Leticia Coria Sandoval
Expediente 1101/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1101/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Leticia Coria Sandoval
Actuaciones
- Principal
Estado procesal y reanudación. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. No obstante, dado que mediante Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021 la Comisión Especial en sesiones de cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis y veintitrés de enero y seis de febrero del presente año, aprobó los puntos de acuerdo relativos a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", adoptando medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; con las modalidades y salvedades previstas en dicho acuerdo, destacando como precisiones, entre otras, las siguientes: Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; y, Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanuda el presente juicio de amparo. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, transcurrió del tres al nueve de los corrientes, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Leticia Coria Sandoval, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibieron, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que dice: Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Leticia Coria Sandoval, por su propio derecho; contra actos del Juez Cívico APB-01 dependiente de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del Gobierno de la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1101/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que en contra del acto reclamado procede el recurso de revisión que podrá ser tramitado ante la Consejería de Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, esto de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual en lo que interesa dice lo siguiente: Artículo 48. El procedimiento será oral y público y se sustanciará en una sola audiencia.- - - Los procedimientos que se realicen ante los juzgados, se iniciarán con la presentación de la persona probable infractora, por la persona policía, con la queja de particulares por la probable comisión de infracciones, por la remisión o a solicitud de otras autoridades que pongan en conocimiento a la Persona Juzgadora hechos presuntamente considerados infracciones a esta Ley y demás ordenamientos aplicables, en caso de ser competente, así lo acordará y continuará con el procedimiento.- - - Asimismo se conocerá de los procedimientos de hechos de tránsito causados por bache, para el reclamo del pago de daños ante la instancia correspondiente.- - - Las resoluciones administrativas que impongan alguna sanción por violaciones a la presente Ley, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, que se tramitará ante la Consejería, juicio de nulidad administrativa o juicio de amparo. Con el fin de analizar el motivo de improcedencia de la acción constitucional planteado, resulta pertinente transcribir los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son del texto siguiente: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: - - - .IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión. 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el gobernado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J.11599, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193142, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, además, señala como excepciones al principio de definitividad las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, la parte quejosa reclama medularmente la determinación efectuada el veintisiete de octubre del presente año en el Juzgado Cívico AOB-01, donde se celebró el Convenio de Conciliación imponiendo a la hoy quejosa el pago de la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100) por concepto de reparación del daño, por lo que se advierte que es un acto emitido por una autoridad dependiente del gobierno de la Ciudad de México, e indudable que es impugnable a través del juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de defensa a través del cual puede lograr su anulación, modificación o revocación. Dicho de otra manera, el acto administrativo combatido puede ser modificado, anulado o revocado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: Tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en dicho medio de defensa se prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado. Por otra parte, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 7/2017, estableció que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo, en virtud de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no prevé mayores requisitos para solicitar la suspensión del acto ni establece menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo. Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Ahora bien, por lo que hace a la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; en el presente caso no se actualiza dicha excepción, dado que de la determinación que constituye el acto reclamado, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, entre otras, de la Ley de Cultura Cívica que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Por último, es preciso destacar que la parte quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso la parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, ya que en sus conceptos de violación se advierte que también controvierte la legalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.. Asimismo, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando esta´ debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la sustanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variara´ aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues la aquí quejosa no agotó, previo a instar el presente juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio contencioso administrativo contemplado en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que no se acató al principio de definitividad rector del juicio constitucional, en relación con el acto administrativo que por esta vía reclama, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Atención al público. Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios a David Castro Hernández y Erika Georgina Valencia Granados, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Consulta de expediente electrónico. En atención a lo solicitado y, vistas las certificaciones que anteceden y en concordancia con los Acuerdos Generales 15/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con fundamento en los artículos 8° Constitucional y 3° de la Ley de Amparo, así como con apoyo en lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se le autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio de amparo por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario andreaxi10, corresponde al Erika Georgina Valencia Granados. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: i que las soliciten a la secretaria o la secretaria del Juzgado responsable de su expediente; ii que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, iii que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Leticia Coria Sandoval, por su propio derecho; contra actos del Juez Cívico APB-01 dependiente de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del Gobierno de la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1101/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que en contra del acto reclamado procede el recurso de revisión que podrá ser tramitado ante la Consejería de Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México o Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, esto de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual en lo que interesa dice lo siguiente: Artículo 48. El procedimiento será oral y público y se sustanciará en una sola audiencia.- - - Los procedimientos que se realicen ante los juzgados, se iniciarán con la presentación de la persona probable infractora, por la persona policía, con la queja de particulares por la probable comisión de infracciones, por la remisión o a solicitud de otras autoridades que pongan en conocimiento a la Persona Juzgadora hechos presuntamente considerados infracciones a esta Ley y demás ordenamientos aplicables, en caso de ser competente, así lo acordará y continuará con el procedimiento.- - - Asimismo se conocerá de los procedimientos de hechos de tránsito causados por bache, para el reclamo del pago de daños ante la instancia correspondiente.- - - Las resoluciones administrativas que impongan alguna sanción por violaciones a la presente Ley, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, que se tramitará ante la Consejería, juicio de nulidad administrativa o juicio de amparo. Con el fin de analizar el motivo de improcedencia de la acción constitucional planteado, resulta pertinente transcribir los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son del texto siguiente: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: - - - .IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión. 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el gobernado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J.11599, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193142, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, además, señala como excepciones al principio de definitividad las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, la parte quejosa reclama medularmente la determinación efectuada el veintisiete de octubre del presente año en el Juzgado Cívico AOB-01, donde se celebró el Convenio de Conciliación imponiendo a la hoy quejosa el pago de la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100) por concepto de reparación del daño, por lo que se advierte que es un acto emitido por una autoridad dependiente del gobierno de la Ciudad de México, e indudable que es impugnable a través del juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, medio de defensa a través del cual puede lograr su anulación, modificación o revocación. Dicho de otra manera, el acto administrativo combatido puede ser modificado, anulado o revocado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: Tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en dicho medio de defensa se prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado. Por otra parte, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 7/2017, estableció que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo, en virtud de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no prevé mayores requisitos para solicitar la suspensión del acto ni establece menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo. Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Ahora bien, por lo que hace a la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; en el presente caso no se actualiza dicha excepción, dado que de la determinación que constituye el acto reclamado, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, entre otras, de la Ley de Cultura Cívica que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Por último, es preciso destacar que la parte quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso la parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, ya que en sus conceptos de violación se advierte que también controvierte la legalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.. Asimismo, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando esta´ debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la sustanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión no desvirtuable que no variara´ aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco podría cambiar. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues la aquí quejosa no agotó, previo a instar el presente juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio contencioso administrativo contemplado en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que no se acató al principio de definitividad rector del juicio constitucional, en relación con el acto administrativo que por esta vía reclama, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Atención al público. Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios a David Castro Hernández y Erika Georgina Valencia Granados, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Consulta de expediente electrónico. En atención a lo solicitado y, vistas las certificaciones que anteceden y en concordancia con los Acuerdos Generales 15/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con fundamento en los artículos 8° Constitucional y 3° de la Ley de Amparo, así como con apoyo en lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se le autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio de amparo por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario andreaxi10, corresponde al Erika Georgina Valencia Granados. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: i que las soliciten a la secretaria o la secretaria del Juzgado responsable de su expediente; ii que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, iii que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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