Leticia Gómora Contreras
Expediente 1505/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1505/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Leticia Gómora Contreras
- Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México
Actuaciones
- Principal
se declara que el proveído de ocho de noviembre del año en curso, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Valoración documental. Por otra parte, el presente expediente no es de relevancia documental ni conservable, sino destruible, en términos del artículo 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción de expediente.
- Principal
el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en su denominación correcta, rinde informe justificado. Pruebas. Ahora bien, toda vez que la autoridad citada, ofrece como medio de convicción el siguiente: a) Copia certificada de la consulta avanzada de solicitudes. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas de referencia; sin perjuicio de acordar sobre su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la constancia que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, a la cual se le otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 de la legislación civil invocada, se advierte que la solicitud 15220009255, se encuentra lista para su entrega. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia número 226, emitida por el anterior Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de título, subtítulo y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado, esencialmente el siguiente: La omisión de expedir los certificados relativos a la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Número Veinticuatro, en el expediente 752/2021, trámite que ingresó con la promoción 15220009255. Al respecto, esta juzgadora advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que del análisis de la documental que el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, adjuntó a su informe justificado rendido en el presente juicio, se desprende que de acuerdo a los asientos registrales así como informáticos la solicitud 15220009255 se encuentra lista para su entrega, lo que se corrobora con la copia certificada de la consulta avanzada de solicitudes, de lo que se advierte que se dio contestación a la solicitud en mención, acto que por esta vía se reclama. Cabe hacer la precisión que la demanda de amparo fue depositada en el buzón judicial de la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; de ahí que, es cierto el acto reclamado. El precepto legal mencionado, señala: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La referida causal de improcedencia establece la cesación de efectos del acto reclamado, la cual consiste en la desafectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: 1) Revocación; y 2) Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. En ese sentido, resulta evidente que cesaron los efectos de la citada omisión, ya que han quedado destruidos en forma total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado que tenían con anterioridad al acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Pues como se dijo inicialmente, de la constancia remitida por el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, se desprende que la solicitud 15220009255, fue contestada y se encuentra lista para su entrega tal y como se advierte de la copia certificada de la consulta avanzada de solicitudes. En ese orden, el acto omisivo que reclamó la persona quejosa, ha quedado sin efectos, esto es, como si el acto no hubiere afectado la esfera jurídica de la inconforme, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo efecto alguno ni los surtirá, y que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional; estos es, las diez horas con quince minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación.
- Principal
RESUELVE: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A..
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Efectos del fallo protector. Así las cosas, los efectos de la sentencia concesora, son para que: 1. "De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que en el término de quince días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión, le correspondan a la persona quejosa S***, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión CP/82294/22, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el mismo y a partir del mes en que le corresponde; debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago de dicha pensión, por lo que, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago." Requerimiento autoridad responsable. En ese orden, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de esta determinación, de inmediato cumplimiento a la sentencia de amparo y remita las constancias que así lo acrediten; apercibida que de ser omiso a lo anterior; o bien, de no manifestar el impedimento que les asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución que incluso puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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