Leticia Enriquez Lopez
Expediente 270/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2021
Partes del expediente
- Leticia Enriquez Lopez
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. I. Informe justificado. Ténganse por recibido el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado; en consecuencia, dese vista a las partes. II. Se sobresee fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se constata que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se ha actualizado un motivo de sobreseimiento que impide la continuación de este sumario constitucional, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se promovió este juicio de amparo, donde la parte quejosa reclamó, en síntesis, la falta de pronunciamiento respecto de las pruebas ofertadas por las partes en la audiencia de ocho de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 375/2019. Por otra parte, del informe justificado y de las constancias que a éste se anexaron, a los que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que: El diez de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable, proveyó las pruebas ofertadas por las partes, tal y como se advierte de las siguientes imágenes: De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la responsable ya había proveído las pruebas de las partes en el juicio de origen. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos" Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de proveer las pruebas, tal como se advierte del informe justificado que rindió la autoridad responsable, el diez de diciembre de dos mil veinte, se proveyó lo conducente. Es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto, lo que de suyo implica que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer sus derechos contra esa determinación, en la vía y forma que corresponda. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el Juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro 169410, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de abril de dos mil veintiuno. I. Se provee escrito. Vista la ratificación que ante la presencia judicial realizó **** respecto de su ocurso presentado el cinco de abril del año en curso, registrado con el número de orden 4542, en consecuencia, tal y como se señaló en auto de seis de abril del año en curso, se procede a proveer en los siguientes términos: A sus autos el escrito de *****, autorizada de la quejosa, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le realizó por auto de veinticuatro de marzo pasado, proporciona dos domicilios a fin de llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido "Estancia de Ayllones" municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a saber: Avenida Hidalgo y Costilla 3161, colonia San Jorge en Guadalajara, Jalisco; y, Salón Ejidal "La Estancia de Ayllones", ubicado en calle Juárez 59, Localidad la Estancia de Ayllones, San Juanito de Escobedo, Jalisco. II. Por conducto del actuario. En razón de que uno de los domicilios proporcionados de los terceros interesados Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido "Estancia de Ayllones" municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en éstos a fin de emplazarles a juicio, en el entendido que deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley en cita, los requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen de su parte domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, hasta en tanto se señale domicilio para tales efectos. En la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar, por cualesquier medio, el domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenidos los datos respectivos, lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), del cuerpo legal invocado. III. Se libra despacho. En razón de que el diverso domicilio proporcionado para localizar a los citados terceros interesados Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido "Estancia de Ayllones" municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, al ubicarse en Salón Ejidal "La Estancia de Ayllones", ubicado en calle Juárez 59, Localidad la Estancia de Ayllones, San Juanito de Escobedo, Jalisco; por ello, líbrese despacho con los insertos y anexos necesarios al Juez de Primera Instancia de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva realizar el emplazamiento en dicha dirección. El funcionario que practique la diligencia buscará a la citada parte, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el número de expediente, le entregará copia autorizada del presente acuerdo, de la demanda, de los escritos aclaratorios y le hará del conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; además, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, le requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale de su parte domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, hasta en tanto se señale domicilio para tales efectos. Si la persona se niega a recibir o firmar las notificaciones, la negativa se asentará en autos y aquéllas se tendrán por hechas. Si no se encuentra la persona que deba ser notificada, el funcionario que practique la diligencia se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio, especificándose los órganos jurisdiccionales participantes y los números de expedientes relativos; o, en su caso, si encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que la personas buscadas, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, si la personas por notificar no acuden a la cita, las notificaciones se harán por lista en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de la materia, pudiendo tomar las medidas necesarias para lograr las notificaciones personales si lo estima pertinente. De todo lo que ocurra se deberán asentar actas circunstanciadas. En el entendido de que deberá remitir las constancias originales relativa a la notificación encomendada, dentro de las veinticuatro horas siguientes de su diligenciación o, en su defecto, manifestar el impedimento legal que tenga para ello. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción II, en relación con el 259 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se autoriza efectuar la diligencia encomendada en días y horas inhábiles, y en caso de que en el momento de que pretenda llevarla a cabo, tenga conocimiento de un domicilio diverso al aportado, podrá practicarla, sin necesidad de acuerdo previo. Notifíquese.
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