Leticia Martín Mercado

Expediente 1077/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1077/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Leticia Martín Mercado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    se declara que el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archivo. archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Valoración de expediente. se estima que este expediente es destruible.

  2. Principal

    Quejoso interpone recurso de revisión en contra la sentencia dictada en este juicio. Distribúyanse entre las demás partes, copias del escrito que contiene los agravios. Remítanse los autos del presente asunto y sus anexos, así como el escrito que contiene los agravios, dentro del plazo de tres días, una vez que obren notificaciones, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, para que a su vez los haga llegar al órgano jurisdiccional de turno que corresponda conocer del recurso.

  3. Principal

    Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, adjunta testimonio de resolución pronunciada en revisión principal 170/2022, confirmó sentencia recurrida y la justicia de la unión ampara y protege a quejoso, en contra del acto y por la autoridad precisada en la ejecutoria de mérito. Requiérase a la autoridad responsable. Apercibida.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la constancia suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual informa su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, de conformidad a lo ordenado en la sentencia de treinta de junio pasado, por las razones que expone. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, se comisiona a un Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones necesarias a fin de notificar de manera electrónica la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a la parte aquí quejosa, en los términos ordenados. Para lo cual se inserta la sentencia emitida el treinta de junio del año en curso, en el presente juicio de amparo, en los términos siguientes: JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO AMPARO INDIRECTO 324/2021 Zapopan, Jalisco. La Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos por la Ley de Amparo dicta la siguiente: S E N T E N C I A. Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 324/2021,por derecho propio- contra los actos que reclaman al Magistrado de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Actuario adscrito a la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y Elementos de Policía que integren a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. ANTECEDENTES: Señalan los quejosos que a finales de abril de dos mil veinte, se iniciaron en el municipio de ..., obras de remodelación en el boulevard Ramón Martín Huerta, también conocido también como Boulevard ..., en el municipio de ..., obras que comprenden una distancia de dos kilómetros más seiscientos metros, el cual está identificado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como Km. 43+700 al 46+100, siendo dicho trayecto exclusivamente de jurisdicción municipal. Agregan que ese boulevard es la vía pública de comunicación terrestre más importante de su municipio, ya que lo atraviesa en su totalidad y lo conecta con otros municipios, por ejemplo, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos. La obra de remodelación consistió en establecer ocho carriles de circulación, cuatro carriles de ida y cuatro carriles de regreso. En los cuatro carriles de ida se estableció un camellón para delimitar, esto es, que tenga dos carriles centrales su camellón y dos carriles laterales y en el regreso de la misma forma, dos carriles centrales, su camellón y dos carriles laterales; y por lo que respecta a los cuatro carriles centrales también se estableció un camellón para dividir, dos carriles de ida y los dos carriles de regreso. Por lo tanto, en el boulevard se establecieron un total de tres camellones, en los términos antes descritos, así como señalamientos viales para ordenar la circulación en tal vía. Dicha obra se concluyó en su totalidad a mediados de agosto de dos mil veinte y fue realizada por el Ayuntamiento de ..., como beneficio común de todos los visitantes del municipio y en mayor medida para los que ahí habitan. Señalan los quejosos que previo a la ejecución de los trabajos de remodelación mencionados, existía un riesgo latente para toda persona que circulara por dicha vía, derivado de la falta de señalamientos viales y por la falta de camellones para delimitar los carriles de circulación, en virtud de que los vehículos, principalmente los tractocamiones de remolque sencillo y de doble semi remolque, pudieran dar vueltas en U o en L a efecto de retornar en cualquiera de los puntos de la vía, generando con ello un peligro de colisión para los vehículos que circulaban en el sentido opuesto y de atropellamiento a los miles de peregrinos que a pie visitan el "Santuario de Nuestra Señora de San ..., dado que dichos vehículos para retornar debían invadir los carriles de sentido contrario, lo que en su momento provocó múltiples percances viales. Aducen que después de los trabajos de remodelación se permitió una circulación efectiva del flujo vehicular, peatonal y no motorizado, proporcionando de tal forma mayor seguridad en el tránsito dentro del municipio, así como un embellecimiento del entorno urbano. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, advirtieron que sobre el boulevard Ramón Martín Huerta, en ..., en el tramo que pasa frente al domicilio identificado con el número ..., en posesión de la empresa ..., Sociedad Anónima de Capital Variable, algunos sujetos que no se identificaron, ni dieron explicación alguna, comenzaron a demoler los camellones y a quitar los señalamientos viales del lugar, así mismo, había presencia de la policía estatal, los cuales tampoco dieron ninguna información de su presencia en el lugar de los hechos, ni de porqué permitían que esos sujetos estuvieran demoliendo la infraestructura pública vial; solo se indicó que se iban a quitar los camellones y la señalética a fin de que los vehículos pesados de la empresa antes referida pudieran retornar, dando vuelta a la izquierda, en el punto que pasa frente a su establecimiento viniendo de Lagos de Moreno. TRÁMITE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, los quejosos demandaron -por derecho propio- el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que posteriormente se precisarán. Los gobernados identificaron como derechos humanos violados los inmersos en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos impugnados y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. La demanda de amparo fue recibida en este Juzgado de Distrito por razón de turno y se registró con el consecutivo 324/2021; por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, previo cumplimiento a una prevención, se desechó. En contra de dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, y mediante ejecutoria relativa a la sesión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la declaró fundada, por lo que en auto de treinta y uno de mayo del año indicado, se admitió a trámite la demanda. En ese mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente al momento de la presentación de la demanda de amparo; y, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013 emitido por dicho Pleno. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos realizados por autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de amparo ejerce jurisdicción; además, porque su ejecución se llevará a cabo en esta demarcación geográfica. OPORTUNIDAD. Los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de los actos reclamados el once, doce, trece y catorce de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo transcurrió para los disconformes, de acuerdo con lo establecido por el diverso 18 del propio ordenamiento, en último término, del dieciocho de febrero al diez de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, si el ocurso constitucional se presentó el nueve de marzo de dos mil veintiuno, es factible concluir que la promoción de este medio procesal de tutela de derechos fundamentales es oportuna, dado que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo genérico previsto legalmente. FIJACIÓN DE LOS ACTOS COMBATIDOS. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los Juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis en materia común P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro digital 181810, de rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En la especie, el contenido integral del ocurso constitucional y de los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario, dan pauta a establecer que la parte disconforme reclama los actos que se describen a continuación: Del Magistrado de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, reprochan La falta de llamamiento en su carácter de terceros, al juicio de nulidad ..., en el que, mediante acuerdos de veintiuno de octubre y veintitrés de noviembre, ambos de dos mil veinte, se ordenó la demolición de obras viales ejecutadas sobre el boulevard ...(denominado también como boulevard ... en el municipio de ..., a la altura de la finca ...de dicha vía. Del Actuario de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y elementos de policía que integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, les reprocha: Los actos de ejecución. CERTEZA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. Son ciertos los actos reclamados, pues los aceptaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro 394261, de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el normativo 62 de la Ley de Amparo deben analizarse las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación, la jurisprudencia en materia común II.1. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que los disconformes no acreditaron su interés legítimo para ser llamados al juicio de nulidad ...del índice de las responsables. Para evidenciar tal aserto, es menester señalar que la causal de improcedencia en estudio opera cuando el acto que se reclama no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese contexto, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Atento a lo anterior, debe tomarse en consideración lo previsto en el arábigo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, se traduce, en la parte que interesa, en que el promovente debe ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado interés jurídico. Así, el juicio de protección de derechos humanos procede: Cuando se siga a instancia de parte agraviada. Teniendo ese carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República. Y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el Máximo Tribunal de la Nación ha desarrollado una doctrina en torno al contenido y alcances que tiene la figura del interés jurídico como requisito de procedencia del juicio de amparo. De modo que, por lo que hace al interés jurídico, se estableció que: Las normas que tutelan al interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. El interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo) que se encuentra dentro de su status jurídico. Se está en presencia de un agravio o lesión al interés jurídico cuando la afectación que se aduce se refiere a un derecho subjetivo y aquélla es susceptible de individualizarse en una persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo. En el entendido de que los elementos constitutivos referidos son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa extraordinario que se intenta sea improcedente. Así se sostuvo en la jurisprudencia en materia común 2./J. 51/2019 (10), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1598, registro digital 2019456, que señala: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por su parte, tratándose del interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, de cinco de junio de dos mil catorce, en la parte que interesa, plasmó las consideraciones siguientes: 3. Análisis del interés para comparecer al juicio de amparo acorde al sistema constitucional y legal vigente. En primer término, resulta necesario desarrollar diversas precisiones terminológicas en torno al interés, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional. Así, los siguientes conceptos constituyen un marco, que si bien es de índole teórica, lo cierto es que resulta de enorme importancia para el criterio sostenido en el presente asunto. Comenzaremos señalando que el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Ahora bien, dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, mismos que son de especial relevancia para el presente caso, son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: Individual. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: Simple. Legítimo. Jurídico. Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, procederemos a desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: a) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Sin embargo, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales. En cualquier caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona En primer término, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que esta Suprema Corte había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, claro está. Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés legítimo. A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por esta Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Dicha ejecutoria dio origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014, conforme a la cual se definieron las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, las cuales son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada, expresamente, por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad por tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia, que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una disposición jurídica, pero basta que en ella se establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, aunque tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, el cual no puede ser derivado lejanamente, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso, en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El quejoso tiene un interés propio distinto, del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico; cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la resolución del Pleno no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso, del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Lo cual está contenido en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10), visible en la página 60 del Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007921, de texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Como se ve, mediante el criterio jurisprudencial transcrito y la ejecutoria que le dio origen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordo´ el examen de los siguientes conceptos Interés jurídico, identificado con la titularidad de un derecho subjetivo. Interés simple, que constituye el supuesto contrario al interés jurídico, porque su grado de intensidad en la esfera de derechos de las personas no es cualificado, personal y directo, sino que implica el reconocimiento de una legitimacion para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad que comunmente se ha identificado con las acciones populares. Interés legítimo, que no exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en sentido amplio; siendo que el agravio -el cual debe ser cierto, no hipotético- deriva de la situación objetiva y particular en la cual se encuentra el gobernado frente al orden legal. De lo que se concluye que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. En el caso, los quejosos pretenden defender un interés legítimo, en tanto que no manifiestan algún derecho subjetivo que defender. Efectivamente, los solicitantes del amparo acuden al presente juicio de amparo como vecinos del lugar en donde se está tramitando el juicio de nulidad ... promovido por ..., en representación de ...sociedad anónima de capital variable, en contra del Municipio, el Ayuntamiento Constitucional, por conducto de su órgano de gobierno (Pleno de dicho municipio), el Titular de la Dirección de Obras Públicas, el Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y, el Titular del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, todos de ...; al aducir que tienen un derecho incompatible con la pretensión de la actora, en virtud de que ésta pretende se eliminen las obras de remodelación establecidas sobre el boulevard Ramón Martín Huerta, en el municipio de ..., lo que aducen, afecta su calidad de vida como vecinos de ese municipio, y que por lo tanto, deben ser llamados como terceros al mismo. De ahí que necesariamente requieren acreditar que existe una norma constitucional que tutela algún interés difuso en beneficio de la colectividad a la que aducen pertenecer, que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, que pertenecen a esa colectividad; para analizar si el procedimiento administrativo en mención, les genera o no una afectación, de modo que deban ser llamados al mismo. Esto es, se considera que para que los quejosos demuestren ese derecho incompatible con la parte actora del juicio interés legítimo al tratarse el procedimiento de un asunto en el que se reclama una afectación en materia de vialidad, producida por una obra en construcción, deben demostrar no sólo la vecindad, cercanía o proximidad entre los predios que habitan y la obra en comento, sino también el perjuicio jurídicamente relevante acarreado por las determinaciones tomadas en el procedimiento en relación con dichas obras, en virtud de la especial situación de los quejosos frente al orden jurídico. En ese sentido, para evidenciar la falta de interés de los quejosos, para ser llamados a ese procedimiento, conviene realizar una síntesis de lo que interesa- sobre los antecedentes que conforman el juicio de nulidad, a saber: Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ..., en representación de ...sociedad anónima de capital variable, demandó del Municipio, del Ayuntamiento Constitucional, por conducto de su órgano de gobierno (Pleno de dicho municipio), del Titular de la Dirección de Obras Públicas, el Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y del Titular del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, todos de ..., lo siguiente: "La remodelación de calles que actualmente se está ejecutando en el Boulevard Lic. ..También conocido como Boulevard Gustado Díaz ..., en especial entre los cruces de las calles ... y ..., esto en la colonia ..., en la municipalidad de ... En lo que ve a la restricción del ingreso de la planta de producción propiedad de mi representada, en la cual se prohíbe de forma ilegal el uso del paso natural, servidumbre de paso y retorno que existía frente al domicilio ubicado en el número ... del Boulevard ..., al cancelarse la vuelta hacia la izquierda del sentido de circulación de Lagos de Moreno, Jalisco a ... que permitía el acceso directo a la planta de producción de mi representada, evitando con ello la circulación de vehículos pesados a la mancha urbana. Así como los siguientes actos: A) La aprobación y/o Visto Bueno del Estudio de Riesgos. B) La Licencia de Demolición y de construcción y ejecución de la obra. C) La aprobación y/o Visto Bueno del Estudio de Impacto Vial. D) El acta de cabildo donde se autorizó la obra constructiva de remodelación. E) El contrato de obra pública suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa contratista. F) La resolución, oficio, decreto o resolución que haya resuelto la licitación, otorgado la adjudicación o bien declarado ganador de algún concurso, sobre la obra pública. G) Cualquier oficio, decreto, resolución o venia que haya autorizado la obra constructiva, en su caso si es que ya se emitió." Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, entre otras cosas, se admitió a trámite la demanda, pero además se concedió la suspensión de los actos impugnados, en los términos siguientes: "Por tanto, esta Sala considera que es viable material y jurídicamente paralizar los efectos de los actos impugnados a las autoridades demandadas, por lo que debe concederse la medida cautelar solicitada por el promovente consistente en la suspensión respecto de la consecuencia de los actos impugnados para los siguientes efectos: Cesen temporalmente los efectos y consecuencias de los actos que se impugnan, a la postre las licencias, venias o autorizaciones que permiten se lleve a cabo la obra pública de remodelación de calles que actualmente se está ejecutando en el Boulevard ...También conocido como Boulevard Gustavo Diaz ..., frente al ... del Boulevard Gustavo Diaz ..., entre los cruces de las calles ... y Adrián Martin, esto en la colonia ..., en la municipalidad de ..., lugar en el que se ubica la planta de producción de la parte actora, en lo relativo a la restricción del ingreso a la planta de producción, con la que se prohíbe el uso del paso