Leticia Córdova Gamas
Expediente 543/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Leticia Córdova Gamas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración, se ordena devolver tomo de pruebas.
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Cúmplase con lo establecido en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Xalapa, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 543/2019, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el doce de junio de dos mil diecinueve, y turnado a este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, en esa propia fecha, LETICIA CÓRDOVA GAMAS, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 31 ADMITE La parte quejosa estimó transgredidos sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el acto reclamado que será precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito, a quien por razón del turno correspondió conocer de la aludida demanda, se admitió, mediante auto de trece de junio de esta anualidad, se ordenó formar el presente juicio de amparo, se mandó dar la intervención legal que le compete al Fiscal Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en su oportunidad al tenor del acta que antecede. Asimismo, por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo como tercero interesado a Francisco Martínez Sánchez (foja 52). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo, y Punto Cuarto, fracción VII, párrafo primero, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman determinaciones cuyos efectos jurídicos y materiales se surten dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo tanto a la integridad de la demanda, como a las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de amparo reclama de la autoridad Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del toca número 674/2019, del índice del Tribunal responsable, mediante la cual desechó por notoriamente improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada el trece de febrero del año en curso, en los autos del juicio especial hipotecario 1697/2013, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, donde se aprobó planilla de liquidación. Ahora, en virtud de que se ha precisado el acto que la quejosa reclama en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre la certeza de la existencia del mismo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por haberlo aceptado expresamente al rendir informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia trescientos cinco, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, Tomo VI, parte SCJN, Apéndice mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo anterior, se corrobora con las documentales remitidas por el Tribunal responsable al rendir su informe justificado, consistentes en copias certificadas del toca 674/2019, documentales públicas que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridades legalmente competentes para ello. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ahora, quien resuelve estima que en el caso no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al estudio de fondo. Sin que sea necesario exponer las consideraciones que se tuvo para llegar a tal determinación, pues no existe dispositivo legal que así lo disponga. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, junio de mil novecientos noventa y uno, página sesenta, materia común, octava época, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. En este asunto conviene reseñar algunos antecedentes del acto, que se desprenden de las constancias remitidas por la Sala responsable, las cuales fueron valoradas en el considerando tercero de este fallo, y de las que se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito de once de septiembre de dos mil trece, Leticia Córdova Gamas demandó en la vía Especial Hipotecaria al aquí tercero interesado Francisco Martínez Sánchez, las prestaciones siguientes: "a) El pago de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) como suerte principal, de un reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, que se funda en el Instrumento notarial número cuarenta y dos mil doscientos cincuenta, ante la fe del notario público número Dos, con residencia en ésta ciudad. b) El pago de los intereses legales, ya que no se pactaron intereses moratorios. c) El pago de gastos y costas." (Fojas 06 a 08 del tomo único de pruebas). 2. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil trece, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, dio curso a la demanda, radicándola bajo el número de expediente 1697/2013/VII, de su índice (fojas 09 y 10 del tomo único de pruebas). 3. Seguida la secuela procesal, el trece de mayo de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó al demandado al pago de la suma de $100,000.00 (cien mil pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de reconocimiento de adeudo, así como al pago de intereses legales a razón del nueve por ciento anual y los gastos y costas del juicio (fojas 49 a 51 del tomo único de pruebas). 4. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil quince, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, certificó que la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario 1697/2013/VII de su índice, quedó firme toda vez que no fue recurrida por las partes, y aperturó la sección de ejecución respectiva (foja 95 del tomo único de pruebas). 5. Por auto de doce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la abogada patrono de la parte actora Leticia Córdova Gamas, exhibiendo planilla de liquidación de intereses, por lo que el Juez dio vista por el términos de tres días a las partes a fin de manifestaran lo que a sus derechos conviniera (foja 188 del tomo único de pruebas). 6. Por resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, el Juez de primera instancia, aprueba la planilla de liquidación exhibida por la parte actora en el juicio natural por la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, comprendidos desde el mes de mayo de dos mil doce al mes de mayo de dos mil dieciocho (fojas 192 y 193 del tomo único de pruebas). 7. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la quejosa Leticia Córdova Gamas, exhibiendo planilla de liquidación por gastos y costas, por lo que el Juez de primera instancia dio vista por el términos de tres días a las partes a fin de manifestaran lo que a sus derechos conviniera (foja 233 del tomo único de pruebas). 8. Mediante resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de ésta ciudad, aprueba la planilla de liquidación exhibida por la parte actora en el juicio natural por la cantidad de $6,050.00 (seis mil cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de honorarios de abogado; $1,050.00 (mil cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de honorarios del perito Romeo Santos Madrigal; $491.00 (cuatrocientos noventa y un pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de gastos por la expedición de certificado de libertad de gravámenes; y determinó no aprobar la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de intereses moratorios (fojas 236 a 238 del tomo único de pruebas). 9. Por medio del escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa Leticia Córdova Gamas, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de trece de febrero del año en curso, dictada en el juicio especial hipotecario 1697/2013/VII (fojas 239 a 245 del tomo único de pruebas). 10. Por acuerdo de once de abril del año en curso, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, admite el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa Leticia Córdova Gamas, contra la resolución de trece de febrero del presente año, y señala fecha para audiencia respectiva (foja 246 del tomo único de pruebas). 11. Mediante resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Sala responsable determinó desechar por notoriamente improcedente el recurso interpuesto (fojas 274 a 276 del tomo único de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. DEBE NEGARSE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADOS, EN VIRTUD DE QUE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA NO TRANSGREDE DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA ACCIONANTE DE AMPARO. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, en lo medular, expuso los siguientes conceptos de violación: En su primer concepto de violación refiere la quejosa, que la Sala responsable se encontraba obligada a analizar oficiosamente todos y cada uno de sus conceptos de violación, sin que al efecto fueran analizados la totalidad de sus conceptos de violación. Además, señaló que se vulneran sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, pues tanto el Juez de origen como la Sala responsable permiten que el demandado, en algún momento comparezca al juicio y haga valer el derecho conferido por el Juez, y reclame la disminución de la deuda hasta en más de la mitad de la suerte principal y consecuentemente la reducción de intereses, infringiendo con ello un daño a su patrimonio. En su segundo y tercer conceptos de violación, en lo medular, aduce la quejosa que en relación a lo señalado por la Sala responsable relativo a que ".Juez de origen no le aprobó su planilla de liquidación...", ese no fue motivo del recurso de apelación, sino que el Juez en la resolución de haya señalado que ".de autos se desprenden pagos parciales hechos por la parte demandada, cantidades que sumadas dan como resultado más de la mitad de la suerte principal."; por lo que no es aplicable el artículo 361 del código adjetivo que invocó la Sala responsable. En el cuarto concepto de violación, aduce la impetrante que no se surten las hipótesis requeridas para declarar desierto el recurso de apelación intentado, esto es, que no se le admitan sus agravios y que exista solicitud de parte. De ahí que al cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, es que el recurso era procedente, y por lo tanto debían estudiarse sus agravios. En el quinto concepto de violación, señaló que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, en virtud de que sus argumentos no concuerdan con los fundamentos vertidos. Como se adelantó no le asiste razón a la parte quejosa, en atención a que contrario a lo alegado, la resolución reclamada no transgrede derechos fundamentales de la quejosa. Lo anterior, ya que si bien la Sala responsable no abundó en el motivo por el cual resolvió decretar la improcedencia hasta ese momento procesal, y no al momento de su interposición; lo cierto es que como se señaló en la resolución reclamada, el recurso intentado resultaba improcedente de inicio, de ahí la imposibilidad de la Sala responsable de entrar al estudio de los agravios planteados. Ahora bien, a fin de justificar lo expuesto, los conceptos de violación sintetizados serán analizados en orden diverso al propuesto. En primer término, es infundado el quinto concepto de violación hecho valer por la quejosa, relativo a que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Al respecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye el principio de legalidad consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Es decir, la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ya que es la única forma por la cual el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación y de poder combatirlas legalmente. Entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto se ajustó a las prevenciones de determinadas disposiciones legales. De esta manera, dicha obligación debe constatarse como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad; por tanto, los actos realizados por las autoridades no sólo deben contener los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para hacerlos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, Séptima Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." En