Leticia de los Angeles Guerra Lujo
Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Leticia de los Angeles Guerra Lujo
- Leticia de los Angeles Guerra Lujo y Otros.
Actuaciones
- Principal
personal de cuenta, se advierte que la parte quejosa ****, la menor de quien se reserva su identidad para ser identificada a través de sus iniciales ****, ****, ****, ****, ****, el menor de quien se reserva su identidad para ser identificado a través de sus iniciales ****., *** y ****, no ratificaron la demanda de amparo interpuesta. 2. Demanda no presentada. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas en este asunto. 3. Causa estado. En ese contexto, resulta claro que la parte quejosa al manifestar su voluntad de no ratificar la demanda evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. Al respecto, resulta innecesario notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable en virtud de que el oficio 4537/2022, de veinte de abril del año en curso, no fue entregado por el Actuario adscrito, por el motivo señalado en la constancia de notificación de cuenta. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 141 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General2; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 153 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ****, contra actos del Titular de la Oficina de Representación Local en Piedras Negras, del Instituto Nacional de Migración -en su correcta denominación-. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 390/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Identificación de los menores mediante siglas. Al involucrarse derechos de unos menores de edad en el presente asunto, se reserva la información de éstos en cuanto a su nombre o características, en acatamiento al numeral 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Por ello, el nombre de los menores de edad serán sustituidos por siglas cada vez que se requiera señalarlo, por constituir información que puede conducir a revelar su identidad y con ello trasgredir las citadas reglas. Lo anterior, también en cumplimiento al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física de los agraviados, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de éste último; o, Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestos inmediatamente en libertad. 4.3 Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o los tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que fueron puestos a disposición del representante social. 4.6 No sean exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstos sean sometidos. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pueden ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación, expulsión o repatriación que las autoridades responsables pretenden ejecutar en contra de los quejosos directos Leticia de los Ángeles Guerra Lujo, la menor de quien se reserva su identidad para ser identificada a través de sus iniciales A.L.G., Andis Lafita Guerra, Reynaldo Guerra Lujo, Yudisnelis Fuentes González, Ibel Barata Garcés, el menor de quien se reserva su identidad para ser identificado a través de sus iniciales C.M.B., Leyris María Martínez Labaut y Luis Fabián Agüero Fernández. Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de los quejosos directos Leticia de los Ángeles Guerra Lujo, la menor de quien se reserva su identidad para ser identificada a través de sus iniciales A.L.G., Andis Lafita Guerra, Reynaldo Guerra Lujo, Yudisnelis Fuentes González, Ibel Barata Garcés, el menor de quien se reserva su identidad para ser identificado a través de sus iniciales C.M.B., Leyris María Martínez Labaut y Luis Fabián Agüero Fernández, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de la misma, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se le obligue a abandonar el país a los quejosos. Es decir, se abstengan las autoridades responsables de deportar a su lugar de origen a los quejosos, debiendo quedar en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de la aquí quejosa, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de los quejosos directos Leticia de los Ángeles Guerra Lujo, la menor de quien se reserva su identidad para ser identificada a través de sus iniciales A.L.G., Andis Lafita Guerra, Reynaldo Guerra Lujo, Yudisnelis Fuentes González, Ibel Barata Garcés, el menor de quien se reserva su identidad para ser identificado a través de sus iniciales C.M.B., Leyris María Martínez Labaut y Luis Fabián Agüero Fernández; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de localizar los hoy quejosos; una vez localizados, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración lo siguiente: 7.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de una menor de edad o que se ubique en estado de vulnerabilidad. 7.2 Dé fe del estado físico de los quejosos directos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 7.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 7.4 Requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7.5 Requerimiento a los autorizados. Se hace del conocimiento de los autorizados Luis Carlos Torre Garza y Christian Omar Hernández Hernández, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que Leticia de los Ángeles Guerra Lujo, la menor de quien se reserva su identidad para ser identificada a través de sus iniciales A.L.G., Andis Lafita Guerra, Reynaldo Guerra Lujo, Yudisnelis Fuentes González, Ibel Barata Garcés, el menor de quien se reserva su identidad para ser identificado a través de sus iniciales C.M.B., Leyris María Martínez Labaut y Luis Fabián Agüero Fernández, no sean encontrados por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran retenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éstos fueron puestos en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 8. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlo para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 9. Domicilio y Autorizados. En virtud de que el referido domicilio es fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este acuerdo así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Luis Carlos Torre Garza y Christian Omar Hernández Hernández, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 10. Representante común. Asimismo, con fundamente en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a Leticia de los Ángeles Guerra Lujo. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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