Leticia Miranda Suarez
Expediente 1458/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2022
Partes del expediente
- Leticia Miranda Suarez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, cumple el requerimiento efectuado en proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta consistente en copia certificada de las actuaciones practicadas con posterioridad al ocho de octubre de dos mil veintiuno en el juicio sucesorio intestamentario 114/2013, de su índice, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza Formación de anexo. En consecuencia, visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas III para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer lo conducente respecto de la solicitud de remoción del albacea dentro del juicio sucesorio 114/2013, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En ese sentido, de las constancias del juicio sucesorio 114/2013, que dicha autoridad adjuntó la autoridad responsable a su informe de ley, se desprende que el seis de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se pronunció respecto de la solicitud remoción del cargo de albacea definitivo, interpuesta en contra de Elvira Hermelinda González Espíndola. Para tal efecto, el Juez responsable ordenó correr traslado a la contra parte, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés convenga, tuvo por anunciadas las pruebas ofrecidas por el promovente Fernando González Espíndola -aquí quejoso- y le dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito a su juzgado. En consecuencia, dado que cesó la omisión del acto reclamado, sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa y personalmente a los terceros interesados.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado solicita información. La Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, requiere a lo siguiente: 1. Una vez que se remita el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de modificación a la suspensión de dos de agosto del año en curso, se le comunique a quién fue turnado para su resolución; asimismo, se le informe a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, el órgano jurisdiccional en el que se encuentra radicado el recurso de revisión 175/2022, a fin de que realice la relación correspondiente. 2. Solicita se le informe si se interpuso un diverso recurso en contra de la sentencia interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintidós, dictada en el presente incidente. Atento al sentido del oficio de cuenta, se informa al Tribunal Colegiado oficiante, lo siguiente: a. Que una vez que se envíe el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de modificación a la suspensión de dos de agosto del año en curso, se le informará a quién fue turnado para su resolución. b. Se le hará del conocimiento a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, que en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito encuentra radicado el recurso de revisión 175/2022, interpuesto en el presente incidente de suspensión, a fin de que realice la relación correspondiente. c. Que por auto de diecisiete de agosto pasado, se tuvo a los terceros interesados Carlos Meneses García y Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, interponiendo recurso se revisión en contra de la sentencia interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintidós. De igual manera, se le hace de su atento conocimiento que se están recabando las constancias de notificación respectivas, a fin de integrar el referido medio de impugnación y, una vez integrado, sea remitido. Finalmente, remítasele copia certificada de los escritos registrados con los números de promoción 20263 y 20343, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte tercera interesada ***
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) SIGUIENTE (S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte quejosa desahogó la vista otorgada mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el seis de octubre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "..que el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla: I. Deje insubsistente el oficio SEP-4.2.3-DRH/6553/2021 de 16 de junio de 2021; II. Emita otro, con libertad de decisión, en el que responda la cuestión efectivamente planteada por el quejoso Raúl Chirinos Lechuga en su petición de 2 de diciembre de 2020, es decir, responda si es posible o no expedirle una Carta Contratante para dar seguimiento y concluir el proceso de reclamación de la póliza de seguro de vida institucional identificada con folios 18341 y 18342, contratada por su madre fallecida Martha Eugenia Lechuga Olvera con la aseguradora Thona Seguros, sociedad anónima de capital variable, a través de esa Secretaría; III. En caso afirmativo, expida esa Carta Contratante al quejoso; y, IV. Notifique la respuesta y entregue la Carta Contratante al quejoso;.". " Recurso de revisión. Mediante proveído del tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad interesada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número 680/2021 de su índice. Así, mediante acuerdo del veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Tribunal de Alzada remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada el siete de julio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 680/2021 de su índice, que en sus puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. En la materia de la revisión SE CONFIRMA la sentencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 787/2021. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Raúl Chirinos Lechuga, en contra de la omisión atribuida a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, por las razones expuestas en el considerando quinto del fallo recurrido. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Raúl Chirinos Lechuga, respecto del acto atribuido al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado, consistente en el oficio SEP-4.2.3-DRH/6553/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por las razones y para los efectos precisados en la sentencia recurrida". Cumplimiento. En atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, en acuerdo del cuatro de agosto de dos mil veintidós, la Encargada del despacho de la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada del oficio SEP-4.2.3-DRH/10008/2022, de cuya simple lectura, se advierte lo siguiente: 1. Dejó sin efectos el oficio SEP-4.2.3-DRH/6553/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 2. En el mismo oficio, con libertad de decisión, emitió una nueva respuesta, en la que indicó que todos los trabajadores o beneficiarios que realizan la reclamación de pago relacionada con el beneficio denominado "Seguro Institucional" otorgado por el Gobierno del Estado de Puebla-SEP a los trabajadores de base, los interesados deben presentarse en el área denominada "Basificación y Aseguradora" dependiente del Departamento de Recursos Humanos Federal para requisitar la solicitud de reclamación, anexando la documentación requerida para que la referida área de continuidad al trámite de pago ante la aseguradora Thona. Lo anterior porque la representación del trabajador compete a esa dependencia, como parte suscribiente del contrato realizado con la citada compañía aseguradora; y, tomando en consideración que la documentación que se genere tiene el carácter de oficial, integrado el expediente respectivo, se remitirá de manera oficial a la aseguradora. En tal virtud, determinó que no era posible expedir la carta contratante. 3. Asimismo, remitió copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que dejó sin efectos el oficio SEP-4.2.3-DRH/6553/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitió el diverso SEP-4.2.3-DRH/10008/2022, en el que, con libertad de decisión, determinó que no era posible expedir a la parte quejosa una carta contratante por los motivos que expuso y lo notificó a la parte solicitante. Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó proveer respecto de las diversas manifestaciones realizadas con motivo de la vista concedida en acuerdo del cuatro de agosto de dos mil veintidós y, al efecto, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo cual estima que es así, porque en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, se determinó que la autoridad responsable entregara la carta contratante. Sin embargo, no asiste la razón a la quejosa, pues la parte que cita en su escrito corresponde a la transcripción de la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, fallo que fue confirmado por la superioridad y como quedó precisado anteriormente, se concedió para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN Y EFECTOS (.) 51. Por otra parte, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla: I. Deje insubsistente el oficio SEP-4.2.3-DRH/6553/2021 de 16 de junio de 2021; II. Emita otro, con libertad de decisión, en el que responda la cuestión efectivamente planteada por el quejoso Raúl Chirinos Lechuga en su petición de 2 de diciembre de 2020, es decir, responda si es posible o no expedirle una carta contratante para dar seguimiento y concluir el proceso de reclamación de la póliza de seguro de vida institucional identificada con folios 18341 y 18342, contratada por su madre fallecida Martha Eugenia Lechuga Olvera con la aseguradora Thona Seguros, sociedad anónima de capital variable, a través de esa Secretaría; III. En caso afirmativo, expida esa Carta Contratante al quejoso; y, IV. Notifique la respuesta y entregue la Carta Contratante al quejoso; Como se aprecia de los efectos transcritos, se concedió el amparo solicitado para que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio SEP-4.2.3-DRH/6553/2021 y emitiera uno nuevo, en el que, con libertad de jurisdicción, determinara si era procedente o no expedir una carta contratante. En este punto importa destacar que a pesar de que en el punto IV de los efectos se asentó: «y entregue la Carta Contratante al quejoso», lo cierto es que ese efecto se hizo depender del diverso III, en el que se conminó a la responsable a que, en caso de que la respuesta a la petición del citado documento fuera favorable, lo expidiera. Es decir, la expedición y entrega de la multireferida constancia, estaba condicionada a la actuación hipotética de que, en el nuevo oficio, la responsable diera una respuesta favorable a la petición de esa carta contratante; lo cual, como se indicó en párrafos previos, no ocurrió así porque la autoridad determinó que no era posible expedirla, de ahí que no asista la razón a la quejosa. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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