Leticia Felisa Medina Carrizosa
Expediente 495/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 04/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia Felisa Medina Carrizosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la partes quejosa y tercera interesada no se inconformaron dentro del término legal con el acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 859 a 876), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, tercer párrafo, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó la suspensión y por otra se concedió la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B
- Principal
Vistos los autos; advirtiéndose que la quejosa LETICIA FELISA MEDINA CARRIZOSA, no hizo manifestación alguna dentro del término legal de tres días concedido, respecto a la vista que se le dio en acuerdo de veintidós de mayo del año en curso (fojas 833 a 837); por tal razón, se procede a resolver sobre el cumplimiento de ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veintiséis de abril de dos mil diecisiete (fojas 449 a 495), se concedió el amparo a la quejosa Leticia Felisa Medina Carrizosa, para que la Juez de Garantía, con sede en la Agencia Municipal de El Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de septiembre de dos mil quince, por la que dictó auto de vinculación a proceso contra la quejosa LETICIA FELISA MEDINA CARRIZOSA, en la causa penal número 164/2015 de su índice. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia correspondiente con asistencia personal de todas las partes dentro de la causa penal de mérito, y con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en este considerando, y cumpliendo las exigencias del artículo 19 Constitucional. 3. En consecuencia, dado los efectos de la concesión del amparo y, toda vez que la Juez responsable por resolución de veintitrés de septiembre de dos mil quince, al haber decretado auto de vinculación a proceso contra la quejosa de mérito, a solicitud del Ministerio Público le impuso la medida de coerción en forma definitiva, consistente en la prisión preventiva en un centro de internamiento; también deberá dejar insubsistente dicha determinación y, en caso de que nuevamente dicte auto de vinculación a proceso contra la quejosa, provea lo correspondiente respecto de la medida de coerción que, en su caso, le solicite el Agente del Ministerio Público. Por ejecutoria de fecha doce de abril de dos mil dieciocho (fojas 761 a 777), dictada en el amparo en revisión número 671/2017, el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, confirmó la sentencia recurrida, requiriéndose al Juez de Garantía, con sede en la Agencia Municipal de El Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca, su cumplimiento (fojas 779 a 781). Por oficio CJEO/JCP/675/2018-J, recibido vía fax, el Juez de Control en Materia Penal, residente en la Agencia El Zapote, Pochutla, Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia, remitió copias certificadas de la resolución que dictó el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal número 164/2015, en la que determinó literalmente lo siguiente: (...) PRIMERO: En cumplimiento a la ejecutoria de Amparo número 495/2015 sección II, mesa III-B del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con fundamento en lo que establece el artículo 19 párrafo primero de la Constitución Federal, en relación con el 77 fracción I de la Ley orgánica en vigor y 274 con el penúltimo párrafo del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, hasta el uno del año dos mil dieciséis, a partir de esta fecha diecinueve de mayo del año dos mil dieciocho, se deja sin efecto legal alguno las resoluciones de vinculación a proceso y medida cautelar dictados con fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, para todos los efectos legales correspondientes, dictados dentro de la causa penal número 164/2015 del índice este Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa residente en la comunidad del Zapote San Pedro Pochutla, Oaxaca, que se instruye en contra de doña Leticia Felisa Medina Carrizosa y otros, como probable responsable en comisión del hecho que la Ley señala como constitutivo de Equipada la Retención, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Angélica Pinacho Hernández. SEGUNDO.- Se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de doña Leticia Felisa Medina Carrizosa, por haberse acreditado que probablemente intervino en un hecho que la ley señala como delito de Equiparado a la Retención, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Angélica Pinacho Hernández, hecho que a criterio de esta autoridad acorde a lo resuelto en esta resolución, se encuentra acreditado conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(sic.) Ahora, se otorgó el amparo a la quejosa, por los siguientes motivos legales: En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, el auto de vinculación a proceso reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que la Juez responsable no precisó cuáles son las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución, del delito que se le imputa a la aquí quejosa LETICIA FELISA MEDINA CARRIZOSA, de igual modo al explicar la clasificación jurídica la tuvo por acreditada de forma genérica por todas las hipótesis contenidas en el tipo penal, pero no dijo o individualizó la hipótesis que se tuvo por demostrada. En primer lugar, conforme al artículo 19 Constitucional, para emitir un auto de vinculación a proceso, se debe expresar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así de la recta lectura del acto reclamado se inadvierte que la autoridad responsable haya expresado cuáles fueron esas circunstancias, pues para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió explicar de forma individualizada, la circunstancia de lugar, tiempo y sobre todo el modo de ejecución. En segundo lugar el hecho ilícito exige que una vez acreditada la calidad del activo, éste sea responsable de cualquier entidad, organismo, empresa, o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, no obstante a ello la autoridad responsable no precisó en cuál de ellas pertenecía la quejosa. En ese mismo orden de ideas, la autoridad responsable fue omisa en precisar (una vez acreditada la calidad del sujeto activo y de la institución a la que pertenecía, en cualquiera de sus hipótesis y no en todas de manera conjunta como lo hizo), si ésta era una persona moral o ente que se dedicara a actividades financieras de ahorro o inversión. Similar caso resulta al acreditar el segundo elemento del hecho ilícito, el cual la autoridad responsable acreditó de