Leticia Ojeda Vega

Expediente 62/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
62/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Leticia Ojeda Vega

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;... El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se presente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada... Ahora bien, como ya se precisó en los antecedentes la notificación del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós que se realizó por medio del buzón electrónico de su mandatario judicial, en la que se le comunicó que se admitió a trámite el incidente de liquidación de intereses, en el expediente ****, era impugnable a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato4; habida cuenta que el mismo tiene por objeto declarar la nulidad de las diligencias que se hicieren en forma distinta a lo previsto por la ley, así como las actuaciones posteriores a aquélla que se hubiera declarado ilegal... Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado procedía el incidente de nulidad de notificaciones aludido y la parte quejosa no lo interpuso, resulta que no se ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Sin que la quejosa se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previsto en los incisos a), b) y c) del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; si no que se trata de una notificación practicada en etapa de ejecución de sentencia, la cual aduce fue realizada contrario a derecho. Además, la procedencia del incidente de nulidad no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que el artículo citado es enfático en prever que ese medio de defensa procede contra las notificaciones que se estimen se hicieron en forma distinta a la ley, como la reclamada. Por tanto, se materializa en motivo de inviabilidad analizado, pues la quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, concedido en la legislación en comento; de ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, se desecha de plano la demanda.

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