Leticia Guadalupe Cisneros Ávila

Expediente 1709/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1709/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Luisa Ines Martin Piuc
  • Leticia Guadalupe Cisneros Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- MESA VII.- Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que aún no obran las notificación personal a las partes del acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, por lo que se ordena al Actuario de la adscripción realice la notificación a las partes del acuerdo que desechó la demanda en el domicilio físico que se encuentra señalado en la demanda, y posteriormente se proceda a la integración física y electrónica de todas y cada una de las constancias de notificación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ACUERDO DE 12 DE JULIO DE 2022: "MESA VII.- Radicación. Con el original de la demanda, fórmese el expediente correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1709/2022 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procedencia de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La omisión de dar contestación a sus escritos presentados el cuatro de julio de dos mil veintiuno, ante la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, del Congreso del Estado de Yucatán. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracciones II y V, de la propia ley de la materia, interpretados a contrario imperio, mismos que establecen... De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos u omisiones provenientes de autoridades formal y materialmente administrativas susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS." Ahora, es importante traer a colación el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la interpretación del precepto legal citado, se desprende que para que exista un derecho de petición en favor de un ciudadano deben actualizarse los siguientes supuestos: a) La petición debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Atento a lo anterior, en la especie la parte quejosa reclama la afectación a su derecho fundamental consagrado en el artículo 8º constitucional, pues aduce que lo que le causa perjuicio es la omisión de dar contestación a sus escritos presentados el cuatro de julio de dos mil veintiuno, ante la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, del Congreso del Estado de Yucatán. Con lo anterior, resulta claro que los peticionarios de amparo cumplieron con los supuestos marcados en los incisos a) y b), en el momento de analizar el contenido del artículo 8° Constitucional, en líneas anteriores. Respecto de lo anterior, la parte quejosa quien bajo protesta de decir verdad sostiene que la autoridad responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ha sido omisa en dar contestación a su petición, lo que contraviene en su perjuicio lo establecido en el artículo 8° constitucional. Sin embargo, la expresión breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional, debe ser interpretada en relación directa a la naturaleza y características de la petición planteada, por lo que su análisis deberá ser casuístico y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, ello, con la intención de adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con dicho fundamento. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto. Consecuentemente, no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. Cobra aplicación también, la tesis... "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Así como, la tesis... "BREVE TERMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR... Se expone tal aserto, pues atendiendo al caso concreto, como se advierte de la constancia que se adjuntó a la demanda de amparo, la petición que aduce no le ha sido contestada, fue presentada el cuatro de julio de dos mil veintidós, tal y como se advierte del sello de acuse del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran los autos se obtiene que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a este juzgado, el ocho de julio de dos mil veintidós, de lo anterior, se colige que apenas han mediado cuatro días hábiles, a fin de que la responsable, de respuesta a la solicitud realizada por los aquí impetrantes de amparo. En ese sentido, se torna patente que los quejosos no resiente hasta este momento vulneración alguna al artículo 8° constitucional como pretende hacer valer en esta instancia constitucional, pues, la autoridad responsable no ha excedido en demasía en dar una respuesta congruente, fundada y motivada a su solicitud, situación que regula el citado precepto constitucional, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas sea en "breve término". Por tal motivo, se estima que hasta el momento en que el quejoso presentó su demanda de amparo, no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional; pues tan solo mediaron cuatro días hábiles entre la fecha en que los quejosos realizaron su solicitud a la autoridad responsable y la data en que se presentó su demanda de amparo, por lo que se estima innecesario de allegarse de mayores constancias; ello es así, cuenta habida que tal proceder no abonaría a formar una convicción diferente, de ahí que se estime manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis... "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ... Además, dado que tan solo mediaron cuatro días hábiles entre la fecha en que el quejoso realizó su solicitud a la autoridad responsable y la data en que se presentó su demanda de amparo, por lo que se estima innecesario de allegarse de mayores constancias; ello es así, cuenta habida que tal proceder no abonaría a formar una convicción diferente, de ahí que se estime manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa promovida por..., por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, del Congreso del Estado de Yucatán; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracciones II y V, de la propia ley de la materia. . Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. Asimismo, téngase por señalado como medios de contacto el correo electrónico y el número de celular que proporciona en su demanda de amparo. Exhortación a las partes De conformidad con el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx). Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 2. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Medios electrónicos Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de garantías, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Expediente electrónico Conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que tiene la obligación de recibir los oficios que le sean entregados por el Actuario de este Juzgado de Distrito, ya que en el caso de negarse a tal situación, éste procederá conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, así como en el incidente de suspensión relativo o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegaré a derivar de este expediente a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las mismas".

  2. Principal

    MESA VII.- Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que aún no obran las notificación personal a las partes del acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, por lo que se ordena al Actuario de la adscripción realice la notificación a las partes del acuerdo que desechó la demanda en el domicilio físico que se encuentra señalado en la demanda, y posteriormente se proceda a la integración física y electrónica de todas y cada una de las constancias de notificación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA V.- Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de proveído de treinta de junio del año en curso, remitiendo copia certificada del acuerdo de uno de julio del año en curso dictado en el juicio de origen. Sin embargo, la autoridad oficiante omite remitir la constancia de notificación realizadas a las partes del mencionado auto de uno de julio de dos mil veintidós en autos del juicio laboral 956/2021. En virtud de lo anterior, a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en los presentes autos, requiérase a la referida Junta para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes a la notificación de este acuerdo, remita copia certificada la constancia de notificación del mencionado auto de uno de julio de dos mil veintidós en autos del juicio laboral 956/2021. Apercibida a dicha autoridad que de no dar cumplimiento con los requerimientos señalados con anterioridad, se le impondrá una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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