natural, servidumbre de paso y retorno preexistente para el ingreso al domicilio ubicado en el número ... del Boulevard Gustavo Diaz ..., evitando con ello la cancelación de la vuelta a la izquierda del sentido de circulación de Lagos de Moreno, Jalisco a ... que permite el acceso directo a la planta de producción, evitando con ello la circulación de vehículos pesados a la mancha urbana. Adecuen en forma inmediata la obra pública para el efecto de que se hagan las adecuaciones técnicas necesarias que restituyan a la actora en el uso del retorno, servidumbre de paso y ingreso natural a la planta de producción que se encontraba frente al ... del Boulevard Gustavo Diaz ..., Colonia ..., en San... de los Lagos Jalisco, para con ello evitar el riesgo de atentar contra la vida de los peatones, transeúntes y población de San ... de Los Lagos, Jalisco, con el ingreso de camiones de carga pesada a la mancha urbana de dicho lugar, en la que se ubica una pendiente que provoca el riesgo inminente. Apercibiendo a la parte demandada, que de no realizar las adecuaciones técnicas necesarias materia de la suspensión dentro del término de 5 días las podrá realizar la parte actora a costa de la parte demandada. Vigilen que el o los terceros interesados acaten el auto o resolución de suspensión; lo anterior hasta en tanto esos actos sean revisados en esta instancia constitucional. Así, esta decisión procura reconocer y privilegiar el efecto útil de los derechos humanos conforme al principio hermenéutico pro persona, el cual exige una protección integral de los derechos humanos acorde a las exigencias que el caso amerite." Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte,..., en su carácter de Presidente Municipal de San ... de Los Lagos, Jalisco, presentó recurso de reclamación en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte -inconformándose con los términos en que se concedió la suspensión de los referidos actos combatidos-. Luego, el aquí tercero interesado, en once de noviembre de dos mil veinte, presentó escrito relativo a la suspensión concedida, donde solicitó a la sala responsable que hiciera efectivo el apercibimiento contenido en el auto que concedió la suspensión, y la facultara para que, a costa de las demandadas y con auxilio de la fuerza pública, se realizaran las adecuaciones ordenadas en el mismo. Con relación a esa solicitud, la sala responsable dictó el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en donde, además de admitir a trámite el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de veintiuno de octubre de ese mismo año, se pronunció sobre las manifestaciones relativas a la suspensión, en los siguientes términos: "Se recibe en Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día doce de noviembre de dos mil veinte, el ocurso signado por ..., Javier Jiménez Padilla, Luís Alfredo Márquez Márquez y Donato Herrera Nava, a quienes se les reconoce el carácter de Presidente Municipal, Director de Obras Públicas. Director del comité de planeación y Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, todos del H. Ayuntamiento Constitucional de san ... de los Lagos Jalisco, el primero de ellos no acredita su personalidad en virtud de que dicho cargo es de elección popular. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el articulo 44 fracción Il de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación a los demás ocursantes, acreditan su carácter al exhibir copia certificada de su nombramiento. Proveyendo su contenido, se tiene a los antes mencionados interponiendo recurso de reclamación en contra del auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte; mismos que se admiten en el solo efecto devolutivo, en virtud de que la interposición del recurso no suspende el procedimiento, ni los efectos de la resolución recurrida. Con las copias simples que se exhiben de los recursos interpuestos y que contienen los agravios del recurrente, se ordena correr traslado a las partes, para que dentro del término de 5 cinco días expresen lo que a su derecho convenga en relación a los agravios vertidos por el recurrente.- Una vez contestados los agravios o transcurrido dicho término, remítanse a la H. Sala Superior de este Tribunal las constancias necesarias para la substanciación, para la designación del Magistrado Ponente y resolución del recurso.- Lo anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 17, 19, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Se recibe en Oficialía de Partes común de este Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Jalisco con fecha once de noviembre del año en curso, el escrito signado por ..., en su carácter de Administrador General Único de la sociedad actora en el presente juicio ..., escrito que se ordena agregar a autos para los efectos legales a que haya lugar; proveyendo su contenido, se tiene a la parte actora realizando manifestaciones respecto a la omisión por parte de las autoridades demandadas de dar cumplimiento a la medida cautelar concedida en el auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, del escrito referido en el párrafo que antecede, y tomando en atención las manifestaciones vertidas por la sociedad actora, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 66 y 