos mil veinte. Por otra parte, respecto a la designación de autorizado, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que el promovente, es autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuyo numeral establece, que las facultades conferidas, no podrán ser substituidas o delegadas a terceros, pues quien se encuentra facultada para hacer tal designación es la propia parte quejosa. Apoya lo anterior, la Tesis XX.2o.39 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1180, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. El artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo permite al quejoso y al tercero perjudicado designar un autorizado para oír notificaciones en su nombre y faculta a éste para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no se le autoriza para designar a una diversa persona sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues esto únicamente corresponde a los contendientes, conforme a la última parte de dicho párrafo. Asimismo, tampoco puede justificarse tal designación bajo el argumento de que lo realizan como un acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pues éstos deben entenderse como aquellos relacionados con el fondo de la litis constitucional, tales como ampliar la demanda de garantías o cumplir un requerimiento, mas no para realizar los que corresponden únicamente a las partes en cuanto a la representación en juicio." Uso de medios electrónicos. Finalmente, como lo solicita el peticionario, se le autoriza, la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos exhibe las documentales que le fueron requeridas, las cuales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gozan de pleno valor probatorio. De dichas constancias se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto En ese contexto, la parte quejosa mediante escrito de demanda presentado el once de agosto de dos mil veinte, reclamó de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de proveer en relación al escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, registrado con el número de folio *********, dentro de los autos del juicio laboral ********, en el que solicitó se dictara auto de ejecución en contra de la parte demandada dentro del juicio de origen, así como girar el exhorto a su homóloga con residencia en la ciudad de México, toda vez que el condenado tiene su domicilio en la ciudad de México. Empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral de origen se emitió el acuerdo correspondiente el cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que dictó auto de requerimiento de pago y en su caso embargo, asimismo se ordenó girar exhorto a la Ciudad de México, para llevar a cabo la ejecución de dicho auto, notificándose dicho acuerdo al actor aquí inconforme el diecinueve de noviembre del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo que se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Domicilio y delegados. Finalmente respecto al domicilio y delegados que señala, dígase que deberá estarse a lo acordado en auto de veintidós de septiembre del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

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