Leticia Dávila Galindo
Expediente 658/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 12/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Leticia Dávila Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 11/septiembre/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; once de septiembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 236 a 240), se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación de doce de agosto de la presente anualidad, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de doce de agosto de dos mil diecinueve. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 236 a 240), en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente si es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida, y de este proveído, en razón de que este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora bien, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente en que se actúa y se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que, de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos al ser depurado el expediente. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe ".
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 12/agosto/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de primero de agosto de dos mil diecinueve (foja 229), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la autoridad responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; lo que aconteció mediante escrito registrado con el número de promoción "19903" (fojas 231 a 234) signado por la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: ". En este sentido, al advertir una violación manifiesta que dejó sin defensa a la quejosa, dada la transgresión al derecho humano de legalidad consagrado en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que trasciende al derecho humano de defensa de la impetrante tutelado en el artículo 20, Apartado B, fracción IV de la misma ley suprema y a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal para que los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Ciudad de México: "Dejen sin eficacia jurídica el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho emitido en el expediente ***, únicamente en la parte en la que no acuerda de conformidad las pruebas testimoniales anunciadas a través del escrito presentado el nueve de ese mismo mes y año, identificadas con los numerales 4 y 5 y en su lugar, con libertad de jurisdicción, pero subsanando los vicios de legalidad aquí advertidos, emita otro debidamente fundado y motivado. "Determinación que adopta este órgano jurisdiccional, atento al principio pro persona previsto en el artículo 1º, de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ." De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE LO SIGUIENTE: ? Dejar sin eficacia jurídica el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho emitido en el expediente ***, únicamente en la parte en la que no acuerda de conformidad las pruebas testimoniales anunciadas a través del escrito presentado el nueve de ese mismo mes y año, identificadas con los numerales 4 y 5. ? En su lugar, con libertad de jurisdicción, pero subsanando los vicios de legalidad, emita otro debidamente fundado y motivado. Resulta importante señalar que, en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 219 a 223), este juzgado de amparo determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido; lo anterior, en virtud de que se estimó que en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo *** y en cumplimiento a la sentencia de amparo, no se precisó, de manera detallada, si a cada una de las personas señaladas por la aquí quejosa en su escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, les asistía el carácter de servidores públicos, ello como se puntualizó en el fallo de amparo; por ende, se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo y se requirió a la autoridad responsable a fin de que a) dejara insubsistente el referido acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve y, en su lugar, b) con libertad de jurisdicción, pero subsanando los vicios de legalidad advertidos, emitiera otro debidamente fundado y motivado. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el primero de agosto de dos mil diecinueve (foja 226), el Apoderado General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhibió el siguiente documento: 1.- Copia certificada del acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo ***(foja 227). Documental que, por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO 1.- Deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, y, 2.- En su lugar, con libertad de jurisdicción, pero subsanando los vicios de legalidad advertidos en la sentencia de amparo, emita otro debidamente fundado y motivado. Ahora bien, en la sentencia de amparo, este juzgado federal, determinó lo siguiente: ". No obstante lo anterior, se estima que el acto reclamado no se encuentra suficientemente motivado, pues la hoy quejosa, a través del escrito de ofrecimiento de pruebas presentado el nueve de mayo del año en curso, anunció diversas medios de convicción, entre ellos, las testimoniales que refiere en los numerales 4 y 5, en tanto que, la ahora autoridad responsable al emitir, el acto reclamado, no hace referencia a dicha probanza, sino que hace mención de una prueba confesional, que aduce no es admisible en términos del artículo 55, fracción I de la Ley de Seguridad Pública de esta ciudad, sin justificar dicha actuación, es decir, si la ahora quejosa anunció una prueba testimonial, porque se pronuncia sobre la confesional. "En efecto, la ahora quejosa ofreció diversas pruebas testimoniales y no una confesional, de ahí que, la autoridad responsable se encontraba obligada a fundamentar y motivar debidamente su actuación, esto es, determinar la procedencia o no del ofrecimiento de los citados medios de convicción. ." ? Lo que se acredita con el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente administrativo de origen, el cual se inserta a continuación: Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, pues, primeramente, mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dejó sin efecto legal alguno el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, ambos dictados en el expediente administrativo ***. En suma a lo anterior, emitió otra determinación en la cual se pronunció en relación con las pruebas testimoniales anunciadas a través del escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, identificadas con los numerales 4 y 5; en ese sentido, la autoridad responsable determinó desechar las pruebas testimoniales por la hoy quejosa por los motivos y fundamentos ahí expuestos. En la inteligencia de que, de conformidad con lo establecido por este juzgado de amparo en auto de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 219 a 223), en relación con la prueba señalada con el número 4, detalló que a las personas señaladas por la aquí quejosa, en su escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, les asistía el carácter de servidores públicos, de ahí que no podían desahogar la prueba en comento por las razones que ahí precisó. Habida cuenta de que la fundamentación y motivación de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, no pueden ser analizadas en el presente juicio, ya que resultan novedosas y no fueron materia de análisis de la sentencia de amparo. Así, con dicha documental en proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve (foja 229), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo; lo que aconteció mediante escrito registrado con el número de promoción "19903" (fojas 231 a 234) en el que la parte quejosa expresó su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, la parte quejosa sustenta su disconformidad en las siguientes consideraciones: a) Señala que la responsable desechó las pruebas 4 y 5 con el argumento de que al ser servidores públicos no estaban obligados a declarar; sin embargo, afirma que éstos tienen la obligación de deponer sobre la información; aunado a que su negativa es contraria a la Ley de Datos Personales de la Entidad. b) Refiere que requirió a la Directora General del Centro de Control de Confianza de la Ciudad de México a fin de que informara los resultados de la evaluación poligráfica realizada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis; ya que adujo que el reporte que obra en el expediente administrativo seguido en su contra cuenta con irregularidades; no obstante, aduce que, mediante oficio *** de *** de *** de dos mil ***, le fue negada esa información. c) Por lo anterior, ofreció las pruebas identificadas con los numerales 4 y 5, para efecto de que las personas que ahí describió dieran respuesta a sus cuestionamientos; pero que la responsable desechó con el argumento de que eran autoridades, lo cual arguye que es incorrecto, pues esas personas tienen el carácter de servidores públicos. d) Manifiesta que, en el acuerdo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable invocó un ordenamiento legal que se encuentra abrogado. Expuesto lo anterior, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues a la responsable se le concedió la libertad de jurisdicción para que se pronunciara con relación a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa; en el entendido de que las cuestiones que señala no fueron materia de la litis, por tanto, este juzgado de amparo se encuentra impedido para analizar las mismas, pues, como ya se indicó, la fundamentación y motivación de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, no pueden ser analizadas en el presente juicio, ya que resultan novedosas y no fueron materia de análisis de la sentencia de amparo. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rosalba Balderas Álvarez, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/3057/2019 de dos de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe ".
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, requiérase a las autoridades referidas. Se aperciben.
- Principal
...agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Leticia Dávila Galindo, parte quejosa en el presente juicio de amparo, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista dada en autos de veintiséis de junio de dos mil diecinueve. En atención a su contenido, se tiene por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de realizar el pronunciamiento respectivo en términos de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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