el caso, de la resolución reclamada de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la Sala responsable determinó lo siguiente: "(.) Al estudiar acerca de la admisión del presente recurso de apelación se advierte, que la resolución impugnada es aquélla por la cual el A quo resuelve la planilla de liquidación de gastos y costas del juicio principal, formulada por Leticia Córdova Gamas, parte actora en el juicio principal, y ahora recurrente, por la cual el A quo no aprobó la cantidad ahí señalada, en concepto de intereses moratorios, como consta a foja doscientos treinta y ocho de las constancias que integran el testimonio de apelación; sin embargo, la ahora recurrente, en sus agravios manifiesta lo siguiente: (.) Asimismo, a fojas ciento noventa y dos y ciento noventa y tres del testimonio de apelación, consta la resolución invocada en líneas anteriores, dictada por el Juez natural, en fecha trece de julio del año dos mil dieciocho, misma que fue dictada con fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 el Código de Procedimientos Civiles en vigente el en Estado, que a la letra dice: (.) Consecuentemente a lo anterior, el recurso de apelación que motivó la formación del toca en que se actúa, es improcedente, en virtud de que la planilla de liquidación impugnada, no aprobó la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) señalada por la ahora recurrente en su escrito visible a fojas doscientos veintiséis a la doscientos veintinueve del testimonio apelatorio, en concepto de intereses moratorios, siendo ello el motivo de sus agravios vertidos en su recurso de apelación; por lo tanto, la resolución impugnada resulta no ser recurrible. Consecuentemente a lo anterior, con fundamento, en lo que disponen los artículos 52, 361 y 520 del Código en consulta, se DESECHA el recurso de apelación interpuesto, por ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE (.)" En lo medular, de lo resuelto por la responsable se aprecia que la apelación intentada no resultó procedente, en virtud de que la resolución que aprueba la de planilla de liquidación, no es recurrible en términos del artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y por tanto procedió su desechamiento. Ahora bien, como lo determinó la Sala responsable, el recurso de apelación intentado resultaba notoriamente improcedente de inicio, por tanto, al tratarse de una cuestión que debe analizarse de oficio y previo a su tramitación, es que no era legalmente posible estudiar los agravios hechos valer, como a continuación se expondrá. El artículo 52 del código civil adjetivo establece la obligación del tribunal de analizar de oficio la procedencia de los recursos, desechándolos de plano en caso de resultar improcedentes. A su vez, el numeral 520 del mismo ordenamiento, prevé que el tribunal de segunda instancia, de oficio y dentro del término de tres días, examinará la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el inferior. Lo anterior, pone de manifiesto que la procedencia del recurso de apelación es una cuestión previa a la admisión del recurso, y por ende, al estudio de fondo y su resolución. Por su parte, el artículo 361 del Código en cuestión, establece que cuando la sentencia no contiene cantidad líquida, se presentará liquidación la cual será aprobada por el juez, según su consideración, y que contra esta resolución no habrá recurso. Ahora bien, de la resolución reclamada, se advierte que la Sala, estableció que el acto apelado se trataba de la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, donde el juez de origen aprobó planilla de liquidación, y citó como fundamento de su decisión el precepto 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Asimismo, expuso que el recurso resultaba improcedente, en virtud de que el acto apelado se trataba de la planilla de liquidación, que no aprobó la cantidad de cuatro mil quinientos pesos por concepto de intereses moratorios, por lo que la resolución impugnada resulta no ser recurrible. Consideración que, a juicio de quien esto resuelve, es suficiente para decretar el desechamiento del recurso de apelación, pues la procedencia de los medios de impugnación debe analizarse de oficio y previo a su tramitación. Sin que obste a lo anterior, que en el caso, el juez de primera instancia dio trámite a la apelación, y que en segunda instancia, la Sala lo haya calificado de procedente y turnado para su resolución, pues independientemente de ello, el tribunal se encuentra obligado a verificar de nueva cuenta la procedencia de los medios de impugnación. Estimar lo contrario, implicaría resolver recursos legalmente improcedentes, y violentar el principio de seguridad jurídica de las partes en una contienda jurisdiccional. De ahí que, al encontrarse actualizada la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 361 multicitado, esto es, que contra la resolución que aprueba la planilla de liquidación no procede recurso alguno, es que fue correcta la determinación de la Sala de desechar el medio de impugnación de trato, aun encontrándose en etapa de resolución. Máxime que, a nada práctico conllevaría conceder el amparo para efecto de que la Sala abunde en los motivos por los cuales inicialmente fue admitido el recurso de apelación y desechado en sentencia, pues la improcedencia del mismo continuaría subsistiendo. Por otra parte, es infundado el primer concepto de violación, en la parte que refiere, que la Sala responsable omitió analizar todos y cada uno de los conceptos de violación, pues se encontraba en la obligación de hacerlo de oficio. Se dice lo anterior, en virtud de que si bien es cierto las resoluciones judiciales deben ser congruentes con lo solicitado por las partes, es decir, debe resolverse respecto de lo efectivamente planteado; en el caso, la resolución reclamada determinó la improcedencia del recurso de apelación intentado, en virtud de que