la siguiente manera: En cuanto al segundo de los elementos también se colma con el dicho de la víctima, al señalar que el catorce de enero del año dos mil trece, se constituyó a la caja de ahorro para requerir la devolución de su dinero ahorrado pero le fue informado que no le sería devuelto el mismo por problemas económicos en la caja, es por ello que se advierte la negativa de devolver su dinero a la víctima, al no estar justificado cabe señalar que el Código Penal establece como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado, elemento que se colma en razón de que el dicho de la víctima y la inspección realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, dichas oficinas ya cerraron al no encontrase las mismas en el domicilio que tenía establecido y en su lugar se encuentra una dulcería (sic). De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable fue omisa en precisar en qué hipótesis exigida por el hecho ilícito actualizaba el segundo elemento a que hizo referencia, pues nada dijo respecto a que si esa conducta se perpetró en un local, oficinas, sucursal, y si este se encontraba temporal o definitivamente cerrado, pues no debe quedar implícita ni tener como obvia su acreditamiento, por tanto, esa subsunción de acuerdo al principio de taxatividad, debió quedar bien definida por el Juez de Garantía. (...) Finalmente nada dijo si la calidad del sujeto activo era como dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, pues faltó explicar en cuál de esas calidades se ubica la aquí quejosa y explicar con qué dato de prueba se demuestra. Lo expuesto se considera así pues, de la lectura del artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se advierte que es claro que dentro del mismo se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra O y la diversa u que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra y; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta.(sic.) Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 74/2002, que se invoca por identidad de razones jurídicas, con número de registro 185051, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 131, Tomo XVII, de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ROBO CALIFICADO. LOS MEDIOS COMISIVOS DE NOCHE LLEVANDO ARMAS, CON FRACTURA, EXCAVACIÓN O ESCALAMIENTO CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 380, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUEDEN CONFIGURARLO INDISTINTAMENTE. (se transcribe). De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de la hoy quejosa. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Precisado lo anterior, se puede concluir válidamente que, en el caso, la autoridad responsable omitió establecer con precisión en cuál de las hipótesis que establece el numeral que invoca se ubica la conducta de la quejosa. Por ende, dicha autoridad al emitir el acto reclamado, analizó el hecho ilícito de manera genérica, conforme a lo estipulado en el citado precepto legal, pasando inadvertido que en el mismo artículo se señalan diversas hipótesis o formas de comisión del hecho delictivo en estudio, pues al hacerlo de esa manera, no cumplió con la obligación constitucional de establecer de manera particular y precisar adecuadamente la conducta ilícita en la cual incurrió el quejoso, tanto en el delito como en la probable responsabilidad en la comisión del mismo, toda vez que no basta, como lo hizo la autoridad responsable el estudio conjunto del hecho ilícito, en forma genérica, sino debe establecer cuál de las conductas o formas de comisión de ese hecho, fueren la que incurrió el sujeto activo, esto es, precisar en qué hipótesis que prevé el citado precepto legal, se ubica la conducta del quejoso, ya que al no hacerlo, se traduce en el incumplimiento a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y debida fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal; además el de la exacta aplicación de la ley penal, pues al no hacerlo, le causaría un estado de incertidumbre jurídica a la quejosa al desconocer la hipótesis por el que se dictó auto de vinculación a proceso y con ello afectaría su derecho a tener una defensa adecuada Omisiones apuntadas que contravienen en perjuicio de la quejosa LETICIA FELISA MEDINA CARRIZOSA, al no cumplir con las formalidades del artículo 19 Constitucional, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, los que obligan a la responsable a verificar que el hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad de que la quejosa lo cometió o participó en su comisión, estén acreditados en autos y, consecuentemente, infringen lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, conforme al cual la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Por su parte, la Juez responsable en la resolución que dictó el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, en lo que interesa, indicó literalmente: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUINTO.- De estos hechos probados, a la luz de lo que establecen los artículos 14,16 y 19 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 379 del Código Penal vigente del Estado de Oaxaca y la jurisprudencia 'publicada en la décima época número de Registro 2014800, Instancia Primera Sala, Jurisprudencia, fuente Gaceta Semanario de la Federación, Libro 45 agosto del 2017, tomó I, materia Penal, tesis primera/J.35/2015 (10) página 360, al rubro siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUEDAR Y SEÑALA EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA Y LA NORMA PENAL DE MANERA QUE PERMITE IDENTIFICAR LA RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Por lo tanto, se llega a la conclusión que se justifica el hecho que la ley señala como delito de Equiparado a la Retención, contrario a lo que señaló la defensa, estamos ante un hecho de carácter penal y no civil, puesto que si bien es cierto, existieron algunos certificados de depósito se encuentran nominados en el Código Civil, ello no quiere decir que estamos en presencia de una cuestión de carácter meramente civil, puesto que precisamente el Código Penal o el legislador ha señalado en el artículo 379, la conducta del delito equiparado a la retención, cierto es que, dicho numeral como lo indica la Agente del Ministerio Público, fue reformado mediante decreto número 2005, de fecha uno de octubre en el año dos mil diez y cabe indicar que al momento de los hechos, dicho precepto ya se encontraba regulando, es indicado que estos hechos se suscitaron a partir del día catorce de enero del año dos mil trece, fecha de vencimiento el último contrato, en el cual supuestamente le entregan a la víctima el total de su inversión e intereses, no así, desde el momento en que empezó invertir la señora Angélica Pinacho Hernández al Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., ahora bien, dicho numeral 379 del Código Penal, señala lo siguiente: Articulo 379.