Leticia Farías Llamas
Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2021
Partes del expediente
- Leticia Farías Llamas
Actuaciones
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desecha de plano el juicio de amparo sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f 07/08/21 15:33:50 jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano el presente juicio de amparo. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por LETICIA FARIAS LLAMAS por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables señaladas como Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva del Estado, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y otra autoridad. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 172/2021-VIII. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 ? Sin que haya lugar a abrir el incidente de suspensión solicitado, en virtud de la determinación a la cual se arribó en el presente juicio de amparo. Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para tal efecto, se requiere desde este momento a la parte quejosa LETICIA FARIAS LLAMAS, para que, de ser el caso, en el acto de la notificación proporcione un número telefónico o en su defecto algún correo electrónico en el cual este juzgado se encuentre en posibilidad de efectuar futuras notificaciones en el presente juicio y así estar en condiciones de cumplir a cabalidad con el imperativo del juicio en línea con la utilización de los medios electrónicos para tal fin. Fijación de la Litis. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos por esta vía reclamados se hace consistir en: 1. El procedimiento administrativo, mediante el cual, se pretende suspender mi servicio de energía eléctrica que tengo contratado con la responsable, de forma unilateral, sin que la suscrita hubiese incurrido en alguna de las causas que prevé el numeral 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. 2. La negativa injustificada e indebida a otorgarme datos, información o documentación sobre la orden verbal que pudiera generar el corte del servicio público de suministro de energía eléctrica en mi domicilio particular. 3. La posible suspensión del suministro de energía eléctrica con que actualmente cuento, y que se identifica con número de servicio 496181200079. 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA4. El retiro por parte de las responsables de los cables y postes con los que me proporcionan el servicio de energía eléctrica, ya que, mi domicilio está alejado de la zona urbana. De igual manera, en la demanda de cuenta la quejosa manifiesta que las autoridades responsables son: 1. Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva del Estado, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; y, 2. Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda, previo a cualquier otra cuestión, se procede a examinar la procedencia de la misma conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica lo que debe entenderse por "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", a través de la tesis jurisprudencial de registro 188643, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de dos mil uno, Materia Constitucional, página 803, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En razón de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, tal y como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; lo procedente es examinar si en el caso se actualiza algún motivo de improcedencia de manera manifiesta e indudable. Para sustentar lo anterior, es necesario citar los siguientes numerales: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAimprocedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de la fracción II del artículo 5o., de la Ley de Amparo, éste se refiere a las características que debe tener un ente para ser considerado autoridad responsable como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación). La relación jurídica de supra a subordinación debe tener como características: unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Establecido lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo únicamente es procedente respecto de actos de autoridad que violen los derechos humanos de los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que, con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. El anterior criterio se encuentra previsto en la diversa tesis con registro 199459, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, Página 118, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAunilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: A) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; B) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; C) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, D) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se consideró en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro 161133, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, que en rubro y texto señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, del estudio de la demanda de amparo en su integridad, así como de los anexos que la acompañan, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: ".A. Según lo acredito con el recibo de pago emitido por las autoridades señaladas como responsables, tengo celebrado con ellas, un contrato de suministro de energía eléctrica de baja tensión, al cual, le corresponde el número de servicio 496181200079. Dicha asistencia se me proporciona en un inmueble que se encuentra alejado de la zona urbana -Rancho El Naranjo-, porque, desde hace más de cuarenta años, la entonces Comisión Federal de Electricidad, instaló postes, cables y transformador en un terreno propiedad de mi vecino -parcela-colindante, como se aprecia en las fotografías que desde ahora se adjuntan. B. Es el caso que, el día veinticuatro de los cursantes, fui enterada por un trabajador, del aquí tercero con interés, que procederían a quitar los postes y cables con los que las autoridades me proporcionan el servicio de energía eléctrica, supuestamente porque estaban dentro del terreno propiedad del señor Luis Cristóbal Ruelas Joya, merced a que, habían conseguido la autorización por parte de la Comisión Federal de Electricidad; hecho que me sorprendió ya que la autoridad no me ha notificado ningún procedimiento administrativo. Por lo que, me traslade a las oficinas ubicadas en Bucerías, Nayarit; y, fui atendida por la señorita Evelia Jiménez Bustamante, quien me escucho la narración anterior, y me dijo que: "si los postes y cables estaban dentro del terreno del vecino, este tenía facultades para retirarlos, sin importar que me quitaran el servicio de suministro contratado". C. Sobre la base anterior, y ante el temor fundado de que, efectivamente sean retirados los postes, cables y transformador instalados por las empresas que me proporcionan el servicio esencial de energía eléctrica-, eventos que se realizarían fuera de lo estipulado en el contrato de suministro de energía eléctrica-, y se cometa en mi perjuicio actos violatorios de mis derechos humanos y demás garantías constitucionales, es por ello que permito solicitar el Amparo y la Protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades que señalo como responsables. (.).". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en el que estableció que en las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAeléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, consideró la Segunda Sala, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Por tanto, el hecho de la posible suspensión del suministro de energía eléctrica, el retiro de los postes, cableado y transformador, en el domicilio que señala la parte promovente, así como la negativa de proporcionarle mayor información o documentación sobre los hechos antes indicados, tal y como lo refiere la solicitante del amparo; no generan que la relación de coordinación que se transforme en una de supra a subordinación, sino que sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros; sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII servicio, así como cobros derivados de la prestación de dicho servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La jurisprudencia aludida, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se publicó en abril de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2016656, Décima Época, Libro 53, Tomo I, página 532, y es del siguiente tenor: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." No pasa inadvertido que la Segunda Sala señaló que podían suscitarse ciertos supuestos en los cuales sí se consideraría a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad en el juicio constitucional, y que esa cuestión debía ser analizada por el Juzgador Federal. De manera ejemplificativa, precisó los siguientes: 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Relatado lo anterior, y del análisis del líbelo constitucional de mérito, se advierte que acorde a sus propios planteamientos, la parte impetrante del amparo no se encuentra en ninguna de las hipótesis referidas o en alguna otra que guarde cierta similitud. Es así, en principio, porque la quejosa refiere que se le pretende suspender el servicio de energía eléctrica por parte de las entidades a las que denomina autoridades responsables, toda vez que fue informada por un trabajador de su vecino Luis Cristóbal Ruelas Joya, que procederían a retirar los postes, cableado y transformador mediante los cuales las autoridades que señala como responsables le proporcionan el servicio básico de energía eléctrica, supuestamente porque fueron instalados en dentro de la parcela colindante a su propiedad, esto es, dentro de los terrenos propiedad de su vecino y que éste, había recibido autorización por parte de los entes designados como responsables para proceder al retiro de los referidos postes y cableado que se encuentran dentro de su propiedad. Por lo anterior, al enterarse de lo sucedido, acudió a las oficinas ubicadas en Bucerías, Nayarit, donde fue atendida por Evelia Jiménez Bustamante, a quien le hizo del conocimiento la información que le fue proporcionada por el trabajador de su vecino, quien le refirió que si los postes y cables estaban dentro del terreno del vecino, éste tenía las facultades para retirarlos, sin importar que 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII se le quitara el servicio de suministro contratado con las responsables. Establecido lo anterior, la posible suspensión del corte de suministro de energía eléctrica, así como el retiro de cables y postes, de ninguna manera pueden considerarse como actos de autoridad, debido a que entre la parte quejosa y la autoridad denominada como responsable, no existe una relación de supra a subordinación, sino una relación contractual. Lo anterior es así, ya que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio, los cuales a la letra dicen: "Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: (.) V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.". "Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.". De los anteriores numerales se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al artículo 104, fracción II de la 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Así pues, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. En consecuencia, es innegable que la actuación que se atribuye a las potestades designadas como responsables de la Comisión Federal de Electricidad, no constituyen actos de autoridad para efectos el juicio de amparo, respecto de la quejosa LETICIA FARIAS LLAMAS, porque las autoridades de mérito no actúan con las características previstas en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, respecto de los actos atribuidos a las responsables de la Comisión Federal de Electricidad, pues no les asiste el carácter de autoridades dada la naturaleza de aquéllos; en consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente. Por último, es importante hacer alusión a la siguiente jurisprudencia que avala el carácter manifiesto e indudable del 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII motivo de improcedencia que se invoca y la posibilidad de realizar ahora este análisis, criterio sostenido por la segunda sala del más Alto Tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, registro número 2019230, la cual es del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Atento a la decisión adoptada en este pronunciamiento, es dable señalar que, de considerarlo conveniente a sus intereses, y llegado el caso de generarse un perjuicio directo en la esfera jurídica de la hoy quejosa, podrá hacer valer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales mercantiles correspondientes. Domicilio del quejoso y autorizado Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Se tiene por autorizado a Alejandro Medina Satarain y José Abel Medina Satarain, en términos del artículo 12 de la ley de 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAla materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuentan con cédulas profesionales debidamente registradas. Asimismo, se tiene por autorizado exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Víctor Rodríguez Ramos, en los términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, por no acreditar dicho requisito. Improcedencia de la suspensión de plano Ahora bien, no se desatiende que la promovente hace referencia al artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en el párrafo primero del artículo 22 Constitucional, se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por dicho precepto constitucional; por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al Actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑAJuicio de amparo indirecto 172/2021-VIII expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.
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