Leticia Lopez Novella
Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leticia Lopez Novella
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de seis de septiembre del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente principal es conservable dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés1 , aplicado por analogía, pues aunque en el presente juicio de amparo se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano. De este modo, en términos del numeral 9 del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto ********************, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a la responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 593/2023-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El quince de junio de dos mil veintitrés, se recibió la demanda presentada por ***, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Director de la Clínica del Hospital General de Zona Número Seis, 2) Responsable del Departamento de Suministro y Control de Abasto Delegacional y 3) Subdirector Administrativo de la Unidad Médica del Hospital General de Zona Número Seis, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 4º, párrafo cuarto, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El quince de junio de dos mil veintitrés, se radicó con el consecutivo 593/2023-V, proveyendo sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: Del 1) Director de la Clínica del Hospital General de Zona Número Seis, 2) Responsable del Departamento de Suministro y Control de Abasto Delegacional y 3) Subdirector Administrativo de la Unidad Médica del Hospital General de Zona Número Seis, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) la omisión de brindarle atención médica, a través del tratamiento de quimioterapia, consistente en medicamento y estudios. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, al rendir informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le endilgan; sin embargo, de la relación de actuaciones que realiza, se advierte su existencia, a saber la omisión de brindar atención médica a la justiciable en tiempo y forma. Por su parte, el Responsable del Departamento de Suministro y Control de Abasto Delegacional y el Subdirector Administrativo de la Unidad Médica del Hospital General de Zona Número Seis, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron omisos en rendir sus informes justificados no obstante haber sido debidamente requeridos para ello. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto que les reclama la parte quejosa, en términos de los ordinales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de brindarle atención médica, a través del tratamiento de quimioterapia, consistente en medicamento y estudios. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El quince de junio de dos mil veintitrés, la quejosa presentó demanda de amparo, en la que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la omisión de brindarle atención médica, a través del tratamiento de quimioterapia, consistente en medicamento y estudios. Asimismo, manifestó ser derecho habiente de dicho Instituto, pues cuenta con cartilla nacional de salud para citas médicas con número ***, así como que en el año dos mil veintidós fue diagnosticada con cáncer de mama lado izquierdo, por lo que a partir de entonces ha recibido atención médica en las clínicas 46 y Hospital General de Zona Número 6, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad. En esta misma línea, la promovente refirió que el treinta de enero de dos mil veintitrés, su médico tratante, doctora María Helena Villalobos Gómez, le recetó los medicamentos y tratamiento médico siguientes: A) Doxorubina 115 mg IV cada 21 días B) Ciclofosfamida 115 mg IV cada 21 días C) Posteriormente 4 siclos docetaxel 145 mg IV cada 21 días D) Cita subsecuente connl ABS y TAC solicito VPO YC colocación de casteter puerto, cita abierta a urgencias. Por lo que el quince de febrero de dos mil veintitrés, ingresó su documentación a efecto de que se le entregaran dichos medicamentos, de ahí que a la fecha de la presentación de su demanda, había recibido cinco quimioterapias, y restaban de recibir las correspondientes a las fechas de 1) 01 de junio de 2023, 2) 22 de junio de 2023 y 3) 13 de julio de 2023. 2. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Director del Hospital General de Zona Número Seis, del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando lo relativo a la atención médica brindada a ***, para lo cual comunicó que a esa fecha concluyó con el suministro de los medicamentos denominados doxorubicina y ciclofosfamida, por lo que, se encontraba en la etapa de aplicación del diverso llamado docetaxel, cuya función es interferir en la propagación de las células cancerosas, mismo que según se advierte de la hoja de registro de quimioterapias que adjuntó, le fue administrado el veintidós del citado mes y año, señalando que la paciente se encuentra en etapa de tratamiento sostén. 3. El tres de agosto de dos mil veintitrés, el Director del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el diecisiete de julio del año en curso, se aplicó a la peticionaria de amparo, la siguiente dosis del medicamento denominado docetaxel; lo que acreditó con la copia de la hoja de registro de quimioterapias que adjunto. 4. El ocho de agosto de dos mil veintitrés, la autorizada de la quejosa, comunicó que la justiciable le informó que se le aplicó el medicamento docetaxel y que se programó cita para el veinte de noviembre, con el propósito de entregarle pastillas por el lapso de cinco años. Asimismo, que le implantaron un catéter que le causaba dolor, por lo que, a fin de que lo revisaran, acudió al Hospital General de Zona número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero le habían estado negando al Doctor Guerrero; de ahí que se vio obligada a acudir con un médico particular, quien le indicó que el catéter no estaba bien puesto, por lo que solicitó se requiera a las autoridades responsables, con el propósito de que se le brindara una cita para que el catéter fuera revisado y el dolor desapareciera. 5. El veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Director del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando que el cuatro de ese mes y año, *** se retiró el catéter de manera voluntaria en una institución privada; por ello, se encontraba imposibilitado para dar observancia al mandamiento realizado el ocho de los mismos, en el que se le ordenó brindar cita a la quejosa a efecto de revisar el mencionado catéter. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna en el plazo concedido. Por lo que, los actos que por esta vía se reclaman consistentes en la omisión de brindar atención médica, debe estimarse que han cesado, ya que de los antecedentes narrados se desprende que se brindó la atención médica reclamada, esto es, el veintidós de junio y el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se le suministró el medicamento denominado docetaxel, además de que cuenta con cita para el veinte de noviembre de dos mil veintitrés y continuar así con el tratamiento médico prescrito. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 593/2023-V, promovido por Leticia López Novella. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable, Director del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social; con el que se le tiene informando que el cuatro de los corrientes, ******************** se retiró el catéter de manera voluntaria en una institución privada; por ello, se encuentra imposibilitado para dar observancia al mandamiento realizado el ocho de los mismos, en el que se le ordenó brindar cita a la quejosa a efecto de revisar el mencionado catéter. Por tanto, con lo expuesto, dese vista a la parte quejosa, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la autoridad responsable, Director del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aun no se ha pronunciado en relación al requerimiento formulado mediante proveídos de ocho y once de los corrientes, el cual fue notificado a través de los oficios 22032/2023 y 22199/2023, en esas mismas datas, según se advierte del sello que obra en las constancias de entrega respectivas. En tal sentido, requiérase de nueva cuenta al citado director a fin de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, acate lo ordenado en el comunicado 22032/2023, para lo cual deberá proporcionar cita a la quejosa ******************** o ********************, a efecto de que sea revisado el catéter que le fue implementado, y en su caso, se realicen las adecuaciones pertinentes al cuidado de su salud; lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En el entendido que de incumplir con lo que aquí se ordena, o bien, no informar oportunamente el impedimento que tuviere para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el precitado acuerdo de ocho de los actuales. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad requerida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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