- Se equipara al delito de retención y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por si o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerimientos judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años. Ahora bien, de la descripción fáctica del dicho numeral, es indiscutible que establece diversas hipótesis bajo las cuales se puede configurar la comisión delictiva a qué se refiere este precepto, por ello basándonos en este momento a lo establecido por los artículos 14 y 6 de la Constitución Federal, acorde a los principios de legalidad, seguridad y debida fundamentación, se establece con precisión, en qué supuesto se actualiza el hecho acreditado y del cual se adolece la denunciante, en este caso en concreto tenemos que los elementos para la configuración a cobrar los hechos que se dan por acreditado son los siguientes: 1.- Al directivo o socio de cualquier organismo. 2.- Dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión cualquiera que sea la figura legal o fáctica que se haya constituido. 3.- Que el directivo o socio por sí o por medio de sus subordinados se niega a devolver las cantidades ahorradas a quien tenga derecho a ellas sin causa legal. 4.- Se considera como negativa el hecho de que la sucursal destinada a la atención del público se encuentra temporal o definitivamente cerrado o clausurado. De lo que tenemos, que primer elemento se encuentra actualizado al darse por acreditado el hecho uno y dos, como lo es la constitución legal del organismo denominado Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., de conformidad con los numerales 1 y 5 de la Ley General de sociedad mercantiles y el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, entendiendo como organismo, una entidad privada que realiza funciones de interés general estructurado por un grupo de personas que forman un colectivo y que mantienen de terminar relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos, conocimiento al que se arribó partiendo del medio de prueba como lo es la denuncia de la víctima, quien descubrió la existencia de una persona moral dedicada a la captación de ahorro y préstamo y se adminicula con el Acta Constitutiva Notarial volumen 1393, Instrumento número 89398 de fecha doce de abril del año dos mil seis de la fe del notario público 38 en el Estado, de donde se advierte que ante su presencia comparecieron los socios al protocolizar y dar la forma al ahora denominado Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. Que la parte del contenido de dicha acta fue emitido por la fiscalía con mediana claridad se puede deducir, que comparecieron a protocolizarla los socios entre ellos Doña Felisa Medina Carrizosa y que en su artículo transitorio primero, se estableció que el primer ejercicio social abarcaría la fecha en la que se protocolizó se suscribió el acta correspondiente al día treinta y uno de diciembre del año dos mil seis, en su tránsito de segundo, se puede advertir que por unanimidad de votos los socios acordaron que la administración de la sociedad estuviera a cargo de un consejo de administración que estará integrado de la siguiente forma: por Don David Evaristo Cordero Guevara en su carácter de presidente, por Don Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga en su carácter de secretario, por Don Alfredo Vásquez Urdiales en su carácter de tesoro, el por doña Leticia Felisa Mendoza Carrizosa en su carácter de presidenta del consejo de vigilancia y por Doña Mayra Deyanira Hernández Castillo en su carácter de presidenta del consejo de Educación. Por lo tanto, acorde a este medio de prueba y en términos del hecho acreditado, se arriba al conocimiento también que Leticia Felisa Medina Carrizosa ejercía dentro del consejo de administración el cargo de presidenta del consejo de vigilancia, es decir, tenía la calidad especifica de directivo y medianamente se puede advertir que también la calidad de socia de dicha persona moral al haber comparecido ante el Fedatario Número 38 en el Estado a la protocolización del acta correspondiente, como sea si se pudo advertir de dicha acta en la parte en la cual fue vertida por la fiscalía, corroborándose además la previa calidad especifica con el dicho de la propia Leticia Felisa Medina Carrizosa, quien en la audiencia de comunicación de la imputación y de término constitucional de viva voz indicó, que efectivamente ella se encontraba en calidad de presidente del Consejo de vigilancia con las obligaciones que le impone la Ley General de Sociedades Cooperativas y demás leyes aplicables al objeto de la sociedad, por lo tanto nos encontramos ante un organismo consistente en una persona moral legalmente constituida, acorde acta de protocolización sin que ello prejuzgue que estaba legalmente autorizada para ejercer el objeto de la sociedad por ser situaciones jurídicas distintas. Por lo que con ello se acredita primer elemento del hecho que la ley señala como delito, con ello también quedó colmado el punto número uno de los elementos del hecho. Por su parte los el punto número dos de los elementos del hecho, esto es el hecho que la ley señala como delito y qué implica que el organismo esté dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión cualquiera que sea la figura legal o fáctica que se haya constituido, debe señalarse que se encuentra debidamente acreditado ya que adquiere relevancia en este caso en particular, la denuncia de la víctima quien señaló la existencia de la persona moral dedicada al ahorro y préstamo y al cual realizó diversos movimientos de ahorro a plazo fijo y se corroboró con el acta constitutiva notarial número de volumen 1393, instrumento 89 398, de fecha doce de abril del año dos mil seis, de la fe del Notario Público 98 en el Estado de Oaxaca, con la cual se acredita que un grupo de personas se asociaron legalmente y constituyeron la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., protocolizando el acta constitutiva de esta persona moral ante la fe del notario público número 38 en el estado de Oaxaca, de la misma también se advierte que conforme sus estatutos, el objeto de esta sociedad cooperativa en específico en su capítulo segundo artículo 5, se señala que como objeto social de dicho corporativo que lo era recaudar ahorros como también realizar préstamos dentro de sus cooperativistas y por ende tenía actividades financieras, habiéndose