Leticia Ortega Gamiño

Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
827/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Leticia Ortega Gamiño
  • Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo en fecha de quince de julio de dos mil veintiuno que, tuvo por desechada de plano la demanda de amparo; tras hacerse efectiva la prevención contenida en el auto de veintidós de junio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de julio de dos mil veintiuno. I. Efectivo apercibimiento. Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito; motivo por el cual, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, no se tiene como autoridad responsable al secretario ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Decisión sobre la instancia constitucional. No es última resolución en etapa de ejecución. Ahora, se procede a realizar el estudio de la procedencia del acto reclamado consistente en el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno atribuido al Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En ese sentido, del estudio del presente asunto y escrito aclaratorio, se desprende que respecto del acto reclamado resulta improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es la última resolución en la etapa de ejecución. En ese sentido, las disposiciones normativas referidas de la ley de la materia, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De los preceptos legales transcritos, se advierte que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente a ciertas cuestiones como lo es, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste; que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a los quejosos y trascendió al resultado de la resolución. Mientras que, tratándose de los procedimientos de remate será procedente siempre y cuando sea la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, pudiéndose también invocarse como agravio las violaciones realizadas en la ejecución de sentencia. Debe precisarse que los actos jurisdiccionales ejecutados después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de éstos. Ahora, a fin de evidenciar la procedencia de la causal en estudio, es importante precisar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, el cual deriva del juicio civil sumario, atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa y a las documentales exhibidas, las cuales en términos del numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo tienen valor en su contra, a saber: El tres de diciembre de dos mil diecinueve, el juez de origen dictó sentencia definitiva, en lo que interesa, se declaró la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre la sucesión a bienes de Carmen Salcedo, viuda de González y Héctor Alfonso Corona Hermosillo, actora y demandado, respectivamente, así mismo, se condenó a la entrega de la bien inmueble materia de contrato de arrendamiento, consistente en la finca ubicada en: "en el número 3170 de la Calle Alejandro de Guadalajara, Jalisco". II. Seguidas las etapas procesales, en ejecución de dicha resolución por auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció a la aquí quejosa el carácter de causahabiente, por encontrarse en posesión del materia bien de la litis, sin haber demostrado la posesión jurídica, por lo que se ordenó notificarle personalmente dicha resolución a fin tuviera conocimiento que sería lanzada de dicho bien. III. Posteriormente, la parte quejosa compareció a promover incidente de nulidad de notificaciones en contra de la constancia realizada respecto del proveído citado en párrafo que antecede, el cual se desechó por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, lo anterior, dado que se consideró que el error combatido se subsanó, ya que de nueva cuenta se realizó la notificación respectiva. IV. Determinación que no fue combatida, dado que refiere la propia quejosa, se notificó correctamente la determinación por la que se le reconoció el carácter de causahabiente. V. Luego, al haberse notificado correctamente a la causahabiente -aquí quejosa-, previa petición del actor, la autoridad responsable ordenó por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, la entrega del bien inmueble materia de la litis, lo cual constituye el acto reclamado. Sobre esa base, debe decirse que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en la cual se ordenó la entrega del bien materia de la litis y, que el acto reclamado, esto es, la orden de lanzamiento en contra de la parte quejosa, no constituye la última resolución en dicha etapa. Se explica. Sobre el tópico que nos ocupa, nuestro máximo tribunal al resolver la contradicción de tesis 343/2018 precisó que atendiendo a los precedentes que ha resuelto con la ley abrogada, así como de los criterios emitidos por esta Primera Sala al fallar las contradicciones de tesis 74/2015 y 29/2019, se pueden establecer como reglas básicas de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados fuera o después de concluido el juicio, conforme las reglas establecidas para los actos de ejecución de sentencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente que: Los actos judiciales dictados después de concluido el juicio, son aquéllos que tienen autonomía propia porque no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, actos que encuadran en la hipótesis del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora, si ese acto autónomo forma parte de un procedimiento, el amparo, en estos casos procede contra la última resolución y una vez que se agotaron los medios ordinarios de defensa, esto es