Leticia Guillén Mendoza
Expediente 1237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leticia Guillén Mendoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. ACEPTA INCOMPETENCIA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante informando que con fecha treinta y uno de diciembre del año en curso, fue aceptada la competencia planteada por este juzgado respecto al conocimiento de la demanda de amparo generadora del cuaderno de antecedentes en que se actúa. ARCHIVO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción en razón de haberse declarado legalmente incompetente este juzgado para conocer del asunto, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio ANOTACIONES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
- Principal
POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOS LETICIA GUILLEN MENDOZA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Visto el escrito de demanda promovida por Leticia Guillén Mendoza, por propio derecho en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se provee lo siguiente: Análisis de procedencia de la demanda de amparo. El artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La resolución interlocutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en la que se decretó fundado el incidente de incompetencia promovido por el demandado Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, dentro del expediente JA-1149/2021-III. Por tanto, este juzgado estima respetuosamente que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, virtud a que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley; (.)". Lo resaltado es propio. De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto) de estos preceptos se obtiene que la competencia para conocer de una demanda de amparo se determina por varias circunstancias; a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b), de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 34, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92, cuyo contenido es el siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 206167 Instancia: Primera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 1a. II/92 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Mayo de 1992, página 94 Tipo: Aislada COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. En ese contexto, se considera que el acto reclamado, encuadra en la hipótesis contemplada por el artículo 170, fracción I, en relación con el 34, ambos de la Ley de Amparo, es decir, la vía correcta para combatirlo sería la del juicio de amparo directo por tratarse de una determinación que pone fin al juicio, empero, no escapa a la consideración del que resuelve, que la resolución combatida aún no haya causado firmeza, y por ende, no se haya ordenado el archivo del juicio subyacente, sin embargo, se estima que resulta improcedente el análisis de la resolución reclamada en la vía indirecta ya que proceder de ese modo implicaría estudiar un acto del cual este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de la instancia o vía intentada, lo que genera la imposibilidad del conocimiento del presente juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2008791 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95 Tipo: Jurisprudencia TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Derivado de lo anterior, esta potestad federal considera respetuosamente que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, porque se reclama la resolución interlocutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó fundado el incidente de incompetencia promovido por el demandado Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, dentro del expediente JA-1149/2021-III, del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, pues dentro de los antecedentes del acto reclamado, que la quejosa señaló bajo protesta de decir verdad, indicó que el Juzgado Administrativo responsable en la resolución reclamada, en el considerando tercero, determinó lo siguiente: De esta forma, se reitera que conforme al contexto del problema jurídico planteado por la parte quejosa, la determinación reclamada es una resolución que, sin decidirlo en lo principal, da por concluido al juicio administrativo aludido, cuya impugnación podría reclamarse en la vía del amparo directo, establecida en los dispositivos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Se estima que en el presente caso resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016973 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 41/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1450 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido. Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. DESIGNA AUTORIZADOS. Se tiene a la quejosa designando como autorizado de su parte a Arturo Raymundo Bravo Dufau, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que la cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, se encuentra debidamente registrada; mientras que en relación a las diversas personas que menciona en su demanda, Tupac Landa Fernández, Francisco Raúl Hurtado Belmonte, Graciela Villaseñor Ferreyra, Julie Mariela Álvarez Guzmán, Ma. Eugenia Alquicira Alvarado, Himmler Ernesto Manzo Murguía yVerónica Guzmán Galván, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoge documentos, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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