Leticia Dolores Ramírez García

Expediente 1589/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1589/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • Leticia Dolores Ramírez García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro******************** mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa******************** quedando registrado con el número de toca 5/2018 de su índice; lo que se asienta para los efectos legales conducentes...I

  2. Principal

    . V I S T O el escrito de cuenta, signado por ******; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído dictado el doce de diciembre de dos mil diecisiete; en esa virtud, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a, 98, 99, primer párrafo, 100 y 101, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, más no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el escrito original del escrito de queja, copia del mismo y las copias certificadas que son necesarias para la substanciación del recurso interpuesto.

  3. Principal

    Visto súmese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito aclaratorio (con anexo) de cuenta signado por la quejosa *****, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de treinta de noviembre de dos mil diecisiete; por lo que, se acuerda: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar cuando del contexto de la demanda se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del análisis en su contexto de la demanda, así como de los documentos que se acompañen a ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres, sostenida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, en Materia Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, que cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Sentado lo precedente, después de un análisis del escrito de demanda, éste Juzgado Federal advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de la acción de amparo; respecto de algunos actos reclamados en la demanda de amparo, toda vez que el motivo es manifiesto e indudable. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que se ejercitó el presente medio de control constitucional sin colmar de forma previa, en contra de los actos reclamados, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues en el caso, debió promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado destacado se hace consistir sustancialmente en "la negativa a la suscrita de recibir el beneficio económico de pensión" dictada en el recurso de reconsideración en el expediente 076895, por el Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) con residencia en la Ciudad de México". Y, a efecto de hacer patente el motivo de improcedencia invocado, es necesario citar el contenido del numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, mismo que a la letra expresa: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina de, definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución Federal; Ley de Amparo y, los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de garantías, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: 1.- Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2.- Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; 3.- Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; 4.- Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; 5.- Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; 6.- Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; 7.- Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; 8.- Los que carezcan de fundamentación; 9.- Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y 10.- Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Precisado lo anterior, es conveniente recordar que el impetrante de amparo, señala como acto reclamado destacado en el presente sumario constitucional, "la negativa a la suscrita de recibir el beneficio económico de pensión" dictada en el recurso de reconsideración en el expediente 076895, por el Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) con residencia en la Ciudad de México. Así, el artículo 3 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.." En esa línea de argumentos, éste Juzgado de Distrito considera que el acto reclamado que se impugna por esta vía, debe ser combatido mediante el medio ordinario de defensa a través del cual se puede lograr su modificación, revocación o, nulificación. Máxime que en el caso, no opera ninguna excepción a dicho principio rector del juicio de control constitucional y; como ha sostenido el Máximo Tribunal del País, el numeral 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia: 2a./J. 130/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, del mes de septiembre de dos mil trece, Tomo 2, Materia: Común, visible en la página mil cuatrocientos cuarenta y seis, que a la letra dispone: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Igualmente resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 138/2009, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 680, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. De la evolución constitucional y legal del recurso de revisión fiscal se advierte que su procedencia no se acota en términos del artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones o las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que aborden cualquier aspecto relacionado con pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino que debe comprender también a las conferidas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por disposición expresa del artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica del referido Tribunal, el cual le otorga competencia para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas en las que se nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales concedidas por las leyes a favor de los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, de sus familiares o derechohabientes, sin que obste que dicho supuesto de procedencia se prevea en un ordenamiento legal diverso al que rige el procedimiento, pues el sistema jurídico mexicano debe analizarse conjuntamente a fin de conocer el medio de defensa procedente contra los actos de autoridad." En efecto, tampoco se surte ninguna hipótesis de excepción al principio de definitividad porque el aquí quejoso no reclama un acto de imposible reparación; pues ante una eventual nulidad del acto que reclama, puede restituírsele en sus derechos afectados; no es un acto de naturaleza penal, ni alguno que importe peligro de la privación de la vida o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni ésta se ostenta tercero extraña a juicio, además la resolución reclamada no carece de fundamentación y motivación, y tampoco se combate la constitucionalidad de la Ley con motivo de su primer acto de aplicación. Luego, si la ahora quejosa no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad antes referidos; es incuestionable, que para efectos del juicio de amparo, debió de agotar el medio defensa descrito. En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, del citado ordenamiento legal. Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por LETICIA DOLORES RAMÍREZ GARCÍA. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las parte...I NP

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***** por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 1589/2017-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. PREVENCIÓN Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracción V, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con el siguiente requerimiento: 1.- Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, exhiba completa la demanda de amparo, y, sus respectivas copias, lo anterior es así, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que el capítulo de antecedentes está incompleto y/o en su caso manifieste y narre completamente bajo protesta de decir verdad, y bajo apercibimiento de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad jurisdiccional conforme lo señalado en el artículo 261 fracción I, de la Ley de la materia; los antecedentes del acto reclamado. 2.- Exhiba copia simple o certificada de la resolución que en esta vía combate. 3.- Con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones III, de la ley de la materia, indique si es su interés señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna que tenga su residencia en esta ciudad, ello en virtud en su escrito de demanda no manifiesta tal aspecto.. 4.- Por último, la parte quejosa deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, y la apertura del incidente de suspensión solicitado, ello en términos del artículo 110 de la ley de amparo Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en los puntos 1, 2 y 4 en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia, y en caso de no dar cumplimiento únicamente al punto 3 se proveerá lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios a los licenciados MARCO ANTERLMO GRANADOS PÉREZ, PALOMA PATRICIA GRANADOS SÁNCHEZ y MARIO ROSAS BECERRIL. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal....UI NB P

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