Leticia Lara Robles
Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Leticia Lara Robles
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de cuatro de marzo del presente año, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones..." Vista la demanda de amparo promovida por Leticia Lara Robles y otras quejosas, contra actos del Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo con el número 306/2019-IV. -Análisis de la demanda- En principio, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa., de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como tal, el decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, exclusivamente en lo que atañe a la reducción en el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Programa el anterior que aduce la parte quejosa, se encuentra comprendido específicamente en los anexos y ramos siguientes: anexo 10 "Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ramo 20 "Bienestar"; anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ramo 12 "Salud" y ramo 20 "Bienestar"; anexo 14 "Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables", ramo 12 "Salud" y ramo 20 "Bienestar"; anexo 18 "Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, ramo 12 "Salud" y ramo 20 "Bienestar" y anexo 19 "Acciones de la prevención del Delito, Combate a las Adicciones, _Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, ramo 20 "Bienestar". Como consecuencia de lo anterior, aduce la parte quejosa que les fue notificado que sus hijos menores de edad ya no seguirían siendo recibidos en la estancia infantil que les corresponde sin ninguna causa para ello, ya que el presupuesto combatido mantiene la vigencia del "programa" y a más tardar el quince de febrero del año en curso, debía hacerse la erogación correspondiente a los subsidios del mismo, lo que no ha ocurrido. - Desechamiento de la demanda de amparo - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".. Ahora bien, como deriva de la certificación que antecede, y una vez analizado el escrito de demanda, se advierte que Janeth Esquivel Bucio, Alejandra del Rocío Escobar Sánchez, Yolanda Mercado Isaac, Ana Gabriela Mendoza Noriega, Alma Delia Contreras Martínez, Claudia Cecilia Mendoza Noriega, Ana Patricia Alvarado Araiza, María Elena Ramírez Adame y María de Lourdes Serrano Moreno, no firmaron autógrafamente la misma, ni se advierte que persona distinta lo haya hecho en su ruego. Por tanto, con relación a dichas personas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos antes transcritos, se afirma que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, de ahí nace la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, esto, debidamente firmada, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo. De lo anterior se concluye, que si atendemos a que como ya se puntualizó, el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito que lo contiene, es la manifestación de voluntad del promovente; esto es, la firma autógrafa que calce su solicitud, por constituir el dato que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas. Por tanto, si en la presente demanda de amparo, no aparece estampada expresamente las firmas autógrafas de., se actualiza la causal de improcedencia invocada, y como consecuencia, el desechamiento por notoriamente improcedente de la demanda de amparo, por lo que hace únicamente a ellas. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis VI.1o.151 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, con registro electrónico 208351, cuyo rubro y texto señala: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. Así como por la igualdad de razones la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Sexta Parte, Séptima Época, con registro electrónico 249481, que en su rubro y texto dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Por otra parte, por lo que hace a las restantes quejosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 74, fracción IV Constitucional, que respectivamente establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: (.) IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; (.)". ** Énfasis añadido. Del precepto invocado en primer orden, se desprende que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas de forma enunciativa en las veintidós fracciones previas, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Carta Magna o de criterio jurisprudencial, lo que de suyo implica que el artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establece algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esas hipótesis normativas no son las únicas en las que dicho juicio puede estimarse improcedente, dado que existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 175/2013 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1344, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Ahora bien, de conformidad con el precepto constitucional expuesto en segundo orden, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la ley de ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad que se concede de esa manera, por ser la Cámara que se integra por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, que es la de representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Por ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. De manera que si para efectos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma suprema confiere la facultad soberana a la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación -la cual sin duda es una de las facultades más importantes-, dado que le permite incidir en el proyecto que le es remitido por el Poder Ejecutivo Federal; fuerza concluir que con la aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para todos los Poderes de la Unión y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si la Cámara de Diputados, para expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación hace uso de una facultad exclusiva, debe establecerse que el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, porque esa calidad es una manifestación de la voluntad soberana del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto de la cual no puede tener injerencia un gobernado a través del juicio de amparo. Corolario de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98, valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional sólo es procedente contra normas de carácter general. Luego, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, se le reconoce que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. Ideas las anteriores que se contienen en la jurisprudencia 24/99 del Pleno del Alto Tribunal, visible con el registro 194259, en la página 251 del Tomo IX, Abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Consecuencia de lo anterior, impone concluir que el Decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto, porque lo expide una sola de las Cámaras y no ambas, como sucede con las leyes que requieren de su concurrencia sucesiva. De modo que el Proyecto de Presupuesto no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta a la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo que los eligió en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención la otra Cámara del Congreso, y ningún otro órgano ni poder. Asimismo, en la medida en que es una facultad exclusiva, se rige como una potestad soberana y discrecional porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados con exclusión de la Cámara de Senadores que en este rubro deja de ser colegisladora, por la sencilla razón de que no se está aprobando una iniciativa de ley, que dé origen a una ley en sentido formal y material. De modo que por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente a la Cámara de Diputados en el artículo 74, fracción IV constitucional que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclama exclusivamente como acto de autoridad la aprobación del presupuesto, su publicación y ejecución; lo que surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano con base en el artículo 113 del precitado ordenamiento jurídico. Ilustrativa de lo así expuesto, la tesis I.8o.A.4 CS (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el registro IUS 2015444, en la página 25126 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su contenido literal dice lo siguiente: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Sin que lo resuelto con antelación implique desconocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un acto de ejecución de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyas disposiciones tienen por objeto reglamentar, entre otros, el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Así como el mandato expreso para que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de dicha Ley, como es la Cámara de Diputados, observen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Ello, en la medida que las afectaciones a los derechos constitucionalmente reconocidos que pudieran resentir en lo individual o colectivo los gobernados, por el incumplimiento del objeto de dicha ley Federal y los criterios que deben ser observados a partir de ella, en el caso, respecto de los "programas de subsidio" y aquellos que deban sujetarse a reglas de operación (en el particular, conforme al artículo 77 de la indicada ley), como el que aducen las quejosas, por la supresión o modificación de los recursos asignados a los anexos transversales que se señalan en la demanda de amparo, pueden ser fiscalizados por la Auditoria Superior de la Federación conforme a sus atribuciones, o en su caso, controlados en su constitucionalidad por los jueces. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a Héctor Alejandro Gutiérrez Alba, Francisco y Jorge Fernando, estos últimos de apellidos Guel Saldívar, por no haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -Representante común- En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Paulina Cecilia Sánchez Bonilla, por así solicitarlo la parte quejosa. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General."(IV)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(IV)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Leticia González Frausto28/2016
- Leticia González Frausto3027/2015
- Leticia González Frausto1122/2016
- Leticia González Frausto3028/2015
- Leticia Gutierrez Miranda587/2014
- Leticia Jiménez Martínez595/2014
- Leticia Macías Belmontes y Otros.53/2021
- Leticia Martínez Rubalcaba2177/2014
- Leticia Martínez Soto232/2016
- Leticia Mendoza Sánchez1087/2014
- Leticia Mendoza Sánchez1056/2014
- Leticia Mercado Delgado692/2018