constituido como una sociedad Cooperativa de Responsabilidad limitada de Capital Variable, acordé al artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, tan es así, que cobran el anunciante el día veintisiete de febrero del año dos mil siete, fue convencida de ingresar como socia bajo el número 69, bajo la cuenta no 24000692, al Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. aportando su capital de socia acorde a su dicho los fue por la cantidad de quinientos pesos cero centavos moneda nacional al haberlo invitado e insistido en diversas ocasiones, son Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, que para esto acudió a la sucursal de dicho organismo ubicado acorde al cumulo probatorio en la calle de Ignacio Allende número 5, primera sección, en la colonia centro en San Pedro Pochutla Oaxaca, como referencia a un costado de la terminal de los autobuses que salen a Puerto Escondido, que ya como social realizó cinco depósitos de ahorro, a plazo fijo acudiendo a la sucursal del organismo denominado Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. ubicado en en la calle de Ignacio Allende número 5, primera sección, en la colonia centro en San Pedro Pochutla Oaxaca, como referencia a un costado de la terminal de los autobuses que salen a Puerto Escondido, que son a saber: a) El veintiséis de abril del año dos mil once, por la cantidad de ciento ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional operación realizada bajo el número de folio o 023500 serie C, certificado número 1466, con fecha de vencimiento el día veintiséis de junio del año dos mil once. b) Que el veintiocho de noviembre del año dos mil once, lo realizó por la cantidad de cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, realizada bajo el número de folio 994-B, número 1600, con fecha de vencimiento el veintiocho de diciembre del año dos mil once, monto se volvió y que su fenecimiento final lo fue el día veintiséis de junio en el año dos mil trece. c) Que el trece de octubre del año dos mil once, por la cantidad cuarenta mil doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional, operación realizada bajo el número de folio 470-B número de contacto 1579, de fecha de vencimiento el día veinte de abril del año dos mil doce. e) Que el día veintiocho de noviembre del año dos mil once, por la cantidad de cien mil pesos cero centavos moneda nacional, operación realizada bajo el número de folio 492-8, número de contrato 1599, de fecha de vencimiento el día veintiocho de mayo del año dos mil doce. f) Que el dieciséis de julio del año dos mil doce, por la cantidad de sesenta y cuatro mil doscientos veinte pesos con treinta y un centavos moneda nacional, operación realizada bajo el número de folio 528-6 número de contacto 1631, con fecha de vencimiento el día catorce de enero del año dos mil trece. Pactándose diversos intereses anuales lo cual el organismo le entregó la documental que acreditaba la operación financiera mismos documentos que exhibió la denunciante ante la fiscalía, por lo que indiscutiblemente con ello se logra acreditar que la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de CM. con sucursal en la calle de Ignacio Allende número 5, primera sección, en la colonia centro en San Pedro Pochutla Oaxaca, como referencia a un costado de la terminal de los autobuses que salen a Puerto Escondido, ejercía su objeto social, es decir, realizaba actividades financieras dé ahorro y préstamo, para ello capaba socios a quienes les pedía una aportación como capital social y una vez otorgada esta se les asignaba un número de cuenta y en ese número de cuenta era en el que en su caso concreto se realizaron diversas operaciones ahorro, en las fechas ya especificadas y por las cantidades señaladas, como así se tuvo por acreditado en el hecho número uno, dos y tres, de la presente determinación. Por otro lado, resulta también incuestionable que acorde a los hechos acreditados en la presente resolución marcada con los puntos cuatro y cinco, se llega a adecuar el punto tres del hecho que la Ley señala como delito, es decir, que el directivo o social por sí o por medio de su subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas a quien tenga derecho para ellas sin causa justificada, ello es así ya que la denunciante refirió que al vencimiento de su depósitos de ahorro a plazo fijo, compareció a la sucursal de la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., que acorde al cúmulo de medios de convicción se encuentra ubicada en la calle de Ignacio Allende número 5, primera sección, en la colonia centro en San Pedro Pochutla Oaxaca, en la fecha en las que comparecieron a realizar los depósitos, como referencia a un costado de la terminal de los autobuses que salen a Puerto Escondido, entrevistándose en ese entonces con don Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, quien se negó a entregar el importe que amparaba cada documento, bajo el argumento que hasta la conclusión del último plazo fijo, es decir, del contrato de ahorro celebrado el día dieciséis de julio del año dos mil doce y que vencía el día catorce de enero del año dos mil trece, le será entregado el total de la inversión, a lo que la denunciante accedió, por lo que le pide el día catorce de enero de dos mil trece, se constituyó nuevamente en la sucursal de la persona moral referida para requerir la devolución de su dinero ahorrado, pero le fue informado por Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, que no sería devuelto el mismo -por problemas económicos en la caja, pidiéndole le diera quince días más para juntarle y entregarle el dinero, a lo que accedió dicha denunciante, por lo tanto, del hecho conocido que lo es la fecha de vencimiento el ultimo deposito a realizar la operación aritmética y aumentarle quince días, arribamos al conocimiento que la fecha probable en la que compareció nuevamente la denunciante a recoger su inversión, sería entre los días Veintiocho al treinta de enero del año dos mil tres, en la cual nuevamente se dijo que no se le entregara su ahorro por parte de Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, por problemas de liquidez de la persona moral, por lo que le pidió un mes más de plazo para ello, a lo que la denunciante accedió, de ahí que nuevamente del hecho conocido que lo es la fecha de vencimiento del último contrato y del hecho probable de los primero quince días concedidos al realizar la operación aritmética al aumentarle a estos un mes más, muy probablemente nos ubicamos en las fechas de veintinueve de febrero al día uno de marzo del año dos mil tres, en la que pudo haber comparecido la denunciante a retirar su ahorro y nuevamente recibir una negativa, sin que existiera causa justificada para ello, de donde debe señalarse que si bien es cierto, no se logra establecer con claridad a como fue vertida la denuncia de Angélica Pinacho Hernández, ni a la parte del contenido de los datos vertidos por la fiscalía de las demás documentales del carácter que pudiera tener dentro de la institución de la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., el ciudadano Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, es incuestionable que si se puede advertir del acta constitutiva de la persona moral el carácter que ostentaba dicha persona y que lo es el de secretario de dicha persona moral, por lo tanto, indiscutiblemente pertenecía a la estructura formal de dicha persona moral en su carácter de secretario, tan es así que así lo sostuvo la fiscalía al momento de vertir el medio de convicción consistente en el acta constitutiva, volumen número 1393, del instrumento 89398 de fecha trece de septiembre del año dos mil seis, de la fe del notario público el licenciado Omar Abacuc Sánchez Heras, número 38 en el Estado de Oaxaca y es con dicho carácter que fue que convenció a la ahora víctima Angélica Pinacho Hernández, de que realizara los depósitos en la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., y que es también con dicho carácter que ante su presencia compareció la ahora víctima Angélica Pinacho Hernández y le entregó el importe correspondiente para afiliarse a la caja como socia, posteriormente realizó los depósitos de ahorro a plazo fijo y que le fue entregada por parte de esta persona los certificados correspondientes con su firma, por lo tanto, indiscutiblemente ejercía acto de administración también dentro de la estructura formal de la mencionada persona moral. Similar argumento merece el hecho de que la denunciante no proporcione las fechas exactas de cuando compareció después del catorce de enero del año dos mil trece a solicitar la entrega de su ahorro y solo refiera que quince días después y que transcurrido estos quince días después no le fue entregado y que le fue solicitado un mes más para que le fuera entregado sus ahorros, ya que dichos datos los puede recabar Válidamente la fiscalía dada la etapa procesal en la cual no encontramos, por ello a criterio de quien resuelve con el dicho de la denunciante se dio por acreditado los hechos marcados con los puntos número cuatro y cinco de la presente resolución así como con el medio de prueba consistente en al acta constitutiva volumen, volumen número 1393, del instrumento 89398, de la fe del notario público el licenciado Omar Abacuc Sánchez Heras, numeró 38 en el Estado de Oaxaca, y es con estos medios de convicción que al realizar la adecuación del hecho que la ley señala como delito basta la declaración de la víctima y dicho instrumento notarial para dar por acreditado este tercer elemento en el supuesto de que un integrante de estructura orgánica de la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., como lo es el ciudadano Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, se haya negado a hacer entrega del importe y los ahorros a la denunciante, en el caso en concreto debemos señalar, que acorde al instrumento notarial antes aludido de la fe del Notario Público número 38 en el Estado, se dio por acreditado que don Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, funge como secretario de dicha persona moral y también se dio por acreditado que doña Leticia Felisa Medina Carrizosa, resultaba ser también directivo de dicha persona moral y que ambas personas resultan ser socias de esta persona moral, el primero de ellos se desempeñaba además en su carácter de secretario y la segunda se desempeñaba en su carácter de presidente del consejo de vigilancia, que si bien es cierto, se estableció dentro de dicho instrumento una vigencia de cinco años en el cargo también es cierto que no quedó acreditado con documento alguno o medio de convicción alguno por parte de la defensa material o técnica que al acontecer los hechos en estudio una vez fenecido el plazo para el cual fueron designados, en el caso en concreto de Leticia Felisa Medina Carrizosa como de presidenta del consejo de vigilancia haya sido cambiada, revocada o sustituida al cargo a través de la asamblea, por lo que al considerarse como tal, también se acredita la calidad de garante proveniente de su calidad de socio y directivo tal como lo refiere el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, y a que se refiere el artículo 7 del citado Código punitivo, derivado del contrato societario antes referido, al ser parte de los principales órganos de administración y con esa calidad le correspondía vigilar y garantizar el correcto desempeño de la multicitada persona moral como lo señala el artículo 46 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, al establecer que el Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas actividades de la Sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. Por lo tanto, es indiscutible que tenía la calidad de garante y al no ejercer la función para la cual fue electa, incurrió en la comisión del hecho que la ley señala como delito por conducto de don Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, en su carácter de administrativo y socio de dicha persona moral. Por otra parte, es indiscutible que es precisamente al anunciante Angélica Pineda Hernández y no a otra persona a la que le correspondía a entregar el importe de los depósitos de ahorro al Estado, por ser está aqui en benéfico dichos depósitos, por lo tanto existe la presunción de que era la propietaria de dicho dinero ahorrado, con lo que sea carita esta parte de este elemento. Por último, el cuarto elemento del hecho que la ley señala como delito, es decir, que se considera como negativa el hecho de que la sucursal destinados a la atención del público se encuentra el temporal o definitivamente cerrado o clausurado, se dio por acreditado en el hecho marcado con el número seis, principalmente por denuncia de Angélica Pinacho Hernández, quién refirió que posteriormente al vencimiento del último contacto, que acorde al cúmulo probatorio lo fue el día catorce de enero del año dos mil trece y a los plazos verbales que le concedieron Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, encontró finalmente cerrada la sucursal, sino que su dicho se corroboró con la inspección ocular verificada el día veintiocho de abril del año dos mil quince, por el Agente Estatal de Investigaciones y con el set fotográfico, con los cuales se pudo advertir que el lugar en el cual se encontraba establecida la sucursal de la persona moral denominada Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., se encontraba desempeñando sus funciones una diversa negociación denominada "la reina dulcerías", por lo que indiscutiblemente estos medios de convicción, sirvieron a quien resuelve para dar por acreditado el hecho marcado con el número seis de la presente determinación, en el sentido de que el local había sido ocupado por la sucursal de la multicitada persona moral, se encontraba cerrado definitivamente, tan es así que ya había una negociación diversa en ese lugar, acreditándose de esta forma el cuarto elemento del hecho que la ley señala como delito requiere. Finalmente, queda también establecido, que la conducta contabilizada se vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso concreto resulta ser el patrimonio y la víctima, mismo que se vio disminuido hasta por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional, cómo quedó determinado con el dictamen emitido por el perito contable de la Fiscalía General de Justicia del Estado, debemos considerar también, que el actuar de la imputada es antijurídico, pues actúa en contrario al deber prohibitivo que le impone la norma penal de proteger los bienes jurídicos de la sociedad, considerada fundamentalmente para la vida de la sociedad cooperativa Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., como el caso concreto lo era el patrimonio de doña Angélica Pinacho Hernández, por ello su actuar es contrario a lo que prohíbe en este caso en particular el artículo 379 del Código Penal vigente en Estado de Oaxaca y contrario a su deber de garante que le imponía la Ley en su carácter de socia y administrativa del cito Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. Por otra parte, debe decirse que se trata de un delito consumado de conformidad con lo que establece el artículo 10 fracción I del ordenamiento punitivo en consulta, ya que se consumó del momento en que la pasivo requirió la evolución de sus ahorros y los activos no le entregaron el numerario, como lo es el día catorce de enero del año dos mil trece, fecha en la cual se había acordado sería entregado el total de sus ahorros y que al comparecer la pasivo Como así lo sostuvo ante la fiscalía, le fue negado la entrega del importe total de sus ahorros, máxime que con posterioridad a las visitas que realizó la propia víctima Angélica Pinacho Hernández al domicilio en el cual se encontraba constituido dicho corporativo, llegó al conocimiento de que se había cerrado la sucursal del corporativo denominado Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., cómo así lo refirió en su denuncia correspondiente y lo constató también el Agente Estatal de investigaciones con fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, en la que Se dedicó la inspección ocular y en la cual se asentó que en el domicilio en el cual por el dicho de la víctima se encuentra establecido esta persona moral, se encontraba desempeñando sus funciones una persona moral diversa al Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. De lo anterior, se demuestra que efectivamente existió un hecho que la ley señala como delito, en el caso en concreto el de equiparado a la retención, previsto por el artículo 379 del Código Penal en vigor, cabe mencionar que al quedar justificado ese hecho, de ninguna manera se violenta lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cómo lo ha señalado a la defensa en audiencia correspondiente, al indicado que no se encuentra establecido dicho hecho, dado que son deudas de carácter puramente civil de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que es indiscutible que al momento de haber sido legislado el artículo 379 en materia penal y al adecuarse la actuación de los integrantes del Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. a este tipo penal, es indiscutible que llegamos a la conclusión de que se actualizó el hecho que la ley señala como delito y que se encuentra previsto en el numeral. 379 del Código Penal vigente en el Estado, por lo tanto no le asiste la razón a la defensa bajo los argumentos que refieren que Se trata de un asunto de índole penal al encontrarse previamente establecido en la legislación penal la actuación de la ahora imputada doña Leticia Felisa Medina Carrizosa, en su carácter de socio y dirigente de la empresa Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de CN en la época de los hechos. PROBABLE COMISION O PARTICIPACION SEXTO.- Se sostiene de manera razonable la probable participación de la imputada de Leticia Felisa Medina Carrizosa en la comisión del hecho que nos ocupa, como se desprende la declaración de la víctima quien señala que individualiza inicialmente al señor Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga con la persona que la convenció para ser social y para realizar los diversos depósitos de ahorro, con quién entendió los trámites para ser social y para realizar los diversos depósitos de ahorro, ya que si bien es cierto, en su declaración en forma genérica refiere que interpone la denuncia únicamente en contra de Don Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, también es cierto, que el numeral que también la interpone en contra de los dueños socios o administrativos de dicha personal moral, lo que así verificó ya con posteridad a ello en ampliación de declaración señala en forma categórica a ahora imputada doña Leticia Felisa Melina Carrizosa, como una de las personas que integran el Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., exhibiendo para tal fin la copia del acta constitutiva de dicha persona moral, y refiere que la obtuvo de diversa persona que también había realiza una denuncia en contra de este cooperativo y que en base a dicha copia, tuvo el conocimiento de que los dueños y administrativos de dicha persona moral lo era una de ellas la ahora imputada doña Leticia Felisa Medina Carrizosa, por lo tanto interpone a la denuncia en contra de ella como administrativo y dueño de dicha persona moral, por lo tanto es indiscutible que con el carácter de presidenta del consejo de vigilancia de esta persona moral, sabia de las actividades de dicha empresa, las cuales de correspondían vigilar y en su caso ejercer el derecho de veto cuando las actividades se añejaran del objeto de la cooperativa de conformidad con el numeral 7 del Código Penal vigente en relación con el artículo 46 del Ley General de Sociedad de Cooperativas y no obstante a ello permitió omitiendo cumplir con sus funciones, que al ser requerida su representada no se devolviera el importe