el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, expresamente así lo prevé. De tal forma que, ante la improcedencia del medio de defensa intentado, es que la Sala responsable se encontraba imposibilitada para entrar al estudio de los agravios hechos valer. Esto es así, pues como se señaló en líneas que anteceden, previo al estudio de fondo de lo planteado, el tribunal tiene la obligación de analizar de oficio la procedencia de los recursos. En ese orden de ideas, también son infundados los conceptos de violación segundo y tercero, en los cuales en lo medular aduce la quejosa, que contrario a lo señalado por la Sala responsable, no promovió apelación en razón de que no le fue aprobada su planilla de liquidación en los términos que solicitó. Sino en virtud que el juez de origen señaló que ".de autos se desprenden pagos parciales hechos por la parte demandada, cantidades que sumadas dan como resultado más de la mitad de la suerte principal." por lo que no es aplicable el artículo 361 del código adjetivo que invocó la Sala responsable. Lo anterior, pues si bien refiere que lo que realmente le causa agravio es que el juez haya señalado que ya se le ha pagado más de la mitad del adeudo, tal consideración fue emitida en resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, que es donde se aprueba planilla de liquidación. Pues en el caso, no es procedente dividir la continencia de la causa, ya que tal pronunciamiento no puede desvincularse de la planilla de liquidación, de modo que no podría estudiarse de manera autónoma. Se dice lo anterior, pues el hecho de que la quejosa considere que solo la parte de resolución que aprueba la planilla de liquidación, que se señala de forma genérica que "se ha pagado más de la mitad de la deuda" le causa perjuicio, ello no hace un acto distinto o autónomo. Al respecto, el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece que son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. De ahí que para que proceda el recurso de apelación, el acto debe actualizar las hipótesis señalas en ley, ya que no puede dejarse al arbitrio de las partes, determinar qué resolución puede ser materia de apelación, bajo el argumento de que le podría provocar un daño a futuro. Máxime, que la declaración que refiere le causa perjuicio a sus intereses, no constituye una sentencia, ni se trata de una resolución que resuelva un incidente, ni se trata de un auto que cause daño irreparable en la sentencia, pues el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución. Asimismo, es infundado el cuarto concepto de violación relativo a que no se surten las hipótesis requeridas para declarar desierto el recurso de apelación. En primer lugar, porque tal figura jurídica no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico aplicable, esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz; en segundo, en razón de que la Sala responsable no tuvo por desierto el recurso de apelación, sino que lo declaró improcedente. Asimismo, tampoco le asiste la razón al referir que resulta equivocada la determinación de la Sala responsable, en virtud de que se cumplieron los requisitos establecidos por el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, pues el referido numeral únicamente establece lo que debe entenderse por agravios y su suplencia, no así las hipótesis de procedencia del recurso en cuestión. Pues el motivo de la improcedencia invocada por la Sala responsable radicó en que contra la resolución que aprueba la planilla de liquidación no procede el recurso de apelación, hipótesis que se encuentra prevista en el artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Finalmente, es infundado por inoperante el primer concepto de violación, en la parte que refiere que se vulneran sus derechos pues tanto el Juez como la Sala responsable permiten que el demandado, en algún momento comparezca al juicio y haga valer el derecho conferido por el Juez, y reclame la disminución de la deuda hasta en más de la mitad de la suerte principal y consecuentemente la reducción de intereses, infringiendo con ello un daño a su patrimonio. Ello en razón de que tales argumentos no atacan los fundamentos ni motivos en que se sustentó en la resolución reclamada de treinta de mayo de dos mil diecinueve, sino que se enderezan en contra de la resolución de primera instancia que resuelve lo relativo a la planilla de liquidación de gastos y costas. Es decir, tales argumentos no se encaminan a combatir la causa de improcedencia invocada por la Sala responsable, que es en lo medular la razón del fallo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 621, Tomo XII, julio de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA." En esas condiciones, por expuesto y fundado, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es NEGAR A LETICIA CÓRDOVA GAMAS, EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADAS. OCTAVO. En términos de los artículos 1 a 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la parte quejosa no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; en consecuencia, únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución, de conformidad con el artículo 113 de la ley antes citada. NOVENO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá de entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a LETICIA CÓRDOVA GAMAS, contra el acto reclamado a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Cúmplase con lo establecido en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando último de esta sentencia. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores este Juzgado, ante Ariana Escobar Fernández, Secretaria con quien actúa. Doy fe
- Principal
Autoridad remite copia certificada del exhorto 306/2019 número de orden 313/2019, del índice de este juzgado; al respecto, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto se dicte la sentencia de mérito.
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