Leticia Mendoza Rodríguez

Expediente 1062/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1062/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Leticia Mendoza Rodríguez
  • Leticia Mendoza Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ausa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Considerando que en el presente expediente obran documentos aportados por la parte quejosa, désele vista para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En el entendido de que para la devolución de dichos documentos, deberá generar previa cita y obtener código QR para tal efecto, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19.

  2. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el oficio del apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), mediante el cual informa que la menor quejosa de iniciales X.L.O.M., completó el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y para acreditarlo aporta el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en la manifestación vertida por la autoridad responsable y la documental anexa al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la menor de iniciales X.L.O.M., ya le fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora bien, para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar a la menor de iniciales X.L.O.M., contra el virus SARS-CoV-2, y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación exhibidos por la responsable, se aprecia que el veintiséis de noviembre y diecisiete de diciembre del año en curso, la menor de iniciales X.L.O.M fue inoculada con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario, conllevaría el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 515-E/2021-V orden 1978/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a fin de que entregara a las autoridades responsables que tienen su residencia en la Ciudad de México, los oficios librados en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene notificadas a tales autoridades del referido auto. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el oficio en mención se recibió vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; en atención a su contenido, téngase rendido su informe justificado dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, se reconoce como sus delegados a las personas que menciona en su informe, y por señalados el domicilio y correo electrónico que indica. Finalmente, respecto a la causa de improcedencia a que alude, ésta será analizada en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Gobernador del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido su informe justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Se tienen reiterados los delegados y el domicilio procesal que la responsable señaló en su informe sobre la suspensión de plano. Finalmente, respecto a la causa de improcedencia a que alude, ésta será analizada en el momento procesal oportuno.

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