Leticia Martínez Anguiano

Expediente 200/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
200/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Leticia Martínez Anguiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de marzo del año en curso (fojas 61 a 64). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    En uno de abril de dos mil diecinueve, doy cuenta con un escrito. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, uno de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el escrito de Jorge Julio Mata Méndez autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa Leticia Martínez Anguiano, visto su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en el proveído de veintinueve de marzo del año en curso (fojas 85 a 86). Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. agréguese a sus autos el escrito de Jorge Julio Mata Méndez autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa Leticia Martínez Anguiano, visto su contenido, se advierte que pretende promover ampliación de demanda. Al respecto debe decirse al ocursante que no ha lugar a tener por admitida la ampliación que refiere, toda vez que no está facultado para realizar cualquier acto en nombre de la quejosa, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4°, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción; asimismo, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa de la quejosa, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a la consideración del órgano jurisdiccional. Por lo que, como ya se dijo, no ha lugar a tener por admitida la ampliación que pretende el ocursante. Finalmente, cabe hacer mención a Jorge Julio Mata Méndez autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa Leticia Martínez Anguiano, que mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 61 a 64), se decretó el sobreseimiento del presente juicio; toda vez que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, remitió a este órgano jurisdiccional las constancias que justifican el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral 1467/2018.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. agréguese a sus autos el oficio signado por la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de veinte de marzo del año en curso, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena tomar en consideración las copias certificadas que remite la autoridad oficiante para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que Leticia Martínez Anguiano, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y actuario adscrito, la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 1467/2018. Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, en su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado, al manifestar lo siguiente: "Es cierto el acto reclamado a esta Junta Especial 33, sin embargo, de acuerdo a informes de la C. Secretaria de Acuerdos adscrita a esta Junta Especial Lic. Martha Patricia López González, responsable del trámite del expediente laboral al rubro citado, quien firma al margen del presente informe, lo anterior obedeció a las excesivas cargas de trabajo que imperan en la mesa de trámite de la que es responsable y al escaso personal que labora en la misma, no obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que la fecha señalada para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución, fue señalada de acuerdo a la agenda de labores de la mesa de trámite de la que es responsable. Y para acreditar lo anterior, remito copias certificadas que avalan lo expuesto" (Foja 18). Por otra parte, la Actuaria de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en su informe justificado manifestó no ser cierto el acto reclamado, al señalar lo siguiente: "No es cierto el acto reclamado a la suscrita en la forma en la que lo expresa el quejoso, toda vez que lo anterior obedeció a las razones expuestas por la suscrita en razonamiento de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual hice del conocimiento a la mesa de trámite correspondiente que del escrito inicial de demanda no se advierten domicilio en donde deban ser emplazados los demandados. No obstante lo anterior, en virtud del escrito presentado por la parte actora con fecha once de febrero de dos mil diecinueve, mediante proveído de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, se me comisionó de nueva cuenta para emplazar a juicio a los demandados, por lo que, mediante citatorio e instructivo de fechas ocho y once de marzo de dos mil diecinueve, la suscrita emplacé a juicio al demandado Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado FOVISSSTE, asimismo, mediante citatorio e instructivo de fechas seis y siete de marzo de dos mil diecinueve, la suscrita emplacé a juicio al demandado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ahora bien, por cuanto hace al demandado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la suscrita realicé razonamiento actuarial de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, mismo que fue acordado mediante proveído de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó dar vista a la parte actora con el razonamiento mencionado supra, para efecto de que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, proporcione el domicilio en donde deberá ser emplazado el demandado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y para acreditar lo anterior, me remito a la documentación certificada que se anexa al informe justificado de mi superior jerárquico." Por otra parte, mediante oficio recibido el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 60), la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, remitió a este órgano jurisdiccional las constancias que justifican el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral 1467/2018; esto es, en relación al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 1467/2018. Por su parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que dentro del juicio laboral 1467/2018, ya obran las constancias de emplazamiento de la parte demandada, como se advierte de las constancias que en copias certificadas remitió la indicada autoridad. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral 1467/2018; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con catorce minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 37) señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

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