Leticia Jara Zuñiga

Expediente 1647/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1647/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Leticia Jara Zuñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, y al realizar un examen acucioso de la copia certificada de las constancias que obran en el expediente laboral burocrático ****************, que remitió el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en su calidad de autoridad responsable, se obtiene que efectivamente el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dicha responsable, desahogo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en todas sus fases; por lo que señaló las nueve horas con treinta minutos del cuatro de octubre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas; audiencia en la que se hizo constar que compareció el apoderado legal de la parte actora Leticia Jara Zúñiga -aquí quejosa-, y la apoderada legal de la parte demandada Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, así como la inasistencia de la parte codemandada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 y de los terceros llamados a juicio Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Secretaría de Educación Pública, pese de haber estado legalmente notificadas para tal efecto; siendo éstas, todas las partes del juicio laboral burocrático de origen. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente juicio se actualiza en forma notoria y manifiesta la existencia de la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Vista la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele primordialmente de 1) la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de no realizar las acciones necesarias a fin de que se lograra el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral burocrático 447/2021 de su índice; esto, derivado de que a la fecha de la presentación de la demanda - seis de octubre de dos mil veintidós- la aludida audiencia no se había llevado a cabo por la falta de emplazamiento del tercero llamado al juicio de origen Secretaría de Educación Pública, en razón de que en la fecha señalada para ello (veintisiete de septiembre de dos mil veintidós) no obraba en el sumario de origen, contestación al exhorto SA5/EX/92 girado con motivo del llamamiento en comento; de ahí, que atribuya a la segunda autoridad señalada como responsable Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 2) la omisión de atender el referido exhorto, y con ello, de llevar a cabo el emplazamiento al juicio de origen de Secretaría de Educación Pública. Lo anterior tomando en cuenta, la lectura integral de la demanda de amparo, la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural y de las constancias enviadas por la autoridad responsable. Al respecto son aplicables las jurisprudencias, emitidas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de contenido y registros siguientes: "Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. "Registro digital: 195745 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 55/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". Sin embargo, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California -recibidas el dieciocho de los presentes, bajo registro 12956-, se advierte que el cinco de septiembre del presente año, se desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en todas sus fases, dentro del expediente 447/2021-V; advirtiéndose además, que se fijaron las nueve horas con treinta minutos del cuatro de octubre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Cabe destacar que en la audiencia de mérito, el Tribunal laboral responsable hizo constar que compareció el apoderado legal de la parte actora Leticia Jara Zúñiga -aquí quejosa-, y la apoderada legal de la parte demandada Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, así como la inasistencia de la parte codemandada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 y de los terceros llamados a juicio Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Secretaría de Educación Pública, pese de haber estado legalmente notificadas para tal efecto; siendo éstas, todas las partes del juicio laboral burocrático de origen. Consecuentemente, si la parte quejosa alega en suma, la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente burocrático 447/2021, debido a la falta de emplazamiento de Secretaría de Educación Pública y derivado de lo informado por la autoridad responsable, es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, ya que lo resuelto destruyó los efectos de aquél que motivó el presente juicio de amparo, dado que se resolvió el juicio de origen promovido por la parte quejosa, con posterioridad a la presentación del escrito constitucional; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Además, se precisa que contra omisiones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente, como lo es en el presente juicio. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: IX.1o.17 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, con registro digital 2008134, de la Décima Época, que, a la letra, dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO AL TERCERO INTERESADO

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio presentado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, respecto de las constancias necesarias para resolver el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe la autoridad responsable de mérito, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Vista. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "Registro digital: 189948 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.16 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 1081 Tipo: Aislada INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Diferimiento anticipado. Por tal motivo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obran en autos la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado necesarias a efecto de estar en aptitud de resolver el expediente en que se actúa. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia siguiente: El acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***************, o en su caso, la determinación en la que haya asentado el diferimiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fijada para ese día - treinta de enero del año en curso-. Documental que se estima necesaria para la resolución del presente juicio. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Analizadas las piezas procesales del presente juicio, se advierte que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que se realizó el emplazamiento de la Secretaría de Educación Pública al juicio del cual emana el acto reclamado, por tanto, a la misma le asiste el carácter de tercero interesado en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo; en tal virtud, se le reconoce se le carácter de tercero interesada en el presente juicio. Emplazamiento -oficio-. En consecuencia, comisiónese a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que proceda a efectuar la primera notificación a la autoridad tercero interesada Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, en el domicilio oficial; notificándole mediante oficio el presente proveído, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, su ampliación y autos admisorios, asimismo haciéndole saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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