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y toda vez que con la medida cautelar concedida en el auto admisorio no se causa perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público ya que increpan las consecuencias jurídicas que pudiera derivarse de la ejecución de los actos impugnados, cuyas consecuencias podrían ser de difícil e inclusive imposible reparación por los daños perjuicios que pudieran ocasionarse al promovente del presente juicio, es de instruirse al C. Actuario de esta Sala Unitaria para efecto de que practique la diligencia y levante el acta pormenorizada correspondiente, y con auxilio de la fuerza pública, adecuen en forma inmediata la obra pública para el efecto de que se hagan las debidas adecuaciones técnicas necesarias que restituyan a la actora en el uso del retorno, servidumbre de paso e ingreso natural a la planta de producción que se encontraba frente al ... del Boulevard ..., Colonia ..., en ..., para con ello evitar el riesgo de atentar contra la vida de los peatones, transeúntes y población de San ...de Los Lagos, Jalisco, con el ingreso de camiones de carga pesada a la mancha urbana de dicho lugar, en la que se ubica una pendiente que provoca el riesgo inminente. Se apercibe a las autoridades demandadas que en caso de incumplir la medida cautelar otorgada en el presente juicio de nulidad con fecha veintiuno de octubre del año en curso se harán acreedoras a una multa por el equivalente a 90 noventa unidades de medida y actualización, medida de apremio previsto por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; apercibidas que en caso de no cumplir con lo aquí previsto, se procederá de conformidad con los numerales 103 y 104, de la Ley que nos rige, independientemente que se haga uso de los medios de apremio y medidas disciplinarias establecidas en el numeral 10 de la citada Ley. Por último, y en razón de lo anteriormente expuesto y con la finalidad de que se cumpla la medida cautelar concedida en el presente juicio administrativo, se ordena girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, para que por su conducto, poresté el auxilio que sea necesario para llevar a cabo la diligencia que se ordena en el presente auto." Por otro lado, ..., en su carácter de Presidente Municipal de San ... de Los Lagos, Jalisco, también presentó recurso de reclamación en contra del citado proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte -en esta ocasión lo hizo con relación al carácter con que se ostentó a juicio, por no habérsele reconocido-. Por autos de veintitrés de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar trámite a los recursos de reclamación, así como correr traslado a las partes, para que en el término de cinco días expresaran lo que a su derecho conviniera. Como se aprecia de las constancias que fueron remitidas por la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y que integran el cuaderno de pruebas, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el veintiuno de octubre de dos mil veinte se concedió la suspensión a la parte actora de los actos reclamados, para el efecto de que se adecuara de forma inmediata la obra pública y se hicieran las adecuaciones técnicas necesarias que restituyan a la actora en el uso del retorno, servidumbre de paso e ingreso natural a la planta de producción que se encontraba frente al ...del Boulevard ..., Colonia ..., en San ... de los Lagos Jalisco; asimismo, que el veintitrés de noviembre de ese mismo año, se reafirmaron dichas medidas. También se evidencia que los quejosos no tienen algún carácter reconocido en el juicio de nulidad ..., dado que no fueron llamados al mismo, ni han comparecido a dicho procedimiento solicitando se les reconozca como terceros interesados. Ahora bien, los artículos 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, señalan: "Artículo 3. Son parte en el juicio administrativo: El actor; El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad que dicte u ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución o tramite el procedimiento impugnado o la que la sustituya legalmente; b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación, extinción o nulidad pide la autoridad administrativa; y El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Quien tenga interés jurídico en la anulación de un acto favorable a un particular también podrá presentarse en el juicio como coadyuvante de las autoridades administrativas, sin que por ello se le prive de la legitimación para ejercer la acción por sí mismo." "Artículo 4. Sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión." De la interpretación gramatical de los preceptos legales transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que es parte en el juicio administrativo, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, quien además, deberá tener un interés jurídico que funde su pretensión. En ese sentido, los quejosos exhibieron al sumario constitucional las documentales siguientes: Copias simples de credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de: ... ... ... ...Recibos de luz, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de: ... José Mata De la Torre ...Copia simple de los proveídos dictados el veintiuno de octubre y veintitrés de noviembre, ambos de dos mil veinte, en el expediente ... del índice de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Copias exhibidas de forma electrónica, de las cuales manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que son copia íntegra e inalterada de los documentos originales impresos, consistentes en: Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ... Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ... José Mata De la Torre Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ...Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ...Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ...Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ...Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ...Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ...Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... José Mata De la Torre Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ...Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de ... Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de... Recibo expedido por Teléfonos de México a nombre de... Recibo expedido por Teléfonos de México a nombre de... Ahora bien, por lo que hace a las copias simples exhibidas, carecen de valor probatorio pleno -en términos de lo dispuesto por el precepto 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo- pues sólo constituyen un indicio de los documentos reproducidos por ese medio. Sirve de apoyo a lo expuesto, por su contenido, la jurisprudencia en materia común 2./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 127, registro digital 192109, cuyo sumario indica: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. También sirve de sustento a lo expuesto, en lo relativo, la tesis en materia común 2a. CI/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, noviembre de 1995, página 311, registro digital 200696, que a la letra preceptúa: "COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTÁ CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCIÓN. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador." Por su parte, los recibos de luz exhibidos en original y los diversos documentos exhibidos de forma electrónica, merecen pleno valor probatorio, pues al ingresarse como prueba al expediente electrónico deben considerarse como si se hubieran presentado en su versión física, aunado a que no fueron objetados por las partes en cuanto a su autenticidad; de los que se desprende que los quejosos son vecinos de ..., dado que en dichos documentos se asentó como sus domicilios esa población. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común 1 VIII/2021 (10), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 84, marzo de 2021, tomo II, página 1227, registro digital 2022826, que expone: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE. Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, modificado o procesado por medios electrónicos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado. Sin embargo, con dichas documentales los promoventes no acreditan, ni de manera indiciaria, ni presuntiva, que tengan un derecho incorporado a su esfera jurídica, como tampoco un interés legítimo, esto es, la existencia de una norma constitucional que tutela algún interés difuso en beneficio de los pobladores y vecinos de San ... de los Lagos, que el acto reclamado transgrede ese interés difuso de manera colectiva, o un daño inminente e irreparable a su pretensión y por lo tanto, un derecho incompatible con el de la parte actora en el juicio de nulidad. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional los quejosos no acreditan su interés legítimo para promover el juicio de amparo. En efecto, si bien los quejosos demuestran habitar en el poblado de San ... de los Lagos, en el que se está realizando la demolición de obras viales en el Bulevard Ramón Martín Huerta, en ..., por virtud de las órdenes emitidas en el juicio de nulidad de origen, lo cierto es que no acreditan el perjuicio jurídicamente relevante generado por las obras en construcción en ese municipio, en virtud de la especial situación que tienen frente al orden jurídico. Se afirma lo anterior, porque no se advierte el interés jurídicamente relevante, por no aducir, menos demostrar, la existencia de un vínculo o un derecho objetivo que de concederse el amparo, surja un beneficio jurídico en los quejosos, un efecto positivo inmediato en su esfera jurídica. En efecto, los quejosos no logran acreditar la afectación jurídica en sentido amplio bajo un parámetro de razonabilidad, que no es otra cosa que el vínculo entre éstos y la afectación aducida. Se dice lo anterior, porque los quejosos no demuestran tener un interés común distinto a los demás habitantes de ... De lo anterior se colige, sin lugar a dudas, una evidente carencia de interés legítimo para ejercer la acción de amparo, ya que los solicitantes del amparo no demostraron encontrarse en una situación jurídica identificable, objetiva y particular frente al interés de la parte actora del juicio de demoler las obras viales precisadas. Por el contrario, quedó evidenciado que los actos impugnados únicamente los reclaman porque estiman que con la destrucción de la infraestructura vial del municipio, para que los camiones del actor del juicio de nulidad puedan dar la vuelta, sin necesidad de ir al semáforo