Leticia de León Hernández
Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Leticia de León Hernández
Actuaciones
- Principal
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas del doce de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1080/2022, promovido por Leticia de León Hernández, encontrándose en audiencia pública la licenciada Sandra Luz González García, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, asistida por el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que ya se encuentra agregado dentro del presente sumario. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida la Secretaria Encargada del Despacho: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora, toda vez que obra el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, no ha lugar a ello, pues se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. La Secretaria Encargada del Despacho: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: al no haber alegatos pendientes por relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1080/2022, promovido por Leticia de León Hernández, por conducto de su representante legal Marcela González Arjona; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de las recibido en este juzgado al día siguiente, Leticia de León Hernández, por conducto de su representante legal Marcela González Arjona, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable de dictar acuerdo de pruebas tomando en cuenta que la audiencia de pruebas y alegatos fue celebrada con fecha 21 de abril del 2022, lo anterior dentro del expediente 746/E/2018, así como de notificar el acuerdo recaído a las partes". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1080/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 746/E/2018, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas. El dejar de notificar el acuerdo recaído. Lo anterior, dentro del expediente laboral 746/E/2018. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Inexistencia de diverso acto reclamado. Ahora bien, resulta necesario hacer un apartado especial sobre el diverso acto que se reclama a la potestad responsable y que consiste en la omisión de notificar a las partes el acuerdo recaído a las partes, dentro del expediente laboral 746/E/2018. Si bien, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que es cierto el acto que se le atribuye, y que el uno de julio de dos mil veintidós se pronunció respecto a dictar auto de admisión o desechamiento de pruebas, lo cierto es que no es factible que la autoridad incurra en la omisión de notificar una determinación antes de su emisión. Es decir, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de junio de dos mil veintidós), no existía la determinación cuya omisión de notificación se reclama, ello pone de relieve que tal omisión resulta futura e incierta y, por ende, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Consecuentemente, en relación con el acto que se precisa en este apartado, consistente en la omisión de notificar a las partes el acuerdo recaído a las partes, consistente en la admisión o desechamiento de pruebas dentro del expediente laboral 746/E/2018, con fundamento en la fracción IV del precepto 63 de la Ley de la Materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral 746/E/2018, sin embargo, en fecha uno de julio de dos mil veintidós, se pronunció respecto al acuerdo en mención. Lo anterior se corrobora con las constancias en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través del acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas. En dicho auto (uno de julio de dos mil veintidós), la autoridad responsable admite las pruebas ofrecidas mediante escrito de veintiuno de abril de dos mil veintidós; comisionando al Actuario adscrito, para que por su conducto se realicen las notificaciones a las partes. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de uno de julio de dos mil veintidós, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leticia de León Hernández, contra los actos que reclamó del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, que fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Postal de Correos de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, solicita al Administrador de Correos de Mante, informe el estado de la pieza postal registrada con el folio 75050, asimismo le requiere proporcione las formas SPM-79 y/o SPM-78 originales o debidamente certificadas; consecuentemente, téngase al oficiante por informando las gestiones realizadas a efecto de remitir la pieza postal registrada en esa dependencia a su cargo. Notifíquese.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito enviado por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento de la sentencia dictada en autos...En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores...Notifíquese.
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