Leticia Figueroa Vázquez
Expediente 271/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leticia Figueroa Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obra la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.)1, que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido, comuníquese a las partes este auto y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión tanto provisional como definitiva se determinó negarlas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Vistas las razones actuariales mediante la cual la Actuaria de la adscripción hace constar la imposibilidad de entregar los oficios 6720/2021, dirigido al Centro de Verificación Vehicular clave CW1701, 6721/2021 al Centro de Verificación Vehicular clave CW1702, 6724/2021, dirigido al Centro de Verificación Vehicular clave CW1705, 6728/2021, para el Centro de Verificación Vehicular clave CW1709 y 6729/2021, enviado al Centro de Verificación Vehicular clave CW1710, todos del Morelos, toda vez que mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se les dejó de reconocer el carácter de autoridad responsable, ordenándose suspender toda comunicación con dichas autoridades; agréguense a los autos las razones actuariales de cuenta, para los efectos legales conducentes, sin insistir en su reenvío, dada la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Leticia Figueroa Vázquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Gobernador Constitucional del Estado, Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1701 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1701 en Morelos (Inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1702 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1703 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1704 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1705 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1706 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1707 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1708 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1709 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1710 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave UMV1701 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave UMV1702 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1713 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1712 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1714 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1715 en Morelos y Centro de Verificación Vehicular clave CVV1711 en Morelos. Acto reclamado: ".Del Gobernador. El decreto por el cual se expide el Programa de Verificación Vehicular obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 24 de enero del año 2020. De la Secretaría de Desarrollo Sustentable.. La omisión de implementar un sistema de verificación para vehículos matriculados o que circulen en el Estado de Morelos, que utilicen combustible a diésel. De la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. La aplicación de las restricciones para la circulación dentro del territorio de la Ciudad de México, establecidas en el Programa de verificación vehicular obligatoria en esa Ciudad de México, así como el Decreto por el que se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, publicado con fecha 19 de junio de 2014. De los 17 Centros de Verificación. La negativa para someter el vehículo de mi propiedad a la prueba de verificación establecida en el Programa de Verificación Vehicular vigente en el Estado de Morelos, así como la carencia de un sistema de verificación para vehículos automotores que utilicen combustible a diésel." SEGUNDO. El dos de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 271/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veinticuatro de enero de dos mil veinte. La omisión de implementar un sistema de verificación en el Estado de Morelos, para vehículos que utilicen combustible diésel. La restricción para circular dentro del territorio de la Ciudad de México, establecidas en el Programa de Verificación Vehicular en la Ciudad de México. La negativa para someter el vehículo de la quejosa a la prueba de verificación vehicular establecida en el Programa de Verificación Vehicular en el Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de implementar un sistema de verificación para vehículos matriculados que circulan en el Estado de Morelos que utilizan combustible diésel, que reclama a la Secretaría de Desarrollo sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, negó el acto reclamado en razón a que conforme a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, su reglamento, Decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos así como el Manual para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, no resulta de su competencia proveer los sistemas o mecanismos de verificación a que hace alusión la quejosa; además precisa que de la lectura a la Adenda al Decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, desprende que ". durante el periodo en que no se puedan prestar los servicios de verificación vehicular no llevará a cabo operativos o acciones de inspección o vigilancia a los propietarios de vehículos automotores que circulan por el Estado de Morelos, a fin que no se generen infracciones ni la consecuente imposición de las multas correspondientes". Por su parte la responsable Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, al rendir el informe con justificación negó el acto reclamado consistente en la aplicación de las restricciones para la circulación dentro del territorio de la ciudad de México establecidas en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en aquella localidad publicado el dos de enero de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México, Hoy no Circula en el Distrito Federal publicado el diecinueve de junio de dos mil catorce; pues refiere que el acto reclamado no es materializado directamente por ella, en razón a que no tiene competencia ni facultades para ordenar o emitir actos en materia de evaluación de límites de emisiones contaminantes ni de requisitos para acceder al procedimiento de verificación vehicular obligatoria ni su consecuente otorgamiento de la constancia de verificación vehicular u "holograma", pues en cuanto a la ejecución de acciones corresponde a diversas autoridades técnico-operativas en su cumplimiento, de ahí que no sea la autoridad encargada de aplicar evaluaciones u otorgar las constancias de verificación, aunado al hecho que en ningún momento dictó, ordenó, ejecutó o trato de ejecutar actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que dicha carga procesal le corresponde. Es decir, la parte demandante del amparo no aportó pruebas idóneas tendentes a demostrar la existencia de los actos que de ellas combate, sin que en el sumario existan datos que indiquen su existencia sobre dichas autoridades. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de derechos fundamentales, tiene la carga de la prueba, es decir, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En efecto, si bien la parte quejosa, aportó como medios de prueba copias certificadas de una carta factura vehicular expedida por Automotores de Morelos, Sociedad Anónima, que ampara la propiedad del vehículo Volkswagen Amarok Entry 4X2 TDI-4X2, año dos mil dieciséis, serie 8AWDD42HXGA021094, a favor de la quejosa, pago de refrendo vehicular dos mil veinte y veintiuno, tarjeta de circulación año dos mil veinte; documentales que si bien pudieran tener alcance demostrativo, en términos del artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; también lo es que de ellas no se advierten los actos que reclama a las autoridades responsables, pues no adjuntó la solicitud de cita vía internet, infracción, ni alguna otra prueba que demostrara que le fue negado el trámite para realizar la verificación de su vehículo de combustión diésel, o que las autoridades de vialidad tanto del Estado de Morelos, como de la Ciudad de México, lo hayan infraccionado o prohibido la circulación de su vehículo por las calles de la Morelos y Ciudad de México sin verificación. Es aplicable la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta Época, registró 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En este contexto, aunque la parte impetrante de amparo tuvo conocimiento de los informes con justificación de las responsables con la debida anticipación y de las documentales que se allegaron, no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de éstas, con relación a los actos que de ellas reclama. Por tanto, como todo indicio, debe ser adminiculado, en todo caso, con otros elementos probatorios, a fin de que su correlación lógica y enlace natural pueda producir certeza en el juzgador. Luego, como en la especie las pruebas exhibidas por la parte quejosa no se encuentran robustecidas con algún otro elemento de convicción del que se advirtieran los actos que reclama y que quedaron desvirtuados por las autoridades responsables, deben considerarse insuficientes para demostrar la existencia de los actos reclamados. No se soslaya que las autoridades responsables Centro de Verificación Vehicular en Morelos clave, CVV1716, CVV1707, CVV1708, a quien reclama la negativa para someter el vehículo propiedad de la quejosa a prueba de verificación, así como la carencia de un sistema para automotores que utilizan combustible diésel, realizaron manifestaciones en el sentido que el Centro de Verificación clave CVV1707, cuenta con el sistema para realizar la prueba descrita en el punto 5 de la "Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, protección ambiental.- vehículos en circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba u características técnicas del equipo de medición", tan es así, que le fue agendada una cita para verificar a la quejosa -foja 82 de autos- la que no atendió, por tanto el acto reclamado no existe. Por su parte respecto a los Centro de Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, que realizan manifestaciones, así como los que fueron omisos en rendir el informe justificado -clave CVV1704, CVV1713, CVV1714 Y CVV1715- como se ha señalado, no ha lugar a tener por cierto el acto que de ellos reclama, pues la quejosa no demuestra haber obtenido la cita en la página www.airepuromorelos.com.mx, para acudir al centro de Verificación a realizar la evaluación de emisiones contaminantes descrita en el punto 5, de la NOM-045-SEMARNAT-2017, en ese tenor debe tenerse a dichas responsables negando el acto reclamado. En esa tesitura, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos que se les reclaman, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, registro 394266, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, mediante el principio de interpretación a simili, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 57 del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI NO EXISTE EN LA FORMA PLANTEADA POR EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si el quejoso reclama la orden de desposesión de su parcela y en autos se demuestra que dicha orden se refiere a una parcela ejidal diversa, es evidente que el acto reclamado no existe en la forma planteada, por lo que debe sobreseerse el juicio de garantías con apoyo en el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo.". También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en cuanto al decreto impugnado, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Así, la existencia de la disposición legal combatida, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general que ha sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatidos (artículos 58, fracción I, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la diversa III, del ordinal 108 de la Ley de amparo, que hacen valer el Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por los motivos siguientes: En el caso esta autoridad advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII y XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los siguientes preceptos legales: El decreto por el cual se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 24 de enero del año 2020. Ello, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XII, XXIII, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos; del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;". De los artículos transcritos, se desprende que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar, las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En la primera posibilidad, quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio. En el segundo caso, el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada porque, como se dijo, tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio al definir el carácter de la norma de acuerdo con la individualización condicionada o incondicionada de la misma, según lo expresa en la jurisprudencia P./J. 55/97 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, Julio de 1997, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De la tesis que antecede, se advierte que la condición a que puede estar sujeta la aplicación de la ley puede integrarse por cuatro figuras distintas: a). De tipo administrativo como puede ser el permiso o la autorización. b) De tipo jurisdiccional en el que está inmersa la facultad de decir el derecho. c). El acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular; y d). El hecho jurídico que es ajeno a la voluntad humana. Pues bien, en el asunto, del examen de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados y de los conceptos de violación, se aprecia que el quejoso acude al juicio de amparo a reclamar la constitucionalidad del decreto por el cual se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 24 de enero del año 2020, del que afirma constituye su primer acto de aplicación, sin que existieran las condiciones e infraestructura necesarias para evaluar de manera igualitaria a todos y cada uno de los vehículos automotores destinados al transporte particular, al servicio de transporte público o privado, de carga o de pasajeros, matriculados o que circulen en el territorio del estado de Morelos, con independencia del tipo de combustible que utilizan. En ese contexto, para demostrar el interés jurídico en el juicio y la afectación a su esfera de derechos, se deben acreditar, es decir, probar que se ubica en el supuesto jurídico del decreto reprochado de inconstitucionales, es decir, que al momento de pretender verificar el vehículo de su propiedad, con motivo del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, tildado de inconstitucional se le haya impedido o negado el servicio, lo que no demostró, ni las responsables aceptaron haber impedido que verificara su vehículo de combustión diesel, por lo que no demostró ubicarse en los supuestos de la ley. En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para acudir a este medio de protección constitucional en defensa de sus intereses, la aplicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, no hay afectación en su esfera jurídica de derechos subjetivos. Por tanto, al atacarse por su sola vigencia sin demostrar el agravio personal a su esfera de derecho y por estar sujeta su aplicación a una condición que no se ha cumplido, es que no acredita su interés jurídico para reclamar la norma y con fundamento en los artículos 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Sin que en el caso, deban analizarse las causales de improcedencia hechas valer por las partes pues en nada cambiaría el sentido del fallo. Cabe precisar que los motivos de sobreseimiento aquí analizados, no significa que se haya desatendido lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente de que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 906, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación, que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de los actos reclamados, respecto de los cuales se ha decretado el sobreseimiento, así como las diversas causales de improcedencia que hacen valer las responsables. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la Tesis Jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de abril de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Leticia Figueroa Vázquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Gobernador Constitucional del Estado, Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1701 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1701 en Morelos (Inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1702 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1703 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1704 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1705 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1706 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1707 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1708 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1709 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1710 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave UMV1701 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave UMV1702 en Morelos (inexistente), Centro de Verificación Vehicular clave CVV1713 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1712 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1714 en Morelos, Centro de Verificación Vehicular clave CVV1715 en Morelos y Centro de Verificación Vehicular clave CVV1711 en Morelos. Acto reclamado: ".Del Gobernador. El decreto por el cual se expide el Programa de Verificación Vehicular obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 24 de enero del año 2020. De la Secretaría de Desarrollo Sustentable.. La omisión de implementar un sistema de verificación para vehículos matriculados o que circulen en el Estado de Morelos, que utilicen combustible a diésel. De la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. La aplicación de las restricciones para la circulación dentro del territorio de la Ciudad de México, establecidas en el Programa de verificación vehicular obligatoria en esa Ciudad de México, así como el Decreto por el que se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, publicado con fecha 19 de junio de 2014. De los 17 Centros de Verificación. La negativa para someter el vehículo de mi propiedad a la prueba de verificación establecida en el Programa de Verificación Vehicular vigente en el Estado de Morelos, así como la carencia de un sistema de verificación para vehículos automotores que utilicen combustible a diésel." SEGUNDO. El dos de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 271/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veinticuatro de enero de dos mil veinte. La omisión de implementar un sistema de verificación en el Estado de Morelos, para vehículos que utilicen combustible diésel. La restricción para circular dentro del territorio de la Ciudad de México, establecidas en el Programa de Verificación Vehicular en la Ciudad de México. La negativa para someter el vehículo de la quejosa a la prueba de verificación vehicular establecida en el Programa de Verificación Vehicular en el Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de implementar un sistema de verificación para vehículos matriculados que circulan en el Estado de Morelos que utilizan combustible diésel, que reclama a la Secretaría de Desarrollo sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, negó el acto reclamado en razón a que conforme a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, su reglamento, Decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos así como el Manual para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, no resulta de su competencia proveer los sistemas o mecanismos de verificación a que hace alusión la quejosa; además precisa que de la lectura a la Adenda al Decreto por el que se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, desprende que ". durante el periodo en que no se puedan prestar los servicios de verificación vehicular no llevará a cabo operativos o acciones de inspección o vigilancia a los propietarios de vehículos automotores que circulan por el Estado de Morelos, a fin que no se generen infracciones ni la consecuente imposición de las multas correspondientes". Por su parte la responsable Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, al rendir el informe con justificación negó el acto reclamado consistente en la aplicación de las restricciones para la circulación dentro del territorio de la ciudad de México establecidas en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en aquella localidad publicado el dos de enero de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México, Hoy no Circula en el Distrito Federal publicado el diecinueve de junio de dos mil catorce; pues refiere que el acto reclamado no es materializado directamente por ella, en razón a que no tiene competencia ni facultades para ordenar o emitir actos en materia de evaluación de límites de emisiones contaminantes ni de requisitos para acceder al procedimiento de verificación vehicular obligatoria ni su consecuente otorgamiento de la constancia de verificación vehicular u "holograma", pues en cuanto a la ejecución de acciones corresponde a diversas autoridades técnico-operativas en su cumplimiento, de ahí que no sea la autoridad encargada de aplicar evaluaciones u otorgar las constancias de verificación, aunado al hecho que en ningún momento dictó, ordenó, ejecutó o trato de ejecutar actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que dicha carga procesal le corresponde. Es decir, la parte demandante del amparo no aportó pruebas idóneas tendentes a demostrar la existencia de los actos que de ellas combate, sin que en el sumario existan datos que indiquen su existencia sobre dichas autoridades. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de derechos fundamentales, tiene la carga de la prueba, es decir, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En efecto, si bien la parte quejosa, aportó como medios de prueba copias certificadas de una carta factura vehicular expedida por Automotores de Morelos, Sociedad Anónima, que ampara la propiedad del vehículo Volkswagen Amarok Entry 4X2 TDI-4X2, año dos mil dieciséis, serie 8AWDD42HXGA021094, a favor de la quejosa, pago de refrendo vehicular dos mil veinte y veintiuno, tarjeta de circulación año dos mil veinte; documentales que si bien pudieran tener alcance demostrativo, en términos del artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; también lo es que de ellas no se advierten los actos que reclama a las autoridades responsables, pues no adjuntó la solicitud de cita vía internet, infracción, ni alguna otra prueba que demostrara que le fue negado el trámite para realizar la verificación de su vehículo de combustión diésel, o que las autoridades de vialidad tanto del Estado de Morelos, como de la Ciudad de México, lo hayan infraccionado o prohibido la circulación de su vehículo por las calles de la Morelos y Ciudad de México sin verificación. Es aplicable la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta Época, registró 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En este contexto, aunque la parte impetrante de amparo tuvo conocimiento de los informes con justificación de las responsables con la debida anticipación y de las documentales que se allegaron, no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de éstas, con relación a los actos que de ellas reclama. Por tanto, como todo indicio, debe ser adminiculado, en todo caso, con otros elementos probatorios, a fin de que su correlación lógica y enlace natural pueda producir certeza en el juzgador. Luego, como en la especie las pruebas exhibidas por la parte quejosa no se encuentran robustecidas con algún otro elemento de convicción del que se advirtieran los actos que reclama y que quedaron desvirtuados por las autoridades responsables, deben considerarse insuficientes para demostrar la existencia de los actos reclamados. No se soslaya que las autoridades responsables Centro de Verificación Vehicular en Morelos clave, CVV1716, CVV1707, CVV1708, a quien reclama la negativa para someter el vehículo propiedad de la quejosa a prueba de verificación, así como la carencia de un sistema para automotores que utilizan combustible diésel, realizaron manifestaciones en el sentido que el Centro de Verificación clave CVV1707, cuenta con el sistema para realizar la prueba descrita en el punto 5 de la "Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, protección ambiental.- vehículos en circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba u características técnicas del equipo de medición", tan es así, que le fue agendada una cita para verificar a la quejosa -foja 82 de autos- la que no atendió, por tanto el acto reclamado no existe. Por su parte respecto a los Centro de Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, que realizan manifestaciones, así como los que fueron omisos en rendir el informe justificado -clave CVV1704, CVV1713, CVV1714 Y CVV1715- como se ha señalado, no ha lugar a tener por cierto el acto que de ellos reclama, pues la quejosa no demuestra haber obtenido la cita en la página www.airepuromorelos.com.mx, para acudir al centro de Verificación a realizar la evaluación de emisiones contaminantes descrita en el punto 5, de la NOM-045-SEMARNAT-2017, en ese tenor debe tenerse a dichas responsables negando el acto reclamado. En esa tesitura, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos que se les reclaman, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, registro 394266, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, mediante el principio de interpretación a simili, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 57 del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI NO EXISTE EN LA FORMA PLANTEADA POR EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si el quejoso reclama la orden de desposesión de su parcela y en autos se demuestra que dicha orden se refiere a una parcela ejidal diversa, es evidente que el acto reclamado no existe en la forma planteada, por lo que debe sobreseerse el juicio de garantías con apoyo en el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo.". También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en cuanto al decreto impugnado, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Así, la existencia de la disposición legal combatida, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general que ha sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatidos (artículos 58, fracción I, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la diversa III, del ordinal 108 de la Ley de amparo, que hacen valer el Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por los motivos siguientes: En el caso esta autoridad advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII y XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los siguientes preceptos legales: El decreto por el cual se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 24 de enero del año 2020. Ello, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XII, XXIII, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos; del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;". De los artículos transcritos, se desprende que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar, las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En la primera posibilidad, quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio. En el segundo caso, el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada porque, como se dijo, tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio al definir el carácter de la norma de acuerdo con la individualización condicionada o incondicionada de la misma, según lo expresa en la jurisprudencia P./J. 55/97 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, Julio de 1997, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De la tesis que antecede, se advierte que la condición a que puede estar sujeta la aplicación de la ley puede integrarse por cuatro figuras distintas: a). De tipo administrativo como puede ser el permiso o la autorización. b) De tipo jurisdiccional en el que está inmersa la facultad de decir el derecho. c). El acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular; y d). El hecho jurídico que es ajeno a la voluntad humana. Pues bien, en el asunto, del examen de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados y de los conceptos de violación, se aprecia que el quejoso acude al juicio de amparo a reclamar la constitucionalidad del decreto por el cual se expide el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, publicado en Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 24 de enero del año 2020, del que afirma constituye su primer acto de aplicación, sin que existieran las condiciones e infraestructura necesarias para evaluar de manera igualitaria a todos y cada uno de los vehículos automotores destinados al transporte particular, al servicio de transporte público o privado, de carga o de pasajeros, matriculados o que circulen en el territorio del estado de Morelos, con independencia del tipo de combustible que utilizan. En ese contexto, para demostrar el interés jurídico en el juicio y la afectación a su esfera de derechos, se deben acreditar, es decir, probar que se ubica en el supuesto jurídico del decreto reprochado de inconstitucionales, es decir, que al momento de pretender verificar el vehículo de su propiedad, con motivo del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, tildado de inconstitucional se le haya impedido o negado el servicio, lo que no demostró, ni las responsables aceptaron haber impedido que verificara su vehículo de combustión diesel, por lo que no demostró ubicarse en los supuestos de la ley. En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para acudir a este medio de protección constitucional en defensa de sus intereses, la aplicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos, no hay afectación en su esfera jurídica de derechos subjetivos. Por tanto, al atacarse por su sola vigencia sin demostrar el agravio personal a su esfera de derecho y por estar sujeta su aplicación a una condición que no se ha cumplido, es que no acredita su interés jurídico para reclamar la norma y con fundamento en los artículos 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Sin que en el caso, deban analizarse las causales de improcedencia hechas valer por las partes pues en nada cambiaría el sentido del fallo. Cabe precisar que los motivos de sobreseimiento aquí analizados, no significa que se haya desatendido lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente de que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. ...El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación, que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de los actos reclamados, respecto de los cuales se ha decretado el sobreseimiento, así como las diversas causales de improcedencia que hacen valer las responsables. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la Tesis Jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: ... Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy nueve de abril de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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