Leticia Guadalupe Cervantes Landeros

Expediente 1204/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1204/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Leticia Guadalupe Cervantes Landeros

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Carlos Alberto Hurtado Zárate, en representación legal de Bodegas Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual desahoga la vista concedida en auto de veintisiete de octubre en curso, en relación al informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable, y señala que su representada recibió cheque valioso por la cantidad de $38, 081.37 (treinta y ocho mil ochenta y un pesos 37/100 moneda nacional); por lo que se procede a resolver si la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable se encuentra o no cumplida. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el trece de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Bodegas Liverpool, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sentencia que fue recurrida en recurso de revisión y fue resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el cual se modificó la misma, en los siguientes términos: a) No se apliquen a la quejosa en lo presente y futuro la sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal prevista en el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. b) La autoridad recaudadora deberá devolver a la parte quejosa las cantidades debidamente actualizadas que haya erogado al tenor del numeral declarado inconstitucional. Por lo que, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, informó que se desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa de la obligación contenida en la Ley de Ingresos del Estado; asimismo, el veintiuno de octubre del año en curso, entregó cheque a la parte quejosa valioso por la cantidad de $38,081.37 (treinta y ocho mil ochenta y un pesos 37/100 moneda nacional), a su favor, por concepto de sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, erogadas al quejoso. Documentales que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tiene pleno valor probatorio. De la misma se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto, toda vez que desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa de la obligación contenida en la Ley de Ingresos del Estado, en el segundo párrafo del artículo 3, asimismo, devolvió a la parte quejosa las cantidades actualizadas que erogo al tenor del numeral citado; con lo que se dio cumplimiento a lo que establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, por lo cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la parte agraviada el presente proveído, para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que signa la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado y Recaudación de Rentas del Estado, mediante el cual informa nuevamente que la impetrante no ha acudido al cobro del cheque número 0011687, mismo que fue expedido por la Tesorera de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, el catorce de septiembre del presente año, el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa, para su entrega y cobro, en las oficinas de la Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, ubicada en el primer piso del Edificio Estatal, del Centro de Gobierno del Estado, con domicilio en Calzada Independencia, número 994, del Centro Cívico de esta ciudad; remitiendo al efecto copia certificada del documento referido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad, conforme lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el citado comunicado. Asimismo, se le tiene nombrando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que cita; entre los cuales se aprecia que designa con tal carácter al profesionista Carlos Valenzuela Zavalza. Ahora, tomando en consideración que en el presente controvertido tiene participación como delegado de la citada autoridad responsable el profesionista Carlos Valenzuela Zavalza, esta Juzgadora estima se encuentra impedida para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". El precepto transcrito prevé las causas de impedimento para conocer de los juicios en que intervengan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, cuya finalidad es apartar del conocimiento de un asunto a un juzgador cuya imparcialidad podría verse menoscabada; por tanto, la naturaleza del impedimento estriba en la parcialidad que en él presume la ley. Es pertinente señalar que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano; por otro lado, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado Juez, y, subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto y animadversión, e incluso un interés directo en el negocio, relaciones a las que se les denomina genéricamente impedimentos. Ahora, del análisis de la fracción VII del citado precepto legal, se obtiene como causa de impedimento la existencia de una amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. Por otra parte la diversa fracción VIII del numeral 51 de la ley de la materia, dispone que da lugar a que un funcionario judicial federal deba considerarse en causa de impedimento para conocer de un juicio de amparo, cuando se presente una situación que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Cabe destacar que la circunstancia referida no exige que el elemento objetivo afecte directamente al funcionario judicial, pues establece como mínimo que exista un riesgo; así el elemento objetivo exigido debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte. Bajo esa tesitura, la suscrita juzgadora estima que se actualiza el supuesto normativo materia del actual impedimento, pues se reconoce la existencia de una amistad con el abogado Carlos Valenzuela Zavalza, delegado de la citada autoridad responsable, toda vez que he asistido a varios convivios en su domicilio particular, aunado a que la vivienda en la que residía con anterioridad, se la rentaba al referido profesionista; situaciones que implican elementos objetivos de los cuales pudiera concluirse que se corre el riesgo de pérdida de la imparcialidad. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo que disponen las fracciones VII y VIII del artículo 51, de la Ley de Amparo, esta Juzgadora se declara legalmente impedida para resolver el presente juicio de amparo; en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del día de hoy. Asimismo, acorde a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Turno, en esta ciudad, a efecto de que proceda a la calificación de la misma; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Apoya a lo anterior la jurisprudencia PC.I.C. J/35K, de Plenos de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, página 1918, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPEDIMENTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Los supuestos de impedimento para conocer del juicio de amparo previstos en las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de la materia contemplan situaciones de índole subjetiva que el Juez puede reconocer en su ánimo o probarse por otro medio. Por su parte, en la novedosa fracción VIII del mismo numeral se atiende a elementos objetivos de los que pudiera derivarse un riesgo de pérdida de la imparcialidad del juzgador, que surgen de una fuente externa a éste, es decir, que el elemento inhabilitante de su jurisdicción resulta de la prueba directa del hecho que representa el riesgo de pérdida de la imparcialidad." De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, I.11o.C.24 K, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1711, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda a distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial." Así también, en apoyo a la anterior consideración, tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/44, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 1344; que dispone: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." También, resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 3180, del Tomo XXVI, del mes de octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "IMPEDIMENTO. SI EL JUZGADOR RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SU IMPARCIALIDAD ESTARÍA AFECTADA AL RESOLVER EL ASUNTO, ELLO BASTA, PARA EXAMINARLO. La formulación del impedimento tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad en el proceso exigida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es inconcuso que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto tal aspecto basta para examinarlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial". Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 1204/2022-8. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano