Leticia Mariana Franco Cruz
Expediente 1618/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Leticia Mariana Franco Cruz y Otros.
- Leticia Mariana Franco Cruz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos; el estado de autos y la certificación de que antecede, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de dieciséis de octubre de la anualidad en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** mandatario judicial de ********************. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, mandatario judicial de ********************. Se ordena formar el expediente correspondiente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1618/2023-VIII. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el Toca Civil número ********************,********************, relativa al juicio ordinario civil ********************, de nulidad de escritura, por medio de la cual modifica el auto de doce de junio de dos mil veintitrés y ordena declarar desiertas las probanzas de inspección judicial. Del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal: Su ejecución. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado, tiene su origen en un acto intra-procesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en el asunto de origen y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, contra los actos dentro de juicio que solamente tengan efectos intraprocesales será improcedente el juicio de amparo indirecto, pues pueden ser reparadas aquellas violaciones al dictarse la sentencia correspondiente y en caso contrario, se pueden reclamar en amparo directo que se promueva contra esta última, en términos de los artículos 170, fracción I y 174, de la Ley de Amparo. Por lo que, los actos que en esta instancia se reclaman, no tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues la aquí quejosa es parte en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura ********************; es decir, no es ajena a la controversia, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Por las razones que las informan, resultan ilustrativas las Jurisprudencias de rubros y texto: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Así, la quejosa se duele de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el Toca Civil número ****************************************, relativa al juicio ordinario civil relativo a la acción de nulidad de escritura ********************, en el que modifica el auto de doce de junio de dos mil veintitrés, y ordena declarar desiertas las pruebas de inspección judicial. No obstante, se estima que el acto reclamado no produce contra la promovente una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual, el ejercicio de un derecho, contrario a ello, sólo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues el acto deriva de un juicio civil, del cual es parte y aun cuando alegue violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, ya que tiene su origen durante la etapa del procedimiento del juicio de origen y, por ende, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha actuación repercute únicamente en los derechos adjetivos de las partes, no así en sus derechos sustantivos y, en todo caso, podrían ser materia de amparo directo en caso de que el juicio de origen concluya con una resolución contraria a sus intereses. Así, aplicando lo expuesto al caso de nuestra atención, tenemos que la resolución impugnada no es de naturaleza irreparable, sino que resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el resultado del mismo, en todo caso, tendría repercusión directa en los derechos adjetivos de las partes; por tanto, se reitera que el acto reclamado no es de imposible reparación. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, afecte la defensa de la quejosa y trascienda al resultado del fallo adverso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Y por el contenido jurídico que la orienta, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO, AUTORIZADOS, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Con fundamento en el artículo 108, párrafo I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Registro Nacional de Profesionistas, dependiente de la Secretaría de Educación y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************ambos de apellidos********************, por así haberlo solicitado expresamente. Respecto del correo electrónico y número telefónico que proporciona, éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se les tiene por ofrecidos para esos efectos. ACCESO Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Además, se tiene al promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre del usuario "********************". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. Por ello, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, que realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción que realicen la digitalización de las notificaciones, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención a la solicitud realizada por esta potestad, manifiesta que autorizó la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo ********************, de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por lo que, instruyó al Oficial Judicial A, de su adscripción, que realizara las gestiones necesarias a fin de efectuar la vinculación del expediente electrónico de dicho expediente con el presente sumario. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, párrafo segundo, agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, y se toma conocimiento de lo informado por la oficiante. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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