Leticia de los Ángeles Trejo Moreno

Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Leticia de los Ángeles Trejo Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la parte quejosa desahoga la prevención de la demanda formulada en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno: precisa el nombre de la autoridad responsable y precisa que la demanda de amparo la promueve en representación de su menor hija; en esa condición: PROTECCIÓN DE DATOS DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. Con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a la vida privada, identidad y dignidad, así como el bienestar físico y psicológico de I.G.G.T. en atención al interés superior de la persona menor de edad y acorde con lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adoptan las siguientes medidas de protección: a) Se omitirá mencionar el nombre de la persona menor de edad y se hará alusión a sus iniciales I.G.G.T. las cuales deberán ser empleadas en todas las actuaciones del juicio, así como en las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, salvo que resulte necesario conocer su nombre; b) Se prohíbe a las partes revelar la identidad de las referidas personas menores de edad, así como la divulgación de cualquier otro material o información derivada del juicio que conduzca a su identificación. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial de demanda; se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: La resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada por la juez de Partido Especializada en Materia de Oralidad Familiar, de este Partido Judicial, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto para impugnar el auto de ocho de marzo del año en curso, emitido en el incidente de actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general dentro del juicio familiar ***, en el sentido de modificarlo. En la determinación controvertida la responsable revocó la admisión de la prueba pericial en trabajo social ofertada por la parte actora incidental bajo el argumento, en esencia, de que la litis en el mencionado incidente era determinar el aumento porcentual de la pensión alimenticia con base en el salario mínimo pero no determinar el monto de las necesidades alimentarias de la persona menor quejosa. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *** como representante legítima de la menor I.G.G.T., contra el acto reclamado de la juez de Partido Especializada en Materia de Oralidad Familiar de este Partido Judicial. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se verifica de manera manifiesta la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] B) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] Esos numerales disponen que cuanto se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en contra de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En otras palabras, en lo que interesa para la resolución del asunto, el texto constitucional sólo enuncia la procedencia del juicio de amparo en contra de actos "cuya ejecución sea de imposible reparación" y delega en la legislación secundaria las características que deben tener dichos actos. Así, el precepto 107 de la Ley de Amparo, en sus dos de sus fracciones contempla sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segundo, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dicho. De modo que el legislador estableció que, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para que los actos puedan ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, por lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derecho éstos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forme efectiva. Así se obtiene de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 1/2016 (10a), localizable en la página 15, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes relevantes del caso, según el escrito de demanda: Leticia de los Ángeles Trejo Moreno como representante legítima de la menor I.G.G.T promovió incidente de actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general, en contra de José Gerardo Gaytán Godínez dentro del juicio familiar F5741/2015, del índice del juzgado responsable. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, la responsable tuvo contestado el mencionado incidente y se pronunció sobre los medios de convicción que ofrecieron las partes, entre otros, a la hoy parte quejosa admitió, la pericial en materia de estudio socioeconómico que una de sus finalidades era cuantificar el monto de las necesidades alimentarias de la mencionada infante. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el nueve de abril de dos mil veintiuno: se modificó el auto controvertido para desechar la prueba pericial en trabajo social bajo el argumento de que la actualización del monto de la pensión alimenticia tiene su origen en el convenio firmado por las partes pero no por las necesidades alimenticias de los acreedores; y, sobre todo para obtener el monto actualizado solo se requiere de realizar operaciones aritméticas pero no un estudio en trabajo social. Tal resolución constituye el acto reclamado. Se considera entonces que dicha resolución tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación: se trata de un desechamiento de prueba pericial en trabajo social. La decisión reclamada no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa sino solo y, eventualmente, en un aspecto procedimental, pues en la determinación que se impugna la responsable desechó la mencionada probanza. Luego, será hasta en tanto se dicte resolución del mencionado incidente cuándo podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no del desechamiento del referido medio de convicción, y será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir dicha cuestión; sin perder de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habrá sido reparada. De ese modo, el acto reclamado constituye una eventual violación procesal que se hará valer en contra de la resolución que decida el aludido, si es que esta es desfavorable a los intereses de la parte quejosa, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Máxime que no se está en el supuesto de ejecución irreparable a que refieren las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA" "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO", Y, "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda. Sin que se impedimento el hecho de que la parte quejosa sea una menor de edad y en su favor opere la suplencia de la queja, empero dicha figura procesal no llega al extremo de hacer procedente una demanda que conforme a la Ley de Amparo no lo es. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno que en resumen dice: "QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la parte quejosa desahoga la prevención de la demanda formulada en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno: precisa el nombre de la autoridad responsable y precisa que la demanda de amparo la promueve en representación de su menor hija; en esa condición: PROTECCIÓN DE DATOS DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. Con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a la vida privada, identidad y dignidad, así como el bienestar físico y psicológico de I.G.G.T. en atención al interés superior de la persona menor de edad y acorde con lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adoptan las siguientes medidas de protección: a) Se omitirá mencionar el nombre de la persona menor de edad y se hará alusión a sus iniciales I.G.G.T. las cuales deberán ser empleadas en todas las actuaciones del juicio, así como en las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, salvo que resulte necesario conocer su nombre; b) Se prohíbe a las partes revelar la identidad de las referidas personas menores de edad, así como la divulgación de cualquier otro material o información derivada del juicio que conduzca a su identificación. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial de demanda; se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: La resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada por la juez de Partido Especializada en Materia de Oralidad Familiar, de este Partido Judicial, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto para impugnar el auto de ocho de marzo del año en curso, emitido en el incidente de actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general dentro del juicio familiar ***, en el sentido de modificarlo. En la determinación controvertida la responsable revocó la admisión de la prueba pericial en trabajo social ofertada por la parte actora incidental bajo el argumento, en esencia, de que la litis en el mencionado incidente era determinar el aumento porcentual de la pensión alimenticia con base en el salario mínimo pero no determinar el monto de las necesidades alimentarias de la persona menor quejosa. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *** como representante legítima de la menor I.G.G.T., contra el acto reclamado de la juez de Partido Especializada en Materia de Oralidad Familiar de este Partido Judicial. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se verifica de manera manifiesta la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] B) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] Esos numerales disponen que cuanto se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en contra de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En otras palabras, en lo que interesa para la resolución del asunto, el texto constitucional sólo enuncia la procedencia del juicio de amparo en contra de actos "cuya ejecución sea de imposible reparación" y delega en la legislación secundaria las características que deben tener dichos actos. Así, el precepto 107 de la Ley de Amparo, en sus dos de sus fracciones contempla sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segundo, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dicho. De modo que el legislador estableció que, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para que los actos puedan ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, por lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derecho éstos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forme efectiva. Así se obtiene de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 1/2016 (10a), localizable en la página 15, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes relevantes del caso, según el escrito de demanda: Leticia de los Ángeles Trejo Moreno como representante legítima de la menor I.G.G.T promovió incidente de actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general, en contra de José Gerardo Gaytán Godínez dentro del juicio familiar F5741/2015, del índice del juzgado responsable. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, la responsable tuvo contestado el mencionado incidente y se pronunció sobre los medios de convicción que ofrecieron las partes, entre otros, a la hoy parte quejosa admitió, la pericial en materia de estudio socioeconómico que una de sus finalidades era cuantificar el monto de las necesidades alimentarias de la mencionada infante. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el nueve de abril de dos mil veintiuno: se modificó el auto controvertido para desechar la prueba pericial en trabajo social bajo el argumento de que la actualización del monto de la pensión alimenticia tiene su origen en el convenio firmado por las partes pero no por las necesidades alimenticias de los acreedores; y, sobre todo para obtener el monto actualizado solo se requiere de realizar operaciones aritméticas pero no un estudio en trabajo social. Tal resolución constituye el acto reclamado. Se considera entonces que dicha resolución tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación: se trata de un desechamiento de prueba pericial en trabajo social. La decisión reclamada no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa sino solo y, eventualmente, en un aspecto procedimental, pues en la determinación que se impugna la responsable desechó la mencionada probanza. Luego, será hasta en tanto se dicte resolución del mencionado incidente cuándo podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no del desechamiento del referido medio de convicción, y será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir dicha cuestión; sin perder de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habrá sido reparada. De ese modo, el acto reclamado constituye una eventual violación procesal que se hará valer en contra de la resolución que decida el aludido, si es que esta es desfavorable a los intereses de la parte quejosa, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Máxime que no se está en el supuesto de ejecución irreparable a que refieren las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA" "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO", Y, "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda. Sin que se impedimento el hecho de que la parte quejosa sea una menor de edad y en su favor opere la suplencia de la queja, empero dicha figura procesal no llega al extremo de hacer procedente una demanda que conforme a la Ley de Amparo no lo es. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable, el cual deberá relacionarse en la audiencia incidental.

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