Leticia Montenegro Orozco
Expediente 128/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2017
Partes del expediente
- Leticia Montenegro Orozco
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, ya que no es necesaria la retención de los anexos provenientes de la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de trece de febrero de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a trece de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se remite el expediente amparo 37/2017, promovido por Leticia Montenegro Orozco, al considerar que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y por ende, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, correspondiendo su conocimiento a este órgano de control constitucional. En consecuencia, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 128/2017 y acúsese el recibo de estilo. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes. Identifíquense los anexos con las caratulas correspondientes. Ahora, este juzgado considera que en la especie, se debe desechar de plano la demanda de que se trata, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Para sustentar lo anterior, se considera necesario destacar que los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el término general para la promoción del juicio es de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto de la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedor de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Ahora, del presente sumario se aprecia que la promovente reclama el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido en el toca 1150/2016 del orden de la Quinta Sala Penal de esta ciudad. En ese orden de ideas, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto que reclama el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido fue presentada ante la autoridad responsable, el trece de enero pasado, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, pues si tuvo conocimiento de dicho auto desde el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el plazo de quince días transcurrió en su totalidad, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales actos; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17 de la ley de la materia. Esto es así, pues la ley que rige el acto en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso o libertad". Por tanto, al tener conocimiento del acto impugnado por la quejosa el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, surtió efectos ese mismo día, acorde con lo dispuesto en el referido numeral 57, por lo que el término de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional, transcurrió en exceso, puesto que comenzó a correr descontando los días inhábiles en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, a partir del veinte de diciembre del año próximo pasado y feneció el nueve de enero de la presente anualidad; en tanto que la demanda de amparo se presentó hasta el trece de enero siguiente, en tal virtud, se hace patente que el presente juicio, en cuanto a la oportunidad de su promoción y respecto del acto reclamado, es extemporáneo, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la citada ley, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; máxime que como se dijo, la naturaleza de éstos impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el mencionado numeral 17 de la ley de la materia. Es aplicable en cuanto al tema de cuándo surte efectos la notificación respectiva, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, cuyo rubro es el siguiente: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". De modo que si la quejosa no ejerció en el término legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto impugnado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte del numeral 17 ya reproducido, la excepción en cuanto al término de presentación de la demanda relativo a "en cualquier momento", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, pues el acto controvertido consistente el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido en el toca 1150/2016 del orden de la Quinta Sala Penal de esta ciudad -dentro de un procedimiento-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido numeral 17 de la ley de la materia. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia mencionada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Ténganse por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio.
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