que se cumpla con el principio de definitividad. Se exceptúa de cumplir con el principio de definitividad cuando el acto fuera o después de juicio, sin importar sea un acto judicial intermedio, genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso; excepción que opera solo cuando los actos son genuinamente autónomos, esto es independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, máxime que de ser un acto que pende de la ejecución de sentencia ya no se ubica en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino en el párrafo segundo. Por otra parte, si se trata de actos relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, entendidos estos como los actos que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, el amparo procederá solo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los 3 siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Y si se trata de la etapa de remate del bien materia del juicio principal, sólo podrá promoverse el juicio de amparo en contra del acto que ordene, -esto es requiera al ejecutado- indistintamente de la escrituración y/o entrega del bien adjudicado. Una vez aclaradas las reglas de procedencia conforme la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y conociendo cuáles son las características de los actos fuera o después de juicio que se consideran autónomos a la ejecución, nuestro máximo tribunal concluyó que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado constituyen un acto de ejecución de la sentencia porque todos sus esfuerzos se dirigen precisamente en eso, en lograr el cumplimiento de lo sentenciado y por ende no puede desvincularse de la ejecución. Por lo que, determinó que, al ser un acto en ejecución de sentencia, la regla de procedencia corresponde al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, que procede el amparo en contra de la última resolución entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. La jurisprudencia que derivó de la contradicción que nos ocupa, es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." De ahí que, debe estimarse que el acto reclamado, esto es, el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el lanzamiento de la parte quejosa, fue ordenada en la fase procesal de ejecución de sentencia; ya que en la sentencia definitiva se condenó a la parte demandada a la entrega de dicho bien inmueble. Por tanto, al considerarse como actuación intermedia en el aludido procedimiento, ésta únicamente será susceptible de ser reclamada como violación procesal, cuando se reclame la última resolución dictada en la ejecución de sentencia, que será la que determine cumplida la sentencia definitiva, su imposibilidad para hacerlo; o bien, el archivo definitivo del expediente. Asimismo, cobran aplicación al caso las jurisprudencias de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado" "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo" Cabe destacar que no se actualiza el supuesto excepcional previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional, toda vez que está condicionada a que éstos sean de imposible reparación (por afectar derechos sustantivos) y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Lo anterior, ya como resolvió nuestro máximo tribunal en la contradicción antes explicada, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia, es un acto emitido en el procedimiento de ejecución, el cual tiene relación con el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen, sin que pueda considerarse autónoma a dicha fase, pues éste se vincula directamente a la ejecución de lo logrado en sentencia, y considerar que el acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado, posee autonomía trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva, tal como sucede en el caso que nos ocupa. Sin que pueda considerarse a la parte quejosa como tercera extraña a juicio, pues tiene el carácter reconocido como causahabiente, cuestión que se desprende no combatió, por lo que para efectos del presente amparo, tiene el carácter de parte llamada en el procedimiento de ejecución de sentencia. En consecuencia, al resultar se actualiza la hipótesis de inviabilidad estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107, interpretada en sentido contrario, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa, el contenido del acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice: "... sto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito; motivo por el cual, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, no se tiene como autoridad responsable al secretario ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En ese sentido, del estudio del presente asunto y escrito aclaratorio, se desprende que respecto del acto reclamado resulta improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es la última resolución en la etapa de ejecución ... por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte TERCERO INTERESADA JOSE GUADALUPE VALDEZ DOMINGUEZ, el contenido del AUTO de quince de junio de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice: "Zapopan, Jalisco, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte, que transcurrió el plazo para que las partes se inconformaran e hicieran valer el recurso de inconformidad contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la partes, los cuales se encuentran glosados, se les requiere para que acudan a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibidos que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo."

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano