Leticia García Soto
Expediente 894/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia García Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos, determinación causa estado. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad, en contra del auto de veintitrés de noviembre del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Remite oficio. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en este Municipio, mediante el cual remite el diverso oficio firmado por la secretaria General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en su atención se acuerda. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos dicho oficio, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada en este juicio de amparo, informa que por medio del oficio 1554/2022, de veinticinco de octubre pasado, remitió la demanda de *****, a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, misma que fue recibida en esa fecha. Con dichas documentales, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, posteriores al en que quede notificada de este proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.26/2000, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 192174, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se agrega escrito. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por *******, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. 1) Sentencia causa ejecutoria. Vistos los autos y la certificación de la secretaria, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre del año en curso que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. 2) Requerimiento de cumplimiento. Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes contados a partir del momento en que reciba la notificación correspondiente, proceda a dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en los términos ahí planteados; esto es: "(.) Por tanto, lo procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, para que los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, proceda en los siguientes términos: De inmediato, cumpla con la determinación de incompetencia contenida en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente laboral **** y, por tanto, remita la demanda laboral a la autoridad que resulte competente. Acredite a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la presente sentencia, con las constancias respectivas." Apercíbase a la autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, segundo párrafo, 193, párrafo primero y 258, de la Ley de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 894/2022, promovido por **** y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. *****, mediante escrito presentado en el buzón judicial instalado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintinueve de julio del año en curso, turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la siguiente autoridad: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. ACTO RECLAMADO: "Reclamo la falta de administración de justicia, debido a que mediante acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2021, dictado en el expediente 643/2020, incompetencia, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó acuerdo de incompetencia para conocer y resolver la demanda planteada por la suscrita, ordenando turnar mi escrito inicial de demanda a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, no obstante lo anterior, hasta el día de hoy han transcurrido en exceso el término que la Junta responsable remita el escrito inicial de demanda a la Junta que considera competente y sobretodo haga cumplir el acuerdo de fecha 24 de septiembre del 2021, con su actuar dilata el juicio natural que nos ocupa, violando con ello el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el artículo 17 Constitucional." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. En acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el registro 894/2022, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza laboral y dentro del ámbito territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama de los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de turnar a la junta que corresponda el escrito de demanda que presentó seis de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, fueron omisos en rendir su informe justificado, a pesar de haber quedado notificados de tal petición el tres de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la referida autoridad responsable. CUARTO. Conceptos de violación El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación; sin embargo, de estimarlo necesario se hará una síntesis de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.58/2010 visible en la página 830 del tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis del acto reclamado. Expone la parte quejosa, en esencia, que se vulnera su derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional, toda vez que a la fecha desconoce el estado actual que tiene la demanda laboral que presentó el seis de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, ya que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el cual se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto planteado; sin embargo, la referida Junta no ha remitido los anexos a la Junta que corresponda seguir conociendo de la demanda que promovió. Al respecto, resulta fundado el concepto de violación citado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" El párrafo transcrito protege el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, la cual consiste en el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Es posible distinguir tres etapas dentro del mencionado derecho fundamental, las cuales corresponden al desarrollo del proceso o procedimiento correspondientes: Una previa al juicio, que está vinculada con el derecho de accionar ante los tribunales. Una judicial, que comprende desde el inicio del procedimiento hasta el dictado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Una posterior al juicio, que corresponde a la etapa de ejecución de la sentencia, la cual tiene que ver con la eficacia de la resolución emitida. En apoyo a lo anterior, se invocan la tesis y jurisprudencia siguientes, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". En el caso, la solicitante de amparo afirma que presentó su demanda laboral el seis de agosto de dos mil veinte; sin embargo, en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda planteada, pero no ha remitido el escrito a la Junta que corresponda. En tanto que la autoridad responsable a pesar de haber quedado notificada de la petición de informe justificado fue omisa en rendir su informe y como consecuencia en desvirtuar las manifestaciones alegadas por la parte quejosa. Con base en las anteriores consideraciones, se puede válidamente afirmar, tal como lo aduce en esencia la parte quejosa, que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, vulnera en su perjuicio la prerrogativa de justicia pronta y expedita prevista en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ha sido omisa en continuar con el trámite otorgado a su demanda, esto es, la responsable ha sido omisa en cumplir con la resolución de incompetencia legal, pues no ha remitido la demanda a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.3o.C. J/12, integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, titulada: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL." En consecuencia, la omisión reclamada resulta violatoria del artículo 17 de la Constitución Federal. Por tanto, lo procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Leticia García Soto, para que los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, proceda en los siguientes términos: De inmediato, cumpla con la determinación de incompetencia contenida en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente laboral 643/2020 y, por tanto, remita la demanda laboral a la autoridad que resulte competente. Acredite a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la presente sentencia, con las constancias respectivas. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa, en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica.
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