Leticia Marina Galicia Herrera

Expediente 632/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
632/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Leticia Marina Galicia Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés Agréguese el oficio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que contiene el acuerdo de veintiocho de marzo de este año, dictado en el amparo directo 305/2022 de su índice, por el que ordena la remisión del cuaderno que le fue enviado con motivo de la declinatoria plateada por este juzgado de Distrito, atento a su contenido, intégrese al cuaderno de antecedentes 632/2022 de nuestra estadística para que obre como corresponda, debido a que en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del asunto como concluído. Finalmente, se ordena devolver este expediente al archivo para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el expediente relativo al amparo en revisión 283/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el cual obra glosada la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente auxiliar 145/2018 del índice del Tribunal Colegiado oficiante. Acúsese recibo de estilo correspondiente y estese a lo resuelto por el Tribunal que determinó: "(.) PRIMERO. Se declara INTOCADA la sentencia recurrida por lo que hace al quejoso [1] *****, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida, en términos del considerando sexto de esta resolución TERCERO. Queda FIRME el SOBRESEIMIENTO y la NEGATIVA reflejados en los resolutivos, primero y segundo, respectivamente, de la sentencia que se revisa, atento a lo determinado, en el considerando noveno del presente fallo. CUARTO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 9638/2015, promovido por Miguel Humberto Villareal Buenfil, respecto del Resolutivo Cuarto del Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, pendiente de publicación, atento a las consideraciones contenidas en el octavo considerando del presente fallo. QUINTO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Humberto Villareal Buenfil, en el juicio de amparo indirecto 9638/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el décimo considerando de este fallo. (.)" Realícense las anotaciones respectivas, estese a lo resuelto por dicho tribunal y hágase del conocimiento a las demás partes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, debido a que el Tribunal Colegiado oficiante, envía testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cual se encuentra glosada en el toca relativo al Amparo en revisión administrativa 283/2017, de conformidad con el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de la ejecutoria para que obre agregada. ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la superioridad dejó intocada la sentencia dictada por este juzgador por lo que hace al quejoso Ignacio Inocencio de Dios Martínez, y que del análisis del Décimo Tercero considerando de la misma se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013,. .En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si al quejoso IGNACIO INOCENCIO DE DIOS MARTÍNEZ, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Asimismo, remítase copia a las autoridades responsables de la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual resuelve el recurso de revisión interpuesto en autos. Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 145/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, derivado del amparo en revisión amparo en revisión 283/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a las quejosas de los juicios de amparo 4045/2015 *********** la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, por los motivos que expone. En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación antes mencionada por medio de lista, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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