Leticia Cidel Lopez

Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
191/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Leticia Cidel Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que a la fecha, la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Ampro en vigor, requiérase a la autoridad responsable Georgina Meade Ocaranza, Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, realice lo siguiente: **** Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor. Con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Ahora bien, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. En consecuencia, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirán teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, que le fue otorgada para efectos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a pesar de haber sido notificada. Estudio de cumplimiento Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, se procede con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En tal virtud, en la resolución dictada por este Juzgado terminada de engrosar el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la moral quejosa "Control Ambiental del Valle de México" Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: 1) Dejen insubsistentes las diligencias de citatorio y emplazamiento de treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, así como todo lo actuado con posterioridad y todas sus consecuencias, incluida la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente, a través de la cual se revocó la autorización ******************** para operar un centro de verificación vehicular. 2) Hecho lo anterior, ordene a quien corresponda, lleve a cabo el emplazamiento legal de********************, conforme a lo que prevé la legislación aplicable. Por tanto, la sentencia dictada en autos causó ejecutoria el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En atención al fallo protector, el Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, mediante oficio recibido el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, remitió lo siguiente: Acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente administrativo ********************, a través del cual ordena dejar sin efectos las diligencias de notificación de treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, así como sus consecuencias jurídicas. Asimismo, informó que el Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, mediante resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno determinó revocar la autorización ********************, a la persona moral denominada "Control Ambiental del Valle de México", Sociedad Anónima de Capital Variable y lo hizo del conocimiento de la autoridad oficiante, a través de oficio ********************de uno de marzo de dos mil veintiuno. De igual manera, el Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, mediante oficios recibidos el once de noviembre de dos mil veintidós y veintisiete de enero de dos mil veintitrés, remitió lo siguiente: Acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente ********************, incluyendo la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Constancia de emplazamiento de la moral denominada "********************". Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo De las constancias precisadas se dejó insubsistentes las diligencias de citatorio y emplazamiento de treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, así como todo lo actuado con posterioridad y todas sus consecuencias, incluida la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente, a través de la cual se revocó la autorización ******************** para operar un centro de verificación vehicular, además, se emplazó a la moral denominada********************, conforme a lo que prevé la legislación aplicable; por tanto, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que por una parte se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Incidente de suspensión Negativa de la medida cautelar definitiva Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción; ello, debido a que la medida suspensional le fue negada. En ese sentido, agréguese copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. De los documentos originales y devolución de constancias No obstante lo anterior, toda vez que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, a fin de acatar lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, del Acuerdo General en consulta, requiérase a la peticionaria de amparo, para que en cualquier día y hora hábiles, se presente debidamente identificado con credencial vigente, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, ubicadas en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, de esta ciudad, a fin de que se le haga la devolución de dichos documentos. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger los documentos originales exhibidos, los mismos podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Ahora bien, devuélvase a la Procuradora de Protección al Medio Ambiente, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa y Congreso, todos del Estado de Morelos las constancias que anexó en copia certificada a su informe justificado, -tres tomos, dos anexos, un anexo, respectivamente - sin que haya lugar a solicitar los acuses de recibo correspondiente, toda vez que no se trata de actuaciones originales. Notifíquese personalmente.

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