de los ahorros realizados por la denunciante Angélica Pinacho Hernández y aunado a ello, cerraron la sucursal de San Pedro Pochutla, Oaxaca, de ahí que le resulte muy probablemente responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señale como delito, a un lado a qué si fue señalado por la ahora víctima Angélica Pinacho Hernández. Como lo ha manifestado la Agente del Ministerio Público al ser parte de la imputada del cooperativo, en atención a que de acuerdo al acta constitutiva se pudo advertir que es presidenta del Consejo de vigilancia, como así también lo manifestó en esta sala de audiencias y medianamente se puede determinar que también resulta ser socia, por lo que por lo tanto tenía como ya se dijo, la calidad de garante, es decir, la obligación de vigilar el buen funcionamiento del comparativo, aun cuando ella haya señalado que dentro de sus funciones no era el hecho de recibir las cantidades a que mencionaron la víctima Angélica Pinacho Hernández, sin embargo, se encontraba dentro del cooperativo o forma parte del Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., por ello su actuar fue omisivo conforme lo establece el artículo 7 del Código Penal vigente Estado de Oaxaca, ya que era garante del bien jurídico y no hizo nada sabiendo que podía evitarlo, cómo así lo establece el citado numeral 7 del código punitivo, que a la vez señala Artículo 7.- Quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerada autor el mismo, sólo si de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, era garante del bien jurídico y su inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo, es garante el único el que: a) Aceptó efectivamente su custodia. En este caso dicha imputada aceptó la custodia de ese numerario que invirtió la ciudadana Angélica Pinacho Hernandez, al ser parte del Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V., ello a consideración de que en acta constitutiva se advirtió que era presidenta del Consejo de Vigilancia y también se puede advertir con mediana claridad que resultaba ser socia de dicho corporativo y como en efecto su objeto de dicho corporativo era la captación de ahorro y préstamo, su deber consistía en vigilar el buen funcionamiento de esta corporativo, conforme también lo establece e impone esta obligación el artículo 46 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, es decir, le correspondía vigilar que dicha persona moral constituida como caja de ahorro, acorde a su objeto, estuviera funcionando como lo establecen las leyes correspondientes como lo son la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como la Ley General de Sociedades Cooperativas, máxime que como ha quedado establecido dentro de sus datos generales dijo se contador privado por lo que conocía también los alcances y los riegos de la persona moral de la cual formaba parte, cabe indicar que la imputada es mayor de edad, acorde a los datos que virtió en la audiencia correspondiente, al indicar que en ese momento contaba con la edad de cincuenta y seis años, por lo que resulta ser imputable para la ley penal de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Penal vigente en el esta Entidad Federativa. Es evidente, que la imputada obro en forma de omisión dolosa, porque sabía lo que hacía, ya que la persona moral dedicada a actividades financieras de ahorro y préstamo comenzaron a captar dinero de sus ahorradores y tendiendo conocimiento de que la persona moral había entrado en una recesión, no existe dato alguno de que haya acudido ante las instancias correspondientes para decretar su quiebra mercantil, ni tampoco que haya realizado ante las instancias federales el trámite para la aplicación del fideicomiso de cajas de ahorro, dejando a su suerte a todos los ahorradores, inversionistas de Corporativo Tres Mixtecas S.C. de R.L. de C.V. Aunado a todo lo anterior, cerraron el local en el cual se despachaba la sucursal de la citada persona moral en la ciudad de San Pedro Pochutla, Oaxaca, ubicado en la calle de Ignacio Allende número 5, primera sección, en la colonia centro de dicha ciudad lo cual fue objeto de Inspección ocular o parte del Agente Estatal de Investigaciones e hizo constar que en dicho domicilio actualmente se encontraba una diversa negociación, por lo tanto, es indiscutible que su actuar ha sido doloso, por ello su participación es como coautora material de , acuerdo a lo establecido la fracción III del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado, en virtud de que la imputada era parte del Consejo de vigilancia a la persona moral, al ser presidenta de éste, aunado a qué del instrumento notarial relativo al acta constitutiva volumen 1193, instrumento 89398 de fecha trece se septiembre del año os mil seis, de la fe del notario público número 38 licenciado Omar Abacuc Sánchez Heras, se puede medianamente advertir que era también social fundadora de dicha persona moral, por lo que indiscutiblemente sus funciones como presidenta del Consejo de vigilancia se encuentran debidamente establecidas en las leyes que regulan este tipo de sociedades y no acató estas disposiciones, de ahí que tenía el codominio funcional del hecho y por omisión no ejecutó las funciones que le correspondía, que el actuar de la imputada no se encuentra amparado bajo alguna causa de inculpabilidad cómo pudiera ser inimputabilidad estado de necesidad disculpante, error de prohibición invencible, conforme lo establecen las fracciones V, VII y VII inciso b) del artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado, ello en atención a qué racionalmente le era exigible una conducta diversa que realizó, toda otra vez que pudo determinarse conforme a los lineamientos prohibitivos de la norma penal, esto es al ser garante y a tener una participación en el cooperativo como presidenta del Consejo de vigilancia y socia, le correspondía vigilar por el buen funcionamiento del corporativo, es por ello que contrario a lo que señala la defensa se encuentra debidamente reunidos los requisitos y los extremos señalados por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por los artículos 272, 274 y 278 adjetivo de la materia, por ello procedente vincular a proceso a doña Angélica Pinacho Hernández. Por otra parte, debe decirse que hasta el momento no se ha establecido que el actuar de la imputada esté justificado por la norma penal, es decir, que el artículo 16 del Código Penal en vigor, impone al juez analizar si existen causas de exclusión del delito, como lo es la ausencia de voluntad, legítima defensa, estado de necesidad u otra establecido en el artículo 14 del código punitivo y que no se encuentra dato alguna que en su momento esta autoridad pudiera hacer valer de oficio en su favor.(sic.) De lo anterior, se advierte que la Juez responsable acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en virtud de que dejo sin efectos la resolución reclamada, así como la medida de coerción correspondiente y, con plenitud de jurisdicción, una vez que subsano las omisiones formales destacadas en la sentencia, nuevamente decretó auto de vinculación en contra de la quejosa Leticia Felisa Medina Carrizosa, por haberse acreditado que probablemente intervino en un hecho que la ley señala como delito de Equiparado a la Retención, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Angélica Pinacho Hernández, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se considera cumplida dicha sentencia. Hagase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifiquese; por lista a la quejosa y a la tercera interesada, en cumplimiento a lo ordenado por autos de veintisiete de noviembre de dos mil quince y veinte de febrero de dos mil diecisiete.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio número CJEO/JCP/675/2018-J, signado por el Juez de Control en Materia Penal, residente en la Agencia El Zapote, Pochutla, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, remite copias certificada de la resolución que dicto el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal número 164/2015, en la que determinó literalmente lo siguiente: . PRIMERO: En cumplimiento a la ejecutoria de Amparo número 495/2015 sección II, mesa III-B del Juzgado Séptimo Distrito en el Estado, con fundamento en lo que establece el artículo 19 párrafo primero de la Constitución Federal, en relación con el 77 fracción I de la Ley orgánica en vigor y 274 con el penúltimo párrafo del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, hasta el uno del año dos mil dieciséis, a partir de esta fecha diecinueve de mayo del año dos mil dieciocho, se deja sin efecto legal alguno las resoluciones de vinculación a proceso y medida cautelar dictadas con fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, para todos los efectos legales correspondientes, dictados dentro de la causa penal número 164/2015 del índice este Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa residente en la comunidad del Zapote San Pedro Pochutla, Oaxaca, que se instruye en contra de doña Leticia Felisa Medina Carrizosa y otros, como probable responsable en comisión del hecho que la Ley señala como constitutivo de Equipada la Retención, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Angélica Pinacho Hernández. SEGUNDO.- Se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de doña Leticia Felisa Medina Carrizosa, por haberse acreditado que probablemente intervino en un hecho que la ley señala como delito de Equiparado a la Retención, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Angélica Pinacho Hernández, hecho que a criterio de esta autoridad acorde a lo resuelto en esta resolución, se encuentra acreditado conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (sic). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del correo electrónico y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyado en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Por otra parte, glósese al expediente únicamente para que obre como corresponda el oficio número TSJ/SGA/1212/2018, remitido vía fax, por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que solicita se le informe el número de la causa penal en la que el Juez de Control, con sede en la Agencia El Zapote, Pochutla, Oaxaca, actuara para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, en virtud de que dicha autoridad responsable ya informó lo procedente en cuanto a dicho cumplimiento. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyado en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 30, del tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173071, cuyo tenor literal es; "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercera interesada, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdos de veintisiete de noviembre de dos mil quince y veinte de febrero de dos mil diecisiete. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a dos de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio número 550, de veinticinco de abril del año en curso, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la ejecutoria dictada el doce de abril del año en curso, en el amparo en revisión número 671/2017; así como los autos originales del juicio de amparo número 495/2015; y, tres discos en formato DVD; acúsese recibo vía correo electrónico institucional, atento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". De la ejecutoria de mérito se advierte que el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia sujeta a revisión, en la parte relativa en la que, por una parte, se negó el amparo a LETICIA FELISA MEDINA CARRIZOSA; y, por otra, se concedió la tutela federal solicitada contra actos del Juez de Garantía, con sede en la Agencia Municipal de El Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Garantía, con sede en la Agencia Municipal de El Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo 192, dé cumplimiento con la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestre lo anterior. Así también, como lo dispone expresamente el párrafo tercero del aludido artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad responsable, que lo es, el Magistrado Raúl Bolaños Cacho, Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito; con apercibimiento que no acreditar que dio tal orden, se le impondrá una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Apercibiendo a dichas autoridades que de no acreditar lo anterior en el plazo legal otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se remitirá el expediente al Tribunal Colegido de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así también, se les impondrá una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo. Ahora bien, dado el volumen del presente expediente, se ordena formar el tomo II, el que quedara a disposición de las partes para su consulta, a partir de esta actuación. Por último, devuélvanse al Juez de Garantía, con sede en la Agencia Municipal de El Zapote, San Pedro Pochutla, Oaxaca, los tres DVD que remitió como justificación de su informe. Notifíquese; por lista a la quejosa y a la tercera interesada, en cumplimiento a lo ordenado por autos de veintisiete de noviembre de dos mil quince y veinte de febrero de dos mil diecisiete. III-B
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