Leticia Gonzalez Morales
Expediente 1294/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1294/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2017
Partes del expediente
- Leticia Gonzalez Morales
Actuaciones
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción l, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias de las cuales se evidencia una causa de improcedencia por haber cesado los efectos del acto reclamado. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda toda vez que mediante auto de siete de los corrientes, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; siete de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y con las constancias descritas en el oficio de cuenta. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. En ese sentido, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de dicho artículo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues en el presente juicio se tuvo como acto reclamado el auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio J.29/5985/2017, por el que se fijaron las nueve horas del quince de enero de dos mil dieciocho para llevar a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones, sobreviniendo una cesación por sustitución, pues de las constancias remitidas en el informe de cuenta se evidencia que mediante auto de seis de septiembre del presente año, la autoridad responsable dejo sin efecto la audiencia antes citada y fijo las once horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, quedando de esta forma sin efectos el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Por tanto, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917637, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, como la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917949, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 71, del Tomo Vl, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de Marzo de 2003, Novena Época, con número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte tercero interesada, dentro del plazo previsto en el artículo 67 de la Ley de Amparo, no realizó manifestación alguna ni ofreció pruebas relativas al incidente para precisar, definir, o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, se tiene por precluido el derecho de dicha parte, para los efectos legales procedentes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia por contradicción registrada con la clave 1a./J. 21/2002, visible en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, todos de la Ley de Amparo, se fijan las doce horas con diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, para la audiencia en la cual se desahogarán las pruebas ofrecidas en autos y ofrecerán alegatos correspondientes en relación con el incidente para precisar, definir, o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, los oficios foráneos que deriven del presente auto, envíense por mensajería acelerada (estafeta), para lo cual se comisiona al actuario judicial a efecto de que dé cumplimiento a dicha encomienda. Notifíquese y personalmente al quejoso y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaiones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judiciatura Federal, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
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