Leticia Geovana Carrillo Argaez

Expediente 292/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
292/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Leticia Geovana Carrillo Argaez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendido por el Presidente de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y por el Actuario de su adscripción, y anexo que acompaña el primer nombrado. Ahora bien, atento a los informes y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la omisión de notificar a la parte demandada, la fecha y hora fijada para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 919/2019. Sentado lo anterior, es menester indicar, en relación al citado acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la omisión de notificar a la parte demandada, la fecha y hora fijada para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 919/2019. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el fedatario responsable, el quince de los cursantes, notificó a la parte demandada en el controvertido de origen, la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; esto, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse realizado la notificación antes ponderada, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendido por el Presidente de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y por el Actuario de su adscripción, y anexo que acompaña el primer nombrado. Ahora bien, atento a los informes y constancias anexas, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la omisión de notificar a la parte demandada, la fecha y hora fijada para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 919/2019. Sentado lo anterior, es menester indicar, en relación al citado acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la omisión de notificar a la parte demandada, la fecha y hora fijada para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 919/2019. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el fedatario responsable, el quince de los cursantes, notificó a la parte demandada en el controvertido de origen, la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; esto, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse realizado la notificación antes ponderada, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio del apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de febrero del año en curso, comunica que no cuenta con información del tercero Luis Flores Cem Dzul alias Luis Flores Cen Dzul. Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que las autoridades requeridas proporcionaron diversos domicilios del aludido tercero interesado, los cuales se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, siendo estos los siguientes: CALLE CINCUENTA Y UNO, EXT, S/N, ENTRE DOCE "B" Y DOCE, VALLADOLID, YUCATAN. CALLE TREINTA Y SIETE, NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, ENTRE SETENTA Y DOS, VALLADLID, YUCATAN. PREDIO DOSCIENTOS DIECIOCHO, DE LA CALLE TREINTA Y OCHO DIAGONAL, FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CON SEDE EN VALLADOLID, YUCATÁN. PREDIO SIN NÚMERO, DE LA CALLE VEINTITRÉS, ENTRE DIECISÉIS LETRA "A" Y DIECISÉIS LETRA "B", (COMO REFERENCIA CASA DE UN PISO, PINTADO DE COLOR AZUL, CON TECHO DE LÁMINA AL FRENTE), DE LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP COMISARIA DE TINUM, YUCATÁN. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene comisionar al Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, para que se constituya en los domicilios señalados hasta localizar a la persona buscada, y proceda a emplazar al citado tercero interesado, entregándole copia simple de la demanda de amparo, así como del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesada, si así le conviniere a sus intereses. Lo anterior, debiendo prevenirlo para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. De igual forma, se le ponen a la vista el informe justificado de la responsable que obra en autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se le faculta al aludido Juez para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito; requiriéndole que a la brevedad posible devuelva el referido despacho con todo lo actuado con motivo de la diligencia que se encomienda. Notifíquese y por despacho a los terceros interesados. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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