Leticia Iveth Pacheco Rendón

Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1226/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Leticia Iveth Pacheco Rendón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de derechos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio, del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable, parte quejosa y representación social adscrita-, y la demanda de derechos; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los autos del presente juicio de derechos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar que las partes no ofrecieron medios de prueba. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Leticia Iveth Pacheco Rendón, contra los actos atribuidos a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Leticia Iveth Pacheco Rendón, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de diecinueve de septiembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Las medidas de protección contenidas en las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuestas a la parte quejosa el tres de septiembre del presente año, en la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2022/091/31122. Presunción de certeza del acto reclamado Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en esta ciudad, pues no obstante encontrarse debidamente notificada para rendir su respectivo informe, fue omisa en hacerlo. lV. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. En el caso, la solicitante del amparo aduce que la determinación reclamada viola los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, toda vez que carece de las formalidades establecidas en los citados ordenamientos constitucionales. Los motivos de queja devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa no probó que las medidas de protección reclamadas y que refiere le fueron impuestas el tres de septiembre pasado, conculque alguno de esos derechos fundamentales, toda vez que no son en sí mismas violatorias de la máxima ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente existan elementos que así lo demuestren, esto es, a través de la propia naturaleza intrínseca del acto y que el mismo contravenga la ley fundamental, es decir, su inconstitucionalidad depende de que realmente exista una determinación que no cumpla con las formalidades esenciales que rige todo procedimiento en la materia, y que la parte quejosa se encuentre en el estado al que alude en su escrito de demanda o que carezca de alguno de los requisitos previstos en la legislación aplicable para emitir dicha determinación. En consecuencia, el referido acto reclamado no puede estimarse violatorio de garantías en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para emitir el acto reclamado, y como éste no es inconstitucional en sí mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde a la solicitante del amparo conforme lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia. En efecto, si la parte quejosa no allegó al juicio medio de convicción alguno para demostrar la violación de derechos que alega, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para determinar si dicho acto -determinación de tres de septiembre de dos mil veintidós, en la que se imponen las medidas de protección contenidas en las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la solicitante de amparo- presenta los vicios por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por ese motivo que se estiman infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establezca que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que la responsable reconozca en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyó la autoridad responsable para emitir la determinación impugnada y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio; pero es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues, como ya se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Tiene aplicación, por las razones que la contienen, la jurisprudencia V.2o. J/16, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme". Asimismo, tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Ahora, de la parte final del último criterio citado, se desprende expresamente que la regla de recabar constancias oficiosamente, no se aplica cuando la presunción de certeza del acto deriva de la falta de informe, y ésta tesis no admite alguna excepción que dé lugar a considerar que si la naturaleza del acto que reclama en la presente vía, se justifica recabar constancias pues es enfática, al igual que el artículo 117 de la Ley de la materia, la afirmación en el sentido de que corresponde al quejoso la carga de la prueba. Decisión En esa virtud, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto la autoridad y actos señalados en los considerandos ll y lll de este fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Leticia Iveth Pacheco Rendón, por las razones plasmadas en el considerando lV de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de octubre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que no obra el informe justificado, de la autoridad responsable, respecto lo ordenado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el presente juicio de derechos, pese a estar notificada de ello. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano