Leticia Dávalos Arana

Expediente 301/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
301/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Leticia Dávalos Arana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la cual se concedió el amparo a la quejosa ******************, a efecto de que la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra, en la que atienda los lineamientos de la presente sentencia, esto es, de contestación a todos y cada uno de los agravios que la parte quejosa expresó en el recurso de apelación y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." Dichos agravios que no se atendieron son los siguientes: "a) No se debió aprobar la liquidación de sentencia, porque en la sentencia definitiva, jamás quedó ordenado que dichos conceptos deberían de calcularse con el valor que tenía la UDI frente al peso al diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, es decir, por 6.286218, por lo que atendiendo al principio de cosa juzgada de la sentencia, ésta debe cumplirse al pie de la letra y el actor no fundamento de acuerdo a qué considerando o punto resolutivo de la sentencia definitiva realizó la conversión a esa fecha. b) En el escrito inicial de demanda se solicitó que la conversión de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios establecidos en unidades de inversión a pesos debía realizarse al momento del pago, tal y como lo ordena la ley respectiva, y no en la fecha que quisiera o dispusiera la parte actora lo que resulta incongruente con las constancias que integran el expediente, pues el Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión, en su artículo 2, establece que las obligaciones denominadas en unidades de inversión se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional al día en que se efectuó el pago, es decir, lo solicitado en el juicio de origen y la ley mencionada son claros y no dejan lugar a duda que las UDIS deben solventarse o pagarse cuando se ejecute el pago y no cuando lo establezca el actor. c) La palabra pago según lo establecido en el artículo 2062 del Código Civil para esta ciudad, es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido, sin embargo, no se ha entregado la cantidad debida al actor motivo por el que no es procedente su liquidación a la fecha que mencionó la parte actora. d) La sentencia definitiva no se puede modificar y en ésta se ordenó que la conversión de UDIS a pesos debía realizarse al momento de hacer el pago lo que tiene relación con el artículo 2 del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y las prestaciones que el actor reclamó en el escrito inicial." El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia por lo que se solicitó a las autoridades responsables a fin que dieran cumplimiento a la misma. Mediante oficio registrado con el número de correspondencia 17400, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que había dado cumplimiento a la sentencia, ya que remitió la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 82/2020, de la que se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, había dejado insubsistente la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 82/2020, con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días y en la que se determinó lo siguiente: "a) No se debió aprobar la liquidación de sentencia, porque en la sentencia definitiva, jamás quedó ordenado que dichos conceptos deberían de calcularse con el valor que tenía la UDI frente al peso al diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, es decir, por 6.286218, por lo que atendiendo al principio de cosa juzgada de la sentencia, ésta debe cumplirse al pie de la letra y el actor no fundamento de acuerdo a qué considerando o punto resolutivo de la sentencia definitiva realizó la conversión a esa fecha. La sala responsable consideró que le asistía razón a la apelante, pues en ninguno de los considerandos ni resolutivos de la sentencia definitiva se estableció que los conceptos por capital variable, intereses ordinarios y moratorios debían calcularse con el valor que tenía la unidad de inversión frente al peso al diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que no era acertado lo determinado por el juez de origen de actualizar en moneda nacional las cantidades condenadas en unidades de inversión al valor que determinó el Banco de México, para el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, pues no debía desestimarse la cosa juzgada con la que cuentan las sentencias firmes, de ahí que no era válido que la parte actora a través de la acción incidental pretendiera modificar una sentencia firme, con base en cuantificar las condenas al diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Con relación al agravio siguiente: b) En el escrito inicial de demanda se solicitó que la conversión de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios establecidos en unidades de inversión a pesos debía realizarse al momento del pago, tal y como lo ordena la ley respectiva, y no en la fecha que quisiera o dispusiera la parte actora lo que resulta incongruente con las constancias que integran el expediente, pues el Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión, en su artículo 2, establece que las obligaciones denominadas en unidades de inversión se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional al día en que se efectuó el pago, es decir, lo solicitado en el juicio de origen y la ley mencionada son claros y no dejan lugar a duda que las UDIS deben solventarse o pagarse cuando se ejecute el pago y no cuando lo establezca el actor. La sala responsable determinó que no era procedente que la parte actora cuantificara las unidades de inversión respecto a la sentencia definitiva al día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, porque el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto en donde se establecieron obligaciones denominadas en unidades de inversión, cuyo artículo segundo establece que dichas obligaciones se solventarían entregando su equivalente en moneda nacional al día en que se efectuara el pago y en el caso la parte demandada no había realizado el pago para que se determinara la actualización de unidades de inversión. Respecto al agravio siguiente: c) La palabra pago según lo establecido en el artículo 2062 del Código Civil para esta ciudad, es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido, sin embargo, no se ha entregado la cantidad debida al actor motivo por el que no es procedente su liquidación a la fecha que mencionó la parte actora. La sala responsable indicó que de las constancias que obran en autos no se advertía que la parte demandada hubiere efectuado el pago al actor respecto a lo condenado en la sentencia definitiva de tres de agosto de dos mil dieciocho, por lo que no era procedente realizar la cuantificación correspondiente con base en el valor de la unidad de inversión al diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Finalmente, con relación al agravio siguiente: d) La sentencia definitiva no se puede modificar y en ésta se ordenó que la conversión de UDIS a pesos debía realizarse al momento de hacer el pago lo que tiene relación con el artículo 2 del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y las prestaciones que el actor reclamó en el escrito inicial." La sala responsable consideró que con la acción incidental la parte actora no podía modificar una sentencia firme, pues del contenido del fallo no se había establecido esa circunstancia y la interlocutoria de liquidación no podía generar derechos diversos a los declarados en la sentencia firme, pues la cantidad líquida en unidades de inversión debe efectuarse al momento del pago lo que no ha acontecido. Con base en lo anterior, revocó la interlocutoria impugnada y determinó que improcedente el incidente de liquidación de sentencia e intereses ordinarios y moratorios. Por su parte, el juez responsable en oficio registrado con el número 16564, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se adhería al cumplimiento que diera la sala responsable. En atención a lo expuesto, se considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que la sala responsable revocó la interlocutoria de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, relativa al incidente de ejecución de sentencia y de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, para en su lugar, declarar improcedente dicho incidente. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que la sala responsable: ? Dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 82/2020. Además, el juez responsable en oficio registrado con el número 16564, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se adhería al cumplimiento que rindiera la sala responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Undécima Época, registro digital 2023104, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es depurable, ya que le fueron concedidas la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Séptimo, artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la depuración de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, tomando en consideración que no obran documentos originales exhibidos por las partes en el presente expediente notifíquese por medio de lista el presente proveído. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, en cumplimiento al auto de tres de septiembre de dos mil veinte, notifíquese la presente determinación a la parte quejosa, por medio de lista. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta presentado por la quejosa XXXXXXXXX; en atención a su contenido, se provee: Respecto a las personas que autoriza y domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en autos de siete de agosto de dos mil veinte y tres de septiembre de dos mil veinte. No obstante lo anterior, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX y XXXXXXXXX, por así haberlo solicitado la promovente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Amparo y como lo solicita el promovente, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere, previa toma de razón que por su recibo obre en autos y por conducto de las personas autorizadas para ello. A efecto de que se realice la gestión de las copias certificada solicitadas, dígase a la parte quejosa que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, en el micro sitio sobre "Agenda OJ" para agendar dos citas a fin de acudir a éste órgano jurisdiccional. La primera para gestionar las copias (bajar el expediente al fotocopiado). La segunda en fecha posterior para que se realice su entrega y dar oportunidad de certificar las copias. Lo anterior, deberá de realizar en los días y horarios disponibles, y obtener su código QR, a fin de tener acceso al inmueble y llevar a cabo dicho trámite; de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid - 19. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Como del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que en auto de quince de octubre del año en curso, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa; sin embargo, mediante auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se ordenó que las notificaciones ordenada a la parte quejosa se practicaran por medio de lista, por haber resultado impreciso el domicilio que proporcionó para oír y recibir notificaciones; en esas condiciones, a efecto de evitar diligencias innecesarias, en cumplimiento al acuerdo aludido, notifíquese el contenido del auto de quince de octubre pasado, así como el que se dicta, por medio de lista a la parte quejosa. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa. ***AUTO DE 15/10/2021.- "México, Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta proveniente de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual remite copia certificada de las constancias que acreditan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, con el contenido de la minuta de cuenta y anexo certificado que acompaña, así como con el oficio del juez responsable acordado en auto de cuatro de octubre de este año, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se imponga del contenido de las constancias citadas y anexos que se acompañaron. Lo anterior bajo el apercibimiento que de ser omisa, éste órgano jurisdiccional procederá a analizar de oficio el cumplimiento al fallo protector, con los elementos que obran en autos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XC/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en la página 358, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, con número de registro IUS 188635, del tenor literal: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta provenientes de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; al respecto, se provee: Con relación al oficio con registro 16510, téngase a la Sala oficiante informando que en vías de cumplimiento, dejó insubsistente la resolución constitutiva del acto reclamado. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se advierte que el término de cinco días concedido a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en auto de nueve de septiembre del año en curso, a efecto de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurre del treinta de septiembre al seis de octubre del año en curso; en esas condiciones, con relación a la prorroga que solicita la sala oficiante, como lo solicita, con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días, contados a partir de que se le notifique el presente proveído; lo anterior, a efecto de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Ahora bien, respecto a los oficios registrados con los números de orden 16509 y 16564, téngase a la Sala y Juez responsables, acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas, en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de nueve de septiembre del año en curso. Asimismo, se tiene al Juez oficiante informando que se adhiere al cumplimiento que en su momento rinda la Sala responsable. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese mediante oficio a la Sala responsable y por medio de lista a las partes, con excepción de la diversa autoridad responsable.

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