Leticia Montoya Castro

Expediente 1733/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1733/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
23/01/2017

Partes del expediente

  • Leticia Montoya Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I.-ESTADO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por la que se sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se actúa, no obren la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades señaladas como responsables, pues dado el sentido de lo resuelto, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión.

  2. Principal

    I. RESUELVE: UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  3. Principal

    I. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por la Administradora Postal Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de quince de los actuales (foja 61), informa el tratamiento que se le dio a la pieza postal relativa al oficio 14902/2016. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento de que fue objeto la autoridad oficiante, sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que a foja sesenta y cuatro obra glosada la referida pieza.

  4. Principal

    II.-Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio sin numeró signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual solicita se tenga por no presentada la demanda que dio origen al presente sumario dada la imposibilidad de obtener dato objetivo y cierto que identifique a la persona y domicilio del quejoso, máxime que en la institución a la que pertenece no existe denuncia por el delito de desaparición forzada en la persona del quejoso. En primer lugar cabe precisar que en observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmado por México el seis de febrero de dos mil siete y ratificado el dieciocho de marzo de dos mil ocho) y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (firmado por México el cuatro de mayo de dos mil uno y ratificada el veintiocho de febrero de dos mil dos), que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también rigen el orden jurídico de nuestro país conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de control constitucional, oficiosamente ordenó tanto a las autoridades señaladas como responsables como a diversas practicaran las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del quejoso y les requirió toda la información para ello, de igual forma se solicitó a diversas dependencias, las cuales tienen cuentan con facultades para tener en su poder los domicilios de los gobernados, proporcionaran datos sobre el lugar en que se pudiera localizar tanto al quejoso como los promoventes, tal como se advierte de las actuaciones que integran el presente sumario, obteniendo un resultado negativo, pues dichas responsables adujeron: 1. No tener privado de la libertad al quejoso. 2. No contar con facultades para retener o privar de la libertad a persona alguna. 3. Que en su base de datos no contaban con domicilio de las personas. También cabe precisar que algunas autoridades si proporcionaron datos del lugar en que se podía encontrar tanto al promovente como al quejoso, pero al acudir a los mismos se obtuvo como respuesta el que no se conocía a los buscados. Lo anterior evidencia como ya se dijo que este juzgador efectuó todas las diligencias necesarias a fin de dar con el paradero del quejoso. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, la citada Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Bajo lo cual, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses; dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. Para lo cual, el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la víctima u ofendido de un delito, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Así, el requisito de la ratificación de la demanda en estos casos no es una formalidad que impida ejercer el derecho humano a la verdad, pues se insiste los familiares o personas que resientan perjuicio con los actos precisados en el ocurso derechos humanos tienen expedito su derecho para realizar las denuncias correspondientes. En ese orden, en el caso no obstante la investigación emprendida por este juzgador no se logró localizar a los quejosos, a las personas que promovieron a su favor ni se tiene dato alguno de familiar que pudiera dar noticia del promovente, además de que, según informe de la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no existe denuncia en cuanto a los hechos materia del presente juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que en el caso no se actualiza la figura desaparición forzada, pues como ya se expuso no existe dato de la existencia del quejoso, del promovente ni de algún familiar, pues lo lógico es que, ante los hechos que se precisaron en la demanda, los familiares del quejoso estuvieran al pendiente de la misma o en su defecto hubiesen realizado la denuncia respectiva y hasta la fecha de la emisión de la presente determinación ninguna persona ha comparecido para aportar datos ni para preguntar por el trámite del presente sumario. En ese orden, se estima que en el caso no se está en la hipótesis establecida en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es suspender el procedimiento y esperar a que transcurra un año para tener por no interpuesta la demanda, pues como ya se precisó no existe dato real que conduzca a evidenciar que en la especie se trata de una desaparición forzada. En razón de lo anterior, como lo peticiona la representación social se ordenada levantar la suspensión del procedimiento decretada y se tiene por no interpuesta la demanda de amparo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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