donde les corresponde, pone en riesgo la vida e integridad de las personas que habitan San ******************** de los Lagos, así como de aquéllas que la visitan en las diferentes épocas del año, dado que los camiones pesados de remolque sencillo o doble semirremolque ya pueden dar la vuelta en retorno, invadiendo los carriles centrales y laterales que van en sentido contrario, sin ningún control ni orden, entorpeciendo la circulación y generando una situación continua de peligro, aunado a que, aducen, la vista de la ciudad y la estética del bulevard quedó gravemente afectada, pues quedó destruido el camellón y sin continuidad. Lo cual, de acuerdo a lo explicado en párrafos previos, constituye un interés simple que no puede dar lugar a la procedencia del juicio constitucional. Sin que pueda concluirse de otra forma, sólo por manifestar que son vecinos de la población de San ... de los Lagos, donde se ubica el boulevard afectado, ya que esa situación, de ninguna manera puede traducirse en una especial situación frente al orden jurídico que les confiera un interés personal, cualificado, real y jurídicamente relevante, ya que, la afectación que a decir de los quejosos en su demanda de amparo, produce la demolición de parte de ese camellón, no les es exclusiva ni diferenciada, por lo que una eventual concesión del amparo no les traería a los quejosos un beneficio jurídico personal y directo. Luego, conforme a los razonamientos expuestos, se hace evidente que con las probanzas aportadas a este sumario constitucional, los solicitantes del amparo no acreditaron que tienen un interés legítimo para impugnar la demolición de obras viales, ejecutadas sobre el Boulevard ...(denominado también como Boulevard ...) en el municipio de ... y por lo tanto, que tienen una pretensión contraria a la del promovente del juicio de nulidad, para que deban ser llamados como terceros a ese procedimiento. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo se traduce en un interés simple de los quejosos como ciudadanos y vecinos de San Luan de los Lagos, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. De ahí que, como se anticipó, se actualice la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación coarte el derecho de acceso a la justicia de los quejosos, dado que pueden acudir ante el procedimiento de origen a solicitar que se les reconozca el carácter de terceros que aducen tener. DECISIÓN. En las condiciones relatadas, ante la actualización de la causal de improcedencia que prevé el dispositivo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento de la materia. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se reprochan, en atención a que los quejosos no los reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del analizado en esta resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, séptima época, página 286, registro digital 253622, que a la letra preceptúa: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." De igual manera sustenta lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXIII, página 368, registro digital 354839, bajo la voz: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. Es de la esencia de la institución del sobreseimiento en el juicio de amparo, que no pueden ser tocadas en la sentencia, las cuestiones de fondo, ni decidir sobre si los conceptos de violación de garantías individuales en la demanda de amparo, son o no, fundados. Por tanto, es indudable que el sobreseimiento debe extenderse también a la consecuencia legal del acto reclamado que, como accesoria, debe también seguir la suerte de la decisión principal. En ese sentido, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de tutela de derechos fundamentales. Sirve de sustento la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 24, tercera parte, página 49, registro digital 239006, que refiere: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. También es aplicable la tesis en materia común sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 187-192, primera parte, página 88, registro digital 232302, que expone: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. Finalmente, conviene señalar que todos aquellos criterios que se han invocado en este fallo, resultan aplicables, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor del ordenamiento de la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en la nueva ley; por lo que es evidente que tales criterios cobran aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo "Sexto" transitorio del Decreto invocado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 61, 64, 73, 74, 75, 123, 124 y relativos de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo por derecho propio contra los actos que reclaman al Magistrado de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Actuario adscrito a la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y Elementos de Policía que integren a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, por las razones expresadas en el apartado VII, de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitió la excesiva carga de trabajo de este Juzgado, ante María del Rosario Muñoz Macías, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe."

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