Leticia Gabriela Aldaco Martinez
Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leticia Gabriela Aldaco Martinez
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente como corresponda, el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, en el que informa diversas actuaciones realizadas en el juicio de Amparo Directo 820/2022 de su índice, sin que esta potestad realice mayor pronunciamiento toda vez que por auto de veintitrés de los corrientes, se ordenó su archivo como asunto concluido. Por tanto, vuelvan los autos al lugar destinado para el archivo definitivo del juzgado para su resguardo. Notifíquese.
- Principal
...Irapuato, Guanajuato, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido vía interconexión por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que contiene la transcripción del auto de trece de junio de dos mil veintidós, en el que ese órgano colegiado tuvo por recibido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió a trámite y quedó registrado con el número 112/2022. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, primero de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101, del referido ordenamiento legal, a través del presente acuerdo el suscrito rinde informe con justificación, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniendo su legalidad; auto que deberá acompañarse al oficio correspondiente con las firmas electrónicas de los funcionarios que lo suscriben. Luego, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, el original del presente expediente acompañado del escrito de expresión de agravios y copia para la representación social; solicítese el acuse de recibo respectivo. Ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Partido Primero Civil, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 688/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene improcedente respecto del acto reclamado que, en lo medular consiste en: La resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio sucesorio intestamentario ***, a bienes de ***, también conocida como ***, del índice del Juzgado de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, relativa al recurso de revocación interpuesto por la -aquí quejosa-, en la que se confirmó el auto de veinticuatro de marzo de del presente año, que dio por concluido el procedimiento por la tramitación sucesoria testamentaria -debido a que se acreditó que la autora de la sucesión en vida revocó el testamento que había dado pauta al inicio del testamentario- y, en consecuencia, ordenó que el trámite se continuara como juicio intestamentario. Este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales textualmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el 107 fracción V de ley establece que el juicio de amparo procede: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo en vigor. Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos en juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que, en caso de que se emitan en un juicio sucesorio, al encontrarse integrado por diversas etapas que tiene un objeto especial y que se resuelven por separado, el amparo indirecto en su contra es improcedente, pues deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución que decida cada sección. Ahora bien, como se señaló, el acto reclamado, en la demanda que se provee es la determinación de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio sucesorio intestamentario ***, a bienes de ***, también conocida como ***, del índice del Juzgado de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, que en el recurso de revocación interpuesto por la -aquí quejosa-, confirmó el auto de veinticuatro de marzo del presente año, que dio por concluido el procedimiento sucesorio testamentario, debido a que se acreditó que la autora de la sucesión en vida revocó el testamento y, en consecuencia, ordenó que se procediera a dejar sin efecto esa forma de tramitación, para continuarse con el juicio de origen intestamentario, en la etapa en que se encontraba. De lo anterior, hecha la revisión de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el acto reclamado se emitió en la primera etapa del juicio sucesorio de origen; sin embargo, se considera que no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual respecto de derechos sustantivos sino que, en su caso, produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuyo efecto se traduce en que, en este caso, se continúe con la secuela del procedimiento de origen en la respectiva sección como juicio intestamentario, en el cual la inconforme tiene intervención y podrá hacer valer lo que estime oportuno a su interés. Aun cuando la quejosa estime que desconocer el testamento que en su momento dio pauta a un trámite testamentario y que esto implique que la sucesión se encause como trámite intestamentario, en realidad las consecuencias de ello no trascienden a algún derecho sustantivo de la quejosa como son la vida, libertad, el patrimonio o cualquier otro. En realidad las consecuencias del acto, ilegales o no, solo trascienden a derechos adjetivos o procesales y, en última instancia, en su momento, la quejosa estará en posibilidad de hacer valer su inconformidad si es que a la postre esta decisión procedimental trasciende al resultado final del juicio. Lo importante es que el citado acto no es de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos, dado que la legalidad del citado acto reclamado, podrá o no trascender en el dictado de la resolución que corresponde a dicha sección y eventualmente al resultado final del sucesorio. Para corroborar tal aserto, se estima pertinente destacar que de conformidad con los artículos 585 a 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones denominadas: de sucesión, de inventarios; de administración -contendrá todo lo relativo a la administración- y, de partición, y cada una concluye con una resolución o sentencia, además de que las pronunciadas en las tres primeras son impugnables en amparo indirecto. Así, conforme al principio de preclusión de los procesos judiciales, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección, en general, no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente contra resoluciones que, por afectar derechos sustantivos, guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Luego, es evidente que la alegada afectación que pudiera generar el acto reclamado, aun cuando existiera, es únicamente de naturaleza procesal, pues en ningún momento está vulnerando algún derecho sustantivo de quien acude al amparo, por lo que de modo alguno ocasiona el perjuicio efectivo a las partes, pues no se está resolviendo aún lo conducente a la primera sección, ni siquiera por el hecho de que se haya señalado que el trámite del sucesorio se seguiría como intestamentario (no testamentario). Además, cuando el Juez responsable dicte la sentencia interlocutoria que resuelva la primera sección del juicio sucesorio, la quejosa se encontrará en aptitud de combatirla a través del medio de impugnación que considere pertinente, en la que tendrá la posibilidad de alegar las violaciones que considere se cometieron y que influyeron en el dictado de la respectiva resolución. De ahí que no queda duda de que el acto reclamado no causa ejecución de imposible reparación, sino que sus efectos son únicamente procesales y entonces se puede concluir que en el caso es improcedente el juicio de amparo indirecto. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES -LISTAS- La quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los?estrados?de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. Por tanto, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al cinco de junio de dos mil veintidós, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ****, se le tiene como autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Por otra parte, se invita a la parte promovente a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para ello, deberán cumplir con los requisitos que al efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.
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