Leticia Fuentes Zepeda
Expediente 930/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2022
Partes del expediente
- Leticia Fuentes Zepeda
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de los autos se advierte que el presente sumario constitucional fue acumulado al diverso 924/2022-VB de este mismo índice estadístico en los siguientes términos: "Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vistas las demandas de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo los siguientes números: JUICIO DE AMPARO *** 930/2022 Leticia Fuentes Zepeda M.J.D.F *** ACUMULACIÓN Del análisis comparativo de los juicios de amparo señalados en párrafos precedentes, se desprenden elementos suficientes e idóneos que demuestran la identidad y conexidad esencial que existe entre las demandas de amparo relacionadas que hacen procedente su acumulación de oficio, ya que se trata de juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, promovidos por diversos quejosos, contra similares autoridades responsables y a quienes se les reclaman esencialmente los mismos actos. En esa tesitura, si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, también lo es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de siete de septiembre de dos mil quince, la Contradicción de Tesis 27/2015, determinó que sí procede la acumulación de dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio. Como lo informa la jurisprudencia ** ***** Criterio que en términos del artículo 217 de la legislación de la materia, es de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito y dado que conforme a las constancias de autos, en los casos antes enlistados, se cumplen los extremos que ameritan la acumulación puesto que en todos ellos, como ya se dijo, se reclama esencialmente el mismo acto, respecto de similares autoridades responsables, resulta conveniente y necesario decretar la acumulación ya anunciada, para la más pronta solución de los asuntos sometidos al conocimiento de este juzgado federal, evitando además el riesgo de dictar sentencias contradictorias entre sí. En dicho contexto, con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, y atendiendo además a la regla relativa a que la acumulación se hará del asunto más nuevo al más antiguo, así como a que todos los juicios en cita se tramitan ante este órgano jurisdiccional, de oficio se decreta la acumulación de los juicios de amparo 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022 al diverso 924/2022-V-A en que se actúa, para tramitarlos y resolverlos en un solo expediente. Cabe precisar que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea de los juicios de que se trata, éstos conservan su individualidad, es decir, sus características propias. DESECHAMIENTO PARCIAL POR LO QUE HACE A AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO 924/2022 V-A Y SUS ACUMULADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro a los escritos de demanda, se obtiene que algunos promoventes señalan como autoridades responsables a las siguientes: Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gobernador Constitucional del Estado de México; Director General del Instituto de Salud del Estado de México; Jurisdicción Sanitaria V. Toluca; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Consejo de Salubridad General; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de México; y Secretario de Salud del Estado de México De quienes sustancialmente reclaman la omisión de aplicar a los menores de edad citados en los cuadros que anteceden la vacuna BioNtech Pfizer (en sus dos dosis), contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid- 19 en México, así como integrarlos al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo supracitado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: *** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. **** La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis ****De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-COV2 a sus menores hijas e hijos), son las autoridades responsables: Secretario de Salud del Estado de México, quien tendrá intervención directa al respecto, y a quien, la solicitante del amparo señaló de manera correcta como responsables en el capítulo denominado: "LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES", en la demanda de amparo. Se aduce lo anterior, en atención a que la Secretaría de Salud y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ambos del Gobierno Federal, son quienes coordinan y establecen las estrategias de conformidad con la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la prevención de la Covid 19 en México", el cual puede ser consultado en la página de internet*** Mientras, que por comunicado a la población 23/2021, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de veinticuatro de junio del presente año, se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años, esto puede ser consultado en la página de internet: https**** Las anteriores páginas de internet, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se invocan como hecho notorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. **** Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". En estas condiciones, es claro que las citadas autoridades responsables son las encargadas de coordinar la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV2; así como los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación. Así las cosas, las instituciones señaladas por los quejosos como autoridades responsables: Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gobernador Constitucional del Estado de México; Director General del Instituto de Salud del Estado de México; Jurisdicción Sanitaria V. Toluca; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Consejo de Salubridad General; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de México; y No tienen intervención en la emisión del acto aquí reclamado, dado que tal y como se expuso en párrafos precedentes, son diversas las encargadas de coordinar la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, así como los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación, en los términos indicados. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de las autoridades señaladas como: Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gobernador Constitucional del Estado de México; Director General del Instituto de Salud del Estado de México; Jurisdicción Sanitaria V. Toluca; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Consejo de Salubridad General; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de México; y Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por la parte quejosa, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se admite a trámite la demanda de amparo respecto de los juicios 924/2022-V-A y sus acumulados 924/2022, 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022, promovidos por: ***** Respecto al acto reclamado a la autoridad responsable: Secretario de Salud del Estado de México. En el entendido que deberá hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito, si en su caso, corresponde a diversa autoridad llevar a cabo la ejecución o tiene intervención en la emisión del acto que por esta vía se reclama. INCIDENTE. Conforme lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro del recurso de queja 126/2022, por acontecer la misma hipótesis en el presente asunto; al concurrir los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 127, fracción II, y 128, en relación con el diverso 138, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y en relación con las consecuencias jurídicas del acto reclamado -omisión de aplicar vacuna-; se ordena la apertura de oficio del incidente de suspensión que se sujeta en lo conducente al trámite previsto en la suspensión a petición de parte en los juicios de amparo 924/2022-V-A y sus acumulados 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022, promovidos a favor de los menores quejosos. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaria y se autoriza la consulta del expediente electrónico referente al presente sumario con el nombre de usuario "DAVIDNAVAT" (en atención a que lo ha solicitado de manera diversa en diferentes juicios de la estadística de este juzgado). AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por ese medio. INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite5@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3260. NOTIFICACIÓN AUTORIDAD Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ". TERCERO INTERESADO Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la documental adjuntadas a las demandas de cuenta; además, por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, dado que los promoventes adjuntaron a sus demandas diversos documentos, que contienen datos sensibles que deben ser resguardados por parte de este juzgado de Distrito. En ese tenor, glósense al expediente en sobres cerrado en calidad de reservados -en sigilo- los documentos que adjuntaron los promoventes a su escrito de demanda y que contengan datos sensibles. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilios para oír y recibir notificaciones de las partes los indicados en sus escritos de demanda; por lo que, de surgir alguna notificación personal en el presente asunto, se deberá practicar de manera independiente en esos términos y en sigilo en el domicilio respectivo, atendiendo a la individualización que conserva cada juicio constitucional. En la inteligencia que de ser inciertos o inexactos esos sitios, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se les notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designan como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USUARIOS Por otro lado, respecto a los usuarios "rmagana", "elisheba", "e.elias", "alfonsocardoso", "v.carrillo" y "dmauricioms" proporcionados en los escritos de demanda de amparo 926/2022, 929/2022 y 930/2022; en tales condiciones, tomando en consideración que el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, dispone: "Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal." Así como que el diverso numeral 9 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece: "Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normalidad aplicable a cada materia." En ese tenor, con fundamento en los preceptos transcritos se tienen por autorizados para la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que quedará bajo su más estricta responsabilidad dicha consulta; y para oír y recibir notificaciones. Por ello, instrúyase al Oficial Judicial "A" encargado de las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE para que proceda a dar de alta a dichos usuarios, a efecto de que accedan al expediente electrónico; así también se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este tribunal, para que actualicen la consulta del expediente electrónico a partir del auto de radicación dictado en el presente asunto, a fin de que los referidos usuarios, puedan imponerse de todas las constancias que existen en el expediente en que se actúa; para lo cual, incluso se solicite el apoyo necesario al servicio informático que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad quede debidamente visible para consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 924/2022-V-A y sus acumulados 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesal) los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.). EMISIÓN DE OFICIOS Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Thalia García Tejeda, que da fe." Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que las subsecuentes actuaciones deberán ser consultadas en el sumario al cual se acumuló el juicio en que se actúa, para lo cual se insta al oficial judicial A a efecto de que se otorguen los permisos respectivos; en la inteligencia que las partes están obligadas a respetar la secrecía de los autos que conforman este juicio, acorde a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedoras a las sanciones aplicables conforme a las citadas legislaciones. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Thalia García Tejeda, que da fe. RADICACIÓN Vistas las demandas de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo los siguientes números: JUICIO DE AMPARO PROMOVENTE MENORES DE INICIALES 1 EDAD (ACREDITADA CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO) 924/2022 Alma Guadalupe Garduño Vargas G.O.G. Seis años tres meses (nacida el 15/02/2016) 926/2022 Diana Cruz Vega R.C.C. Ocho años ocho meses (nacido el 30/09/2013) 929/2022 Rodolfo Flores Juárez S.F.R. Diez años (nacido el 22/05/2012) 930/2022 Leticia Fuentes Zepeda M.J.D.F Siete años dos meses (nacido el 10/03/2015) 947/2022 Nadia Karina Salazar Aguirre J.P.C.S. y M.C.S. Diez años ocho meses (nacido el 02/10/2011) y Ocho años cinco meses (nacido 11/12/2013) ACUMULACIÓN Del análisis comparativo de los juicios de amparo señalados en párrafos precedentes, se desprenden elementos suficientes e idóneos que demuestran la identidad y conexidad esencial que existe entre las demandas de amparo relacionadas que hacen procedente su acumulación de oficio, ya que se trata de juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, promovidos por diversos quejosos, contra similares autoridades responsables y a quienes se les reclaman esencialmente los mismos actos. En esa tesitura, si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, también lo es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de siete de septiembre de dos mil quince, la Contradicción de Tesis 27/2015, determinó que sí procede la acumulación de dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio. Como lo informa la jurisprudencia P./J. 24/2015(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 19, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Criterio que en términos del artículo 217 de la legislación de la materia, es de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito y dado que conforme a las constancias de autos, en los casos antes enlistados, se cumplen los extremos que ameritan la acumulación puesto que en todos ellos, como ya se dijo, se reclama esencialmente el mismo acto, respecto de similares autoridades responsables, resulta conveniente y necesario decretar la acumulación ya anunciada, para la más pronta solución de los asuntos sometidos al conocimiento de este juzgado federal, evitando además el riesgo de dictar sentencias contradictorias entre sí. En dicho contexto, con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, y atendiendo además a la regla relativa a que la acumulación se hará del asunto más nuevo al más antiguo, así como a que todos los juicios en cita se tramitan ante este órgano jurisdiccional, de oficio se decreta la acumulación de los juicios de amparo 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022 al diverso 924/2022-V-A en que se actúa, para tramitarlos y resolverlos en un solo expediente. Cabe precisar que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea de los juicios de que se trata, éstos conservan su individualidad, es decir, sus características propias. DESECHAMIENTO PARCIAL POR LO QUE HACE A AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO 924/2022 V-A Y SUS ACUMULADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro a los escritos de demanda, se obtiene que algunos promoventes señalan como autoridades responsables a las siguientes: Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gobernador Constitucional del Estado de México; Director General del Instituto de Salud del Estado de México; Jurisdicción Sanitaria V. Toluca; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Consejo de Salubridad General; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de México; y Secretario de Salud del Estado de México De quienes sustancialmente reclaman la omisión de aplicar a los menores de edad citados en los cuadros que anteceden la vacuna BioNtech Pfizer (en sus dos dosis), contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid- 19 en México, así como integrarlos al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo supracitado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-COV2 a sus menores hijas e hijos), son las autoridades responsables: Secretario de Salud del Estado de México, quien tendrá intervención directa al respecto, y a quien, la solicitante del amparo señaló de manera correcta como responsables en el capítulo denominado: "LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES", en la demanda de amparo. Se aduce lo anterior, en atención a que la Secretaría de Salud y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ambos del Gobierno Federal, son quienes coordinan y establecen las estrategias de conformidad con la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la prevención de la Covid 19 en México", el cual puede ser consultado en la página de internet:https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf, donde se especifican las etapas y logística, así como la priorización de la población a vacunar. Mientras, que por comunicado a la población 23/2021, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de veinticuatro de junio del presente año, se determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años, esto puede ser consultado en la página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-ala-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontechpermitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es. Las anteriores páginas de internet, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se invocan como hecho notorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, de la Novena Época, con registro digital 168124 de rubro texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". En estas condiciones, es claro que las citadas autoridades responsables son las encargadas de coordinar la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV2; así como los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación. Así las cosas, las instituciones señaladas por los quejosos como autoridades responsables: Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gobernador Constitucional del Estado de México; Director General del Instituto de Salud del Estado de México; Jurisdicción Sanitaria V. Toluca; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Consejo de Salubridad General; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de México; y No tienen intervención en la emisión del acto aquí reclamado, dado que tal y como se expuso en párrafos precedentes, son diversas las encargadas de coordinar la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, así como los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación, en los términos indicados. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de las autoridades señaladas como: Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gobernador Constitucional del Estado de México; Director General del Instituto de Salud del Estado de México; Jurisdicción Sanitaria V. Toluca; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Consejo de Salubridad General; Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de México; y Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por la parte quejosa, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se admite a trámite la demanda de amparo respecto de los juicios 924/2022-V-A y sus acumulados 924/2022, 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022, promovidos por: JUICIO DE AMPARO PROMOVENTE MENORES DE INICIALES 1 EDAD (ACREDITADA CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO) 924/2022 Alma Guadalupe Garduño Vargas G.O.G. Seis años tres meses (nacida el 15/02/2016) 926/2022 Diana Cruz Vega R.C.C. Ocho años ocho meses (nacido el 30/09/2013) 929/2022 Rodolfo Flores Juárez S.F.R. Diez años (nacido el 22/05/2012) 930/2022 Leticia Fuentes Zepeda M.J.D.F Siete años dos meses (nacido el 10/03/2015) 947/2022 Nadia Karina Salazar Aguirre J.P.C.S. y M.C.S. Diez años ocho meses (nacido el 02/10/2011) y Ocho años cinco meses (nacido 11/12/2013) Respecto al acto reclamado a la autoridad responsable: Secretario de Salud del Estado de México. En el entendido que deberá hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito, si en su caso, corresponde a diversa autoridad llevar a cabo la ejecución o tiene intervención en la emisión del acto que por esta vía se reclama. INCIDENTE. Conforme lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro del recurso de queja 126/2022, por acontecer la misma hipótesis en el presente asunto; al concurrir los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 127, fracción II, y 128, en relación con el diverso 138, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y en relación con las consecuencias jurídicas del acto reclamado -omisión de aplicar vacuna-; se ordena la apertura de oficio del incidente de suspensión que se sujeta en lo conducente al trámite previsto en la suspensión a petición de parte en los juicios de amparo 924/2022-V-A y sus acumulados 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022, promovidos a favor de los menores quejosos. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaria y se autoriza la consulta del expediente electrónico referente al presente sumario con el nombre de usuario "DAVIDNAVAT" (en atención a que lo ha solicitado de manera diversa en diferentes juicios de la estadística de este juzgado). AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por ese medio. INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite5@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3260. NOTIFICACIÓN AUTORIDAD Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ". TERCERO INTERESADO Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la documental adjuntadas a las demandas de cuenta; además, por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, dado que los promoventes adjuntaron a sus demandas diversos documentos, que contienen datos sensibles que deben ser resguardados por parte de este juzgado de Distrito. En ese tenor, glósense al expediente en sobres cerrado en calidad de reservados -en sigilo- los documentos que adjuntaron los promoventes a su escrito de demanda y que contengan datos sensibles. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilios para oír y recibir notificaciones de las partes los indicados en sus escritos de demanda; por lo que, de surgir alguna notificación personal en el presente asunto, se deberá practicar de manera independiente en esos términos y en sigilo en el domicilio respectivo, atendiendo a la individualización que conserva cada juicio constitucional. En la inteligencia que de ser inciertos o inexactos esos sitios, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se les notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designan como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USUARIOS Por otro lado, respecto a los usuarios "rmagana", "elisheba", "e.elias", "alfonsocardoso", "v.carrillo" y "dmauricioms" proporcionados en los escritos de demanda de amparo 926/2022, 929/2022 y 930/2022; en tales condiciones, tomando en consideración que el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, dispone: "Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal." Así como que el diverso numeral 9 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece: "Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normalidad aplicable a cada materia." En ese tenor, con fundamento en los preceptos transcritos se tienen por autorizados para la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que quedará bajo su más estricta responsabilidad dicha consulta; y para oír y recibir notificaciones. Por ello, instrúyase al Oficial Judicial "A" encargado de las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE para que proceda a dar de alta a dichos usuarios, a efecto de que accedan al expediente electrónico; así también se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este tribunal, para que actualicen la consulta del expediente electrónico a partir del auto de radicación dictado en el presente asunto, a fin de que los referidos usuarios, puedan imponerse de todas las constancias que existen en el expediente en que se actúa; para lo cual, incluso se solicite el apoyo necesario al servicio informático que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad quede debidamente visible para consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 924/2022-V-A y sus acumulados 926/2022, 929/2022, 930/2022 y 947/2022. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesal) los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.). EMISIÓN DE OFICIOS Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. AGREGA PROMOCIÓN. Téngase por recibido la demanda de cuenta y tomando en consideración que el presente asunto guarda relación con el diverso juicio de amparo 924/2022-V-A debido a la identidad en con el acto reclamado, provéase lo relativo a la acumulación en dicho expediente. Lo anterior con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 24/2015(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 19, de rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL.".
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