Leticia Martinez Cruz

Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
332/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Leticia Martinez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que la parte legitima no interpuso recurso de queja contra el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de veintinueve de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 318/2020 de su índice, declinó competencia, por razón de turno a favor de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ********. En tal virtud, se acepta la competencia planteada por el juzgado declinante, por lo que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo en cita. Hágase del conocimiento lo anterior a la autoridad oficiante y acúsese recibo de las constancias remitidas. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 332/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de tres de noviembre del año en curso, en la que se resolvió sobre la excepción consistente en la falta de personalidad y legitimación del actor en el juicio ejecutivo mercantil 20/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. CONSIDERACIÓN PREVIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese sentido, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes, en tal virtud, este órgano de control constitucional realizará el estudio correspondiente. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V (este último interpretado a contrario sensu), ambos de la ley de amparo y 107 fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.].". reclamados no son de imposible reparación. Veamos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015,2 reiteró lo sostenido en la diversa contradicción 377/2013, en el sentido de que el artículo 107 de la Ley de Amparo ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." 2 Fojas 30 a 32 de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De dichas consideraciones, derivó la jurisprudencia P./.J 1/2016, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo I, página 15, registro 2011428, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En ese contexto, la improcedencia de la demanda de amparo intentada deriva de que lo aquí reclamado (resolución de tres de noviembre del año en curso, en la que se resolvió sobre la excepción consistente en la falta de personalidad y legitimación del actor en el juicio ejecutivo mercantil 20/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz) no constituye en acto de imposible reparación, tal como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que determinó que no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", por las razones ahí expuestas. Por tanto al existir, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno de nuestro máximo Tribunal, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" -de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo- en la que se determinó que las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios no son de imposible reparación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de procedencia en estudio. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Leticia Martínez Cruz, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****** por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ****, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera, en términos del artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, modificado por el diverso 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizaran únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las catorce horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. Asimismo, en ese micrositio, deberá gestionar su ingreso a este órgano jurisdiccional, para el caso de asistir a la audiencia constitucional al efecto programada. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON EL JUICIO EN LÍNEA. Conforme al artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, modificado por el diverso 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de su firma electrónica FIEL o FIREL esta última se puede tramitar a través de la app (aplicación FIREL), firma con la que estarán en posibilidad de promover en línea, así como de solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. O bien, proporcionen una diversa forma de contacto, como correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación que para tal efecto se levante. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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