Leticia Manzano Cano

Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1108/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Leticia Manzano Cano

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Kithzaim José Ruiz Santiago Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Leticia Manzano Cano, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales N. A. R. M. y J. R. M., por su propio derecho, contra actos de Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número 1108/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Conviene precisar que en el presente asunto se omitirán aquellos datos que pudieran identificar a los menores quejosos, acorde con lo establecido por la Convención Sobre Derechos del Niño, el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el numeral 6 del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores" del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes". Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, de la demanda de amparo se advierte que en el caso la parte quejosa reclama del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, el acuerdo de doce de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio familiar 04/2022, de su índice, en el cual determina no ha lugar a modificar la forma del pago de la pensión alimenticia pactada en el convenio que puso fin al referido juicio familiar. Sin embargo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque previo a la promoción del juicio de amparo la quejosa debió agotar el recurso de apelación. En efecto, el precepto invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la intelección a la porción normativa transcrita, se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo; salvo que se actualice alguno de los supuestos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En el caso, como se anticipó, contra el acto reclamado procede el recurso de apelación, regulado los artículos 670, 673, 971, 972, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que disponen lo siguiente: "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte." "Artículo 971.- La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes. "Artículo 972.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por éste Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por disposiciones generales de éste Código, igualmente se regirán por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos: pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." "Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza." "Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." Las porciones normativas aludidas que regulan de manera genérica el recurso de apelación, en lo que al caso interesan, establecen que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva; asimismo, se aprecia que contra las sentencias dictadas en los juicios de controversia del orden familiar procede recurso de apelación que se admitirá en efecto devolutivo; que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; que tratándose de alimentos no precederá suspensión de la pensión provisional o definitiva con fianza; y que son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en el código adjetivo procesal y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. Cabe mencionar que el numeral 962 del Código Procesal Civil para el Estado de Oaxaca, dispone: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención.' (.) 'Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." En otro aspecto, cabe precisar que el numeral 962 del Código Procesal Civil para el Estado de Oaxaca, dispone: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención.' (.) 'Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." De esa porción normativa destaca que las decisiones de carácter urgente que adopte un juez dentro de un procedimiento de controversias del orden familiar y que tengan por objeto garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien los solicite, 0. Acerca de ese tópico, el entonces Pleno en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en sesión ordinaria virtual de siete de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió la contradicción de tesis denunciada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en donde concluyó, esencialmente, que: El acuerdo que fija la pensión alimenticia provisional sí es una medida provisional y urgente, ya que tiene por objeto garantizar la supervivencia del que los necesita, durante la tramitación del juicio. El artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, regula aspectos específicos en materia familiar respecto de los alimentos y aún más, en cuanto a los recursos tratándose de los alimentos provisionales, pues es expreso al señalar que en contra de las medidas provisionales y urgentes que tome el juez, no se admite más recurso que el de responsabilidad. En contra del auto que decreta la pensión alimenticia provisional no procede el recurso de apelación ni algún otro, pues se trata de una determinación provisional y urgente, ya que tiene por objeto garantizar, durante la tramitación del juicio, la supervivencia del que los necesita. La contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia PC.XIII.C.A. J/1 C (11a.), localizable de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECRETA, ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posiciones encontradas al resolver sendos recursos de revisión, pues por un lado, uno consideró que el recurso de apelación es improcedente en contra del auto que fija la pensión alimenticia provisional, mientras que los otros dos determinaron que en contra de dicho acto sí es procedente el recurso de apelación. Criterio jurídico: El Pleno en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito determina que en contra del auto que decreta la pensión alimenticia provisional, no procede el recurso de apelación ni algún otro. Justificación: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones jurisdiccionales. El recurso de revocación (reposición en la segunda instancia) procede en contra de los decretos y autos respecto de los cuales no se prevea expresamente la alzada. El recurso de apelación es taxativo, pues se interpone en contra de las determinaciones respecto de las que expresamente la codificación señala su procedencia, que pueden entenderse son las que paralizan el juicio, mismas que se traducen en sentencias definitivas dictadas en juicios ordinarios, interlocutorias y los autos definitivos, o que según la interpretación sistemática de las normas, tengan una ejecución irreparable en la sentencia definitiva; el recurso de queja es procedente en contra del desechamiento de la demanda, el desconocimiento de la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, denegada apelación, actos de ejecución y omisiones, entre otros; y la responsabilidad, que en realidad no es un recurso, al no tener por objeto la revisión de la determinación impugnada. Ahora, el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca establece la regla general de procedencia del recurso de apelación en los juicios de controversias del orden familiar, incluyendo los alimentos; sin embargo, el diverso 962 del mismo ordenamiento legal prevé la regla especial consistente en que tratándose de las medidas provisionales y urgentes que el Juez emita al recibir una demanda en materia familiar y de alimentos, no admite más recurso que el de responsabilidad. Por ende, el auto que fija la pensión alimenticia provisional es una determinación provisional y urgente, ya que tiene por objeto garantizar la supervivencia del que los necesita, durante la tramitación del juicio; por lo que en aplicación del principio de especialidad normativa debe prevalecer el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca frente al 973 del mismo ordenamiento y, por tanto, contra esos actos no procede recurso alguno". De lo anterior se concluye que las determinaciones de carácter urgente que adopte un juez dentro de un procedimiento de controversias del orden familiar, que tengan por objeto garantizar los alimentos, esto es, la supervivencia de quien los necesite o proteger su integridad personal, no son impugnables mediante algún recurso ordinario. Ahora bien, en el caso, de los antecedentes formulados por la quejosa en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: La quejosa Leticia Manzano Cano, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales N. A. R. M. y J. R. M., demandó a Juan Antonio Ramos Vargas, en la vía de controversias del orden familiar, en lo que interesa, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento definitiva, el cual fue radicado bajo el número de expediente 04/2022. Asimismo, que en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el juzgado responsable fijó una pensión alimenticia a favor de Leticia Manzano Cano (parte quejosa) y de sus menores hijos de iniciales N. A. R. M. y J. R. M., por el cuarenta y cinco por ciento de su salario y demás prestaciones, que en forma quincenal devengue como empleado del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Posteriormente, se ordenó librar el oficio correspondiente (122/2022), al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la fuente de trabajo, para realizar dicho descuento, mismo que no fue concretado, dado la distancia que existe entre el juzgado y la fuente de trabajo. Ante tal circunstancia, el pasado dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la aquí quejosa y el ciudadano Juan Antonio Ramos Vargas, ratificaron un convenio ante el Juzgado responsable, a efecto de dar por terminada la controversia de origen, por el cual el ahí demandado se comprometió a pagar la cantidad de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos, cero centavos 00/100 M.N), de manera quincenal los días dieciséis y treinta de cada mes, cantidad que el progenitor refirió equivalía al 45% de su salario. Con posterioridad, la quejosa presentó un escrito en el que solicitó a la autoridad responsable, se sirviera modificar la cláusula tercera del convenio ratificado por las partes, esto es aplicando el pago de dicha pensión de cuarenta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones, directamente de la fuente de trabajo del demandado, a efecto de que se dejara de entregar personalmente a la ahí actora el numerario pactado en el convenio. Mediante determinación de doce de octubre de dos mil veintitrés, la responsable determinó que no ha lugar a modificar el convenio en lo relativo al pago de la pensión alimenticia solicitada, ya que las reglas del procedimiento no pueden alterarse ni modificarse por voluntad de las partes, ya que mediante convenio ratificado fue voluntad de las partes las clausulas ahí plasmadas, razón por la cual se canceló el oficio número 122/2022, por el cual se ordenaba descontar dicha pensión alimenticia. Lo cual constituye el acto reclamado. Como se observa, la quejosa reclama la determinación de doce de octubre de dos mil veintitrés, por el cual la autoridad responsable determinó que no ha lugar a modificar el pago de la pensión alimenticia solicitada. No se discute que esa determinación, desde luego versa sobre un problema inherente a la familia, como lo es precisamente el reclamo de alimentos derivados del vínculo familiar entre la parte quejosa y el demandado en el juicio de origen. Sin embargo, tal decisión no constituye una medida provisional, en tanto, únicamente se refiere a la negativa de modificar la forma en la que se paga la pensión que ya ha sido pactada por las partes a través de un convenio que puso fin a la controversia. Aunado a ello, contra lo que pretende la quejosa, la decisión señalada como acto reclamado no tiene el carácter de urgente (una medida provisional urgente), que pudiera dar lugar a su impugnación directa en el juicio de amparo biinstancial, pues en el caso no se advierte que exista riesgo de que la parte acreedora alimentaria, en particular, lo menores hijos, no estén recibiendo la pensión. Pues lo único que se solicitó en el juicio de origen fue cambiar la forma en la que ésta se recibía, para que fuera a través del empleador del progenitor deudor alimentario. Sin que se desprendan datos de los que pueda por lo menos inferirse que esa providencia afecte de manera directa e inmediata la integridad de alguna de las partes y, en particular, de la quejosa De ahí que no existe el elemento de urgencia que pudiese dar lugar a la impugnación del acto reclamado en el juicio de amparo biinstancial; por lo que no ubica en el supuesto del artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y la jurisprudencia antes invocada, sino la regla general prevista en el diverso numeral 973 del código procesal civil para el Estado. De ahí que el acto reclamado, dadas las peculiaridades del asunto, no pueda considerarse una medida de carácter urgente y que tenga por objeto garantizar los alimentos y sobre todo, la elemental subsistencia de la parte quejosa. Por tanto, a pesar de que en general los alimentos son de orden público e interés social, ello no basta para pretender que la resolución de la responsable de determinar que no ha lugar a modificar la forma de pago de la pensión alimenticia solicitada, por sí, esto es, con abstracción de las particularidades del caso, constituye una medida provisional urgente sobre el derecho a recibir alimentos. No obsta a ello que se encuentre le asista la calidad de acreedores alimentarios a los menores hijos, pues como se precisó no se actualizan las notas de provisionalidad y urgencia aludidas previamente. Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que; I) no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2) tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, 3) tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En esas condiciones, ante la inobservancia del principio de definitividad, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Nahin Villafañe Zavala, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada 2a.VIII/2020 (10a.), registro digital 2021840, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, décima época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario Villafane0101; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario Villafane0101, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Kithzaim José Ruiz Santiago, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano