Leticia Martínez Gómez

Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
981/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Leticia Martínez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA VS DESECHAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de FABIÁN MEDRANO APANGO, quien se ostenta como defensor particular de +++++, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de septiembre del año en curso; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe materia de la queja al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. SE ORDENA HACER DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, en atención a la Circular CAR 02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la oficial judicial "A" hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo con el recurso de revisión que en su momento se forme con motivo de la impugnación propuesta por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como defensor particular de ********************y ********************, contra los actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (********************). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, la parte promovente indicó que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (********************), el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés; y del análisis de los conceptos de violación, se advierte que en esa resolución dicho agente determinó improcedente la solicitud del defensor particular ********************, respecto al pronunciamiento del procedimiento abreviado dentro de la causa penal ********************, lo cual controvierten los quejosos en esta vía. En ese sentido, respecto del citado acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, mismos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.)" Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ahí que, el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, que determinó como improcedente la solicitud del defensor particular de los quejosos respecto al pronunciamiento del procedimiento abreviado dentro de la causa penal ********************, reclamado en esta vía, no se advierte que se reclame a un ente que pueda considerase autoridad para efectos del juicio de amparo, pues su actuación carece de la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es así, porque tal determinación se atribuyó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (********************) que interviene en la causa penal ********************; sin embargo, aquella no tiene la naturaleza de un acto proveniente de una autoridad, con las características arriba citadas, pues dicho agente interviene en la causa, con la calidad de sujeto parte del proceso penal acusatorio y oral, esto es, no tiene la calidad de autoridad instructora del proceso. Esto, pues conforme a la mecánica en que se desarrolla el procedimiento abreviado, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso que debe ser solicitada una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la determinación reclamada, relacionada con esa forma de terminación anticipada del procedimiento penal, que la determina como improcedente, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de control constitucional, porque el citado fiscal tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado y, adicionalmente, el Juez de Control debe verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su procedencia y que no se vulneren los derechos humanos de las partes. Por lo tanto, el acuerdo reclamado no constituye un acto de autoridad (en amplio sentido) para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable; conclusión que va a variar en el trámite del juicio de protección constitucional, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y del ente que lo emite, de ahí que se estime innecesario darle trámite, pues el resultado final a que ello conllevaría, será el mismo. Tales consideraciones tienen sustento, por analogía, en la contradicción de tesis 82/2019, de la cual derivó la jurisprudencia con datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022071 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 34/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO." Lo anterior se corrobora al tomar en consideración lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2666/2020, pues al analizar conjuntamente los artículos 201, fracciones I y II, 202, 204, 205 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció (párrafo 102): A) El Juez de control es quien autoriza el procedimiento abreviado y en audiencia deberá verificar los diversos requisitos que marca el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. B) El Ministerio Público es quien solicita el procedimiento abreviado; en esa solicitud, entre otras cuestiones, debe señalarse el monto de la reparación del daño. C) La víctima u ofendido puede presentar oposición, pero sólo será vinculante al juez cuando aquélla sea fundada. D) El imputado debe reconocer estar informado de los alcances del procedimiento abreviado y que renuncia al juicio oral, pues deberá admitir su responsabilidad por el delito atribuido y aceptar ser sentenciado con los medios de convicción obtenidos por el Ministerio Público, (artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales). De donde se concluye que en tal procedimiento el agente del Ministerio Público, cuando considera procedente esa forma de terminación anticipada del proceso, se constituye simplemente en una parte solicitante, siendo la autoridad judicial la que debe resolver lo pedido en audiencia oral con presencia de las partes. De manera que, si como en el caso, el agente señalado como responsable únicamente estimó que no procede acudir a esa forma de solución, por la razón que indició, considerando improcedente la petición del defensor de los quejosos, ese acto, siguiendo tal argumentación, tampoco puede tener el carácter de acto de autoridad, pues tal agente actúa al emitirlo como parte procesal, al estar facultado para decidir si solicitará o no dicha forma de terminación anticipada del proceso. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se desecha la demanda de derechos fundamentales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. No se soslaya que el promovente en la demanda indicó un nombre de usuario; pero no precisó expresamente que fuera para recibir notificaciones, tampoco, que deseara el acceso al expediente electrónico; por lo que, un vez que haga la solicitud respectiva se proveerá lo conducente. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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