Leticia Limonchi Acosta
Expediente 400/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Leticia Limonchi Acosta
- Juez Quinto Civi de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Villahermosa, Tabasco, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el escrito firmado por Leticia Limonchi Acosta, parte quejosa, por medio del cual exhibe el billete de depósito número N950967, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, el cual ampara la cantidad de $8,510.55 (ocho mil quinientos diez pesos, 55/100, moneda nacional), atento a su contenido se provee: Téngase por constituida la garantía que se fijó a la peticionaria de amparo para que surta sus efectos la suspensión definitiva que le fue concedida el diecisiete del presente mes y año. Por tanto, se ordena registrar en el libro de valores de este Juzgado el billete de depósito exhibido, con el número de registro 11/2023, guardarlo en la caja de seguridad y comunicarle a las autoridades responsables el otorgamiento de la garantía. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
MESA VI. SE DA VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA...
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el escrito presentado por Roberto Carlos Damián Pérez, autorizado de la quejosa en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual formula alegatos y ofrece pruebas. Al respecto, resulta necesario precisar que las facultades de los autorizados por las partes en los juicios de amparo se encuentran contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Párrafo". Del numeral en cita, se puede advertir que, con relación a los autorizados por las partes, el legislador estableció dos hipótesis, en el primer párrafo, precisó que el quejoso y el tercero interesado pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, entendida ésta, como aquella que se encuentra en aptitud de ejercer un derecho por sí misma, la que se adquiere con la mayoría de edad, autorizado que se encontrará facultado para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Por su parte, en el segundo párrafo estableció de manera especial que en tratándose de las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora bien, de la revisión al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuitos y Juzgados de Distrito, se aprecia que a la fecha el promovente Roberto Carlos Damián Pérez, no cuenta con registros a nombre del promovente, de la que se agrega impresión para constancia; por lo que únicamente cuenta con facultades limitadas, esto es, únicamente tiene autorización para oír notificaciones e imponerse de los autos, y no para promover en nombre de la quejosa, ya que no tiene registrada su cedula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4.A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, visible en la página 1188, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." De ahí que, el promovente en su calidad de autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de la facultad de promover en representación de la parte quejosa, pues estimar lo contrario, estaría substituyéndose en las facultades personalísimas de aquella. Por tales razones, no se hace mayor pronunciamiento en cuanto a lo vertido por el ocursante. Se corrobora lo anterior con la jurisprudencia 2a./J. sustentada por la Segunda Sala del máximo Tribunal del país, consultable a foja 372, del Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 2009933, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Notifíquese.
- Incidental
MESA VI.....RESUELVE. PRIMERO. se niega la suspensión definitiva....SEGUNDO. se concede la suspensión definitiva.....
Quedan 14 actuaciones en este expediente
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