Leticia Martínez González

Expediente 53/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
53/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Leticia Martínez González

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Actuario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por el que acusa recibo del juicio de amparo 53/2021-VI del índice de este Juzgado e informa que acepta la incompetencia declinada e informa que fue registrado con el número *** al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por recibidos los oficios signados electrónicamente, el primero por el Juez y la Secretaria y los subsecuentes firmados electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil, y de Trabajo en el estado de Jalisco con residencia en Zapopan, en que acusan de recibo del exhorto 5/2021-VI del índice de este Juzgado y devuelven diligenciado dicho exhorto, derivado del juicio de amparo en que se actúa, en el que notificó por oficio al Director del Hospital General de la Clínica 89 y a Trabajadora Social ***** de la Clínica 89 ambos, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de jalisco, el proveído de quince de enero del presente año; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; asimismo, dese de baja del libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que, presuntamente, promueve **** a nombre de *****, contra actos del Director del Hospital General de la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco. Regístrese en el libro de gobierno con el número 53/2021-VI, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. Resulta importante destacar que de la información que se desprende del escrito inicial de demanda, así como de la causa de pedir, se advierte que, presuntamente, ***** a nombre de ***** , acude a esta instancia constitucional a reclamar los actos que a continuación se mencionan: La omisión y negativa de brindar información clara, precisa y veraz y con una explicación respecto del padecimiento, tratamiento y estado de salud de la quejosa ****. La negativa de proporcionar información específica respecto de donde está la quejosa *****, ocultándola con la finalidad de evitar darle atención médica de urgencia. Derivado de lo anterior, este órgano de control constitucional determina carecer de competencia legal por territorio para conocer del asunto en que se actúa, tal como se expone a continuación. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO En ese sentido, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, los referentes a la competencia por territorio. COMPETENCIA POR TERRITORIO La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Al efecto, debe tenerse presente el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece las tres reglas siguientes para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: - Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; - Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el supuesto de que el acto reclamado sea susceptible de ejecución, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." De lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador consideró dos criterios principales para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: un criterio primario y otro subsidiario. El criterio primario tiene que ver con la ejecución del acto reclamado. El criterio subsidiario guarda relación con el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto reclamado, y sólo se surte cuando éste no requiera ejecución material. Por consiguiente, a fin de establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa, en esencia, reclama: la negativa de proporcionar información específica respecto de donde está la quejosa ***** ocultándola con la finalidad de evitar darle atención médica de urgencia; y además, la omisión y negativa de brindar información clara precisa y veraz y con una explicación respecto del padecimiento, tratamiento y estado de salud de la quejosa a sus familiares. Afectación a los derechos fundamentales a la salud que claramente se actualizan en la demarcación territorial en la que se encuentra la parte quejosa -estado de Jalisco-, pues es en dicho lugar en el que se ejecutan los actos reclamados. De manera que los actos reclamados por la parte quejosa sí tienen ejecución material y que ésta se da en el estado de Jalisco, pues en atención a las manifestaciones de la parte quejosa, es donde se encuentra y en donde se ve afectado su salud. En razón de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL POR TERRITORIO, PARA CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE ESTE JUICIO DE AMPARO, declinando su conocimiento a favor del JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN EN TURNO, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento al numeral 48, de la Ley de Amparo, gírese remitase la demanda que nos ocupa al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, acompañándole el original de la demanda de amparo, tal como fue presentada en este órgano de control constitucional con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este Juzgador que la demanda de amparo haya sido presentada de manera electrónica y sin firma; no obstante, en atención a la declaración legal de incompetencia formulada en párrafos que anteceden y tomando en consideración la naturaleza de los actos que se reclaman; es que se determinar no acordar, en este momento procesal, sobre dicha omisión. SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que en la demanda de cuenta se solicitó la suspensión de los actos reclamados, y atento a que se ubican en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo al tratarse de actos que importan peligro a la salud, así como riesgo inminente a la vida de Leticia Martínez González, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado. Cabe precisar que el artículo 4° de la Constitución Federal, en su párrafo cuarto, consagra uno de los más importantes derechos humanos, el derecho a la salud, el cual nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En las manifestaciones expuestas por la quejosa bajo protesta de decir verdad, señala que: . Visto lo anterior, de la lectura integral de la demanda, se desprende que en el caso, se encuentra en inminente riesgo la salud y vida de ******, circunstancia que se deriva de las omisiones de proporcionar la atención médica necesaria y adecuada, pues el hecho de que no se le otorgue tanto un diagnóstico completo, veraz y oportuno sobre su estado de salud respecto de los padecimientos que actualmente presenta, como el tratamiento médico correspondiente, conlleva la omisión por parte de las responsables de garantizarle una adecuada tutela del derecho a la salud. Derecho que implica un amplio abanico de obligaciones exigibles; desde obligaciones negativas de respeto hasta obligaciones positivas de promoción y satisfacción, a lo cual se suman los deberes de progresividad y no regresividad: una vez regulado legalmente o constitucionalmente, el derecho a la salud introduce un núcleo esencial, intangible, de necesidades básicas que el legislador no puede modificar arbitrariamente en un sentido regresivo; sobre todo si con ello vulnera el debido proceso o si frustra, bien la confianza generada en sus titulares, bien una expectativa legítima. Al respecto, nuestro más Alto Tribunal ha establecido que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, de manera que para garantizar la calidad en los servicios de salud el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que entre los servicios de salud se encuentra la atención médica, misma que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquéllas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos necesarios correspondientes al cuadro básico de insumos del sector salud, así como la aplicación de las intervenciones quirúrgicas indispensables que en cada caso correspondan. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro y contenido siguientes: "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud." "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." De lo anterior, se colige que la Suprema Corte de Justicia la Nación ha manifestado que, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, en el marco de la salud, los Estados deben crear un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios medidos (de salud), estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. Es decir, los Estados tienen la obligación de regular, permanentemente, la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de los servicios de salud públicos de calidad, asegurando que los profesionales reúnan las condiciones necesarias para su ejercicio, de tal manera que se disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Así, puede decirse que los Estados tienen, en materia de salud, las obligaciones siguientes: - De supervisión: analizar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo. - De disponibilidad y accesibilidad: lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción tengan acceso a las instituciones de salud, cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde el tratamiento o el medicamente necesario en todo momento. - De calidad en el servicio: que las condiciones sanitarias y el personal de las instituciones de la salud sean los adecuados, que estén debidamente calificados o capacitados y que se mantengan aptos para ejercer la profesión. Por tanto, atendiendo a que la parte quejosa aduce que no se le ha otorgado la atención médica que de manera urgente necesita para tratar el padecimientos que actualmente presenta, lo cual pone en riesgo su salud y su vida, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Leticia Martínez González, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, atiendan de manera integral e inmediata a la parte quejosa y realicen todas las acciones necesarias a efecto de que le proporcionen -de ser el caso- los medicamentos idóneos e intervenciones quirúrgicas necesarias para el tratamiento de sus padecimientos, y a sus familiares les proporcionen un diagnóstico completo, veraz y oportuno sobre su estado de salud respecto de los padecimientos que actualmente presenta. Lo anterior, ponderando en todo aspecto el interés superior del derecho a la Salud, a efecto de salvaguardar su bienestar y necesidades inmediatas en cuanto a su integridad física. Aunado a que los artículos 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 12 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", consagran el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción; lo que revela que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como la obligación del Estado para definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en diferentes instancias. En mérito de lo anterior con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Director del Hospital General y a la Trabajadora Social ***** ambos de la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco y, en el ámbito de su respectiva competencia, para que de manera inmediata, contada a partir de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la suspensión de plano en los términos antes precisados; así mismo dentro del terminó improrrogable de VENTICUATRO HORAS, contada a partir de la notificación del presente proveído, informen a este órgano jurisdiccional las medidas que hayan implementado al efecto y para ello remitan las constancias conducentes con las cuales acrediten su dicho . En el entendido de que la suspensión de plano concedida, también conlleva la obligación de las responsables, de ser necesario de: Canalizar, transferir y/o recibir a la quejosa en el hospital y/o centro médico apto para atender, de manera urgente e inmediata, las lesiones y/o padecimientos que actualmente presenta. Informar a este a los familiares cual o cuales medidas médicas (esto es, preventivas, curativas y de rehabilitación) que requiere la parte quejosa, derivado de los padecimientos que presenta previa valoración médica que se realice para tales efectos. APERCIBIMIENTO Se hace saber a las referidas autoridades que la violación a la suspensión decretada entraña la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, en términos de lo preceptuado en el artículo 262, fracciones III y V, de la legislación de la materia, por lo que si se consuma el acto reclamado, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal para los efectos legales conducentes. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En atención a que el domicilio del Director del Hospital General y a la Trabajadora Social Patricia Valencia ambos de la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco, se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 158, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 fracción II, de la Ley de Amparo, así como 289 y 298 a 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva girar instrucciones a quien corresponda a fin que con copia del presente proveído y de la demanda, notifiquen al Director del Hospital General y la Trabajadora Social Patricia Valencia, ambos de la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Jalisco, en el domicilio ubicado en Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1988, Moderna, código postal 44190, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, o en su defecto en su domicilio oficial, los oficios 762/2021 y 763/2021 que contiene inserto el presente proveído y al que se le anexa copia de la demanda de amparo; y se le faculta para que pueda realizar dicha diligencia en horas y días inhábiles. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: En términos del artículo 3° de la ley de la materia, se le autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con el usuario bajo el nombre " ****** ". Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese; y por exhorto a las